La compleja problemática de las centrales de compra de las grandes distribuidoras francesas

A lo largo de estas dos últimas semanas he estado intentado explicar a los alumnos de un máster, en el marco de un ciclo programado de conferencias, que versaba sobre el futuro del sector agrario en la Unión Europea, las principales razones que están generando las reiteradas y, en cierta forma, violentas muestras de descontento público de este sector en los últimos tiempos.

En este contexto se abordó, como no podía ser de otra manera, el tema de las huelgas del sector agrario de los agricultores y de los ganaderos en la Unión Europea (U.E. – 27). Hablamos de la, hasta el momento, última huelga en Francia, pero también de las huelgas que ha habido en otros Estados de la Unión como Alemania, Lituania, Polonia, Italia, Rumania, Grecia y de la que, con gran probabilidad, habrá en España.

Los alumnos matriculados en este máster proceden del mundo de empresas muy alejadas del “mundo” de la ganadería y de la agricultura. Por esta razón, no les resulta fácil entender cómo puede generarse en el seno de la Unión Europea tantas protestas en un sector, el agrario, que está recibiendo de los presupuestos de la U.E. – 27, para el periodo 2023 -2027, una partida de 270.000 millones de euros destinados a la PAC (Política Agraria Común); de este dinero más de 200.000 millones de euros están destinados a proporcionar ayudas directas al sector productor.

Pero lo que desconocían estos alumnos (al igual como lo desconoce, lamentablemente, la gran mayoría de la propia sociedad de la Unión, muy mayoritariamente cada día más urbanita y más alejada del medio rural productor) son las grandes dificultades con que se han de enfrentar día sí y día también, nuestros ganaderos (y, por supuesto, también nuestros agricultores), para conseguir rentabilizar adecuadamente su actividad profesional.

Les hablé de que, en la  actual Unión Europea (U.E. – 27), nuestras empresas están inmersas en un modelo económico más o menos perfecto de libre mercado; es decir, nuestras empresas, en este caso las agrarias, están condicionadas por un sistema económico en el cual las decisiones en lo que atañe a las inversiones, a las producciones y a la distribución, se guían por las señales que emiten los precios. Las mencionadas señales están generadas por las fuerzas que emanan de la oferta y de la demanda y, a partir de ellas, las empresas buscan su rentabilidad y su beneficio.

En este modelo económico la actividad estatal, tanto a nivel de cada Estado Miembro (EE.MM.) como de la Propia Unión Europea (U.E.), debería limitarse a proporcionar bienes y servicios públicos y a salvaguardar la propiedad privada. No obstante, si puede haber formas intervencionistas cuando los gobiernos de los EE.MM. crean que deben asumir un papel activo en la corrección de defectos del mercado y en la promoción del bienestar social.

Pero en la U.E., en el caso concreto de nuestra producción agraria (y muy especialmente la pecuaria), el modelo de libre mercado está significativamente distorsionado. En efecto, ésta está muy condicionada por el denominado “Modelo de la Unión Europea de Producción Animal”. El mismo, que afecta directamente al devenir de la empresa ganadera, solo es de aplicación obligatoria en el seno de la U.E. – 27, no pudiéndose exigir a los Países Terceros su completo cumplimiento. La aplicación del mencionado modelo supone unos sobre costes en la producción y en la comercialización, según sectores, de entre un 25 y un 60 por 100  respecto del coste en los de Países Terceros competidores.

La aplicación de este modelo en la U.E., tiene como objetivo prioritario garantizar la seguridad alimentaria (en términos de abastecimiento y de higiene alimentaria), la calidad de los productos, la protección del medio ambiente y el respeto a los animales como seres sintientes.

Naturalmente esta situación genera tensiones dentro de la propia Unión Europea y es en este contexto donde hay que situar, como expliqué oportunamente, el ataque del Presidente de la República francesa, don Emmanuel Macron, a las centrales de compra de los grandes grupos de distribución, en este caso franceses, que se han implantado en Estados miembros vecinos, por ejemplo en España, en Bélgica o en Rumania,, para sortear la legislación francesa, la Ley Egalim, que es el equivalente a la Ley de la Cadena Alimentaria española.

La diferencia está en que en Francia, en general, se cumple la mencionada ley y en España, como tantas veces lo he expuesto, NO.

Con esta deslocalización de las centrales de compra, que denuncia, con razón, el señor Macron, pueden llegar a Francia, por ejemplo, algunos productos agrarios generados en España a precios más bajos que los que rigen al norte de la Pirineos, alterando sus mercados y cercenando, como consecuencia de ello, la rentabilidad de las empresas pecuarias francesas, al igual como les sucede, lamentablemente, a las empresas agrarias españolas.

Luego esta falta de una adecuada rentabilidad, unida a la creciente complejidad burocrática a la que han de hacer las empresas, constituyen el núcleo del descontento y la razón principal, que no única del creciente descontento del sector agrario de la Unión (también están, por ejemplo,  los acuerdos de libre comercio con Nueva Zelanda o Chile; las importaciones ucranianas sin aranceles o la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con el Mercosur).

Este descontento, que, insistí, cada vez es mayor, desemboca finalmente en las huelgas citadas al principio de esta nota y el mismo, si no se implementan adecuadas medidas correctoras a la actual situación, apunta, de momento, a una “primavera caliente” y, por supuesto, independiente del cambio climático.

Carlos Buxadé Carbó.
Catedrático de Producción Animal.
Profesor Emérito