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El Gobierno del señor Pedro Sánchez y el año 2050

El programa presentado, pura elucubración, no cabe duda que está fundamentado en los postulados del señor Bill Gates y en los principios establecidos por la Agenda de Davos y su Great Reset (Gran Reseteo) creado por el presidente del Foro Económico Mundial, el señor Klaus Schwab.

El documento de 700 páginas es una biblia de objetivos a largo plazo que pasan por aumentar el gasto público, subir los impuestos y crear nuevos eco-tributos bajo el pretexto de cuidar la salud de los humanos. Entre las decenas de medidas presentadas como «resilientes y sostenibles», se encuentra la de reducir el consumo de carne de aquí al año 2050.

El Plan 2050 para España nos intenta hacer ver que no comer carne es una idea genial por el bien de tu cuerpo: «Esta reducción de ciertos consumos no provocará un empeoramiento de las condiciones de vida ni del bienestar de la ciudadanía. De hecho, probablemente ayudará a mejorarlas. Numerosos estudios señalan que el consumo de carne de la población española es entre dos y cinco veces superior al recomendable, que el 55% cambia de móvil cuando el anterior que tenía aún seguía funcionando, y que el consumo de energía es muy superior al necesario», refleja uno de los apartados del informe de los denominados “expertos”.

En definitiva comer carne no natural no será una opción más, sino una imposición que viene desde Bruselas. La regulación del mercado de la carne traerá consecuencias nefastas; así, un buen solomillo, por ejemplo, subirá exponencialmente de precio y será un manjar solo permitido para las élites de Davos y las clases más pudientes.

Es cierto que el mencionado plan va en consonancia con las «nuevas medidas alimentarias ecológicas y sostenibles» que va aprobando la Comisión Europea (CE). Cabe recordar que recientemente, la Comisión Europea, como ya se expuso oportunamente en nuestra ÁGORA TRIBUNA reconoció el pasado 5 de mayo como nuevo alimento a los gusanos amarillos secos y autorizó su comercialización en la Unión Europea. Cómo quedo expuesto: los mencionados gusanos suponen una importante fuente en proteínas y servirá para «apoyar la transición hacia un sistema alimentario más sostenible».

Cabe espera que de aquí al año 2050, dado que hay mucho tiempo por delante, se reflexionará de forma adecuada y se tomaran las medidas adecuadas en función de las circunstancias del estado de los conocimientos.

Bruselas, proyecto de contaminación cero para 2050

En un comunicado, emitido recientemente, se ha expuesto la hoja de ruta del Ejecutivo comunitario recoge una «visión integrada» para que en el año 2050 «la contaminación se haya reducido hasta niveles que dejen de ser perjudiciales para la salud humana y los ecosistemas naturales». También expone cuáles deben ser «los pasos necesarios para conseguirlo».

De acuerdo con los datos que se manejan en Bruselas, en la Unión Europea se producen cada año 400.000 muertes ligadas a la contaminación ambiental (entre ellas las causadas por el cáncer) así como 48.000 fallecimientos de enfermedad cardíaca isquémica. Además, se registran 6,5 millones de casos de alteraciones del sueño crónicas provocadas por la contaminación acústica.

Además, la Comisión Europea ha subrayado que los efectos más perjudiciales de la contaminación «suelen registrarse en los grupos más vulnerables», en especial los menores de edad, las personas con problemas médicos, la población mayor y las personas con discapacidad.

«Si lo que queremos es proporcionar al planeta y a sus habitantes un entorno libre de sustancias tóxicas, tenemos que actuar ya», ha enfatizado el vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde Europeo, el señor Frans Timmermas. «Los esfuerzos de Europa para reconstruir una economía más limpia, justa y sostenible también deben contribuir a conseguir el objetivo de contaminación cero», ha añadido el político holandés.

En este contexto Bruselas plantea una serie de objetivos intermedios para el año  2030 como son el mejorar la calidad del aire para reducir en un 55 por 100, reducir el número de muertes prematuras causadas por la contaminación del aire y mejorar la calidad del agua reduciendo en un 50 por 100 los residuos y los desechos plásticos que se vierten al mar y en un 30 por 100 los microplásticos liberados en el medio ambiente.

Con respecto a la calidad del suelo, la estrategia del Ejecutivo comunitario pasa por reducir las pérdidas de nutrientes y el uso de plaguicidas químicos en un 50 por 100 al final de esta década.

Para conseguirlo, la estrategia anticipa una serie de medidas e iniciativas que se irán concretando en el futuro, como ajustar las normas europeas de calidad del aire a las últimas recomendaciones de la OMS o revisar las reglas sobre calidad del agua, incluidas las normativas sobre ríos y mares de la UE.

Bruselas también prevé modificar «prácticamente toda la legislación» europea en materia de residuos para adaptarla a los principios de economía limpia y circular, fomentar una «contaminación cero» procedente de la producción y el consumo.

La Comisión Europea también diseñará un cuadro de indicadores del rendimiento ecológico de las regiones del bloque y dictará normas para restringir la exportación de productos y residuos que provoquen efectos nocivos para «reducir la huella de contaminación exterior de la Unión Europea (U.E. – 27)».

Según el señor Virginijus Sinkecivius, Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca «gracias al plan de acción hacia una contaminación cero, crearemos un entorno de vida saludable para los europeos, contribuiremos a una recuperación resiliente e impulsaremos la transición hacia una economía limpia, circular y climáticamente neutra».

La Unión Europea y la nueva ley de Sanidad Animal

Esta nueva reglamentación (adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo en marzo del año 2016), se publicó hace ahora 5 años, concretamente el día 31 de marzo del año 2016, y ya es de aplicación obligatoria en toda la Unión Europea (U.E. – 27),  a partir del pasado día 21 de abril.

La misma adopta el principio de “una sola salud” (concepto conocido como One Health), desgranando las responsabilidades de los ganaderos, veterinarios y otras personas que se ocupan de los animales y vinculando, por primera vez, el bienestar de los animales con su salud y con la sanidad pública.

Codifica 40 textos legales y responde, en gran medida, a las nuevas necesidades que presenta en este capítulo la actual producción pecuaria en la U.E. – 27 en su marco social, permitiendo una mayor utilización de las nuevas tecnologías aplicadas las actividades relacionadas con las salud animal.

Pero, probablemente, lo más importante de la misma sea que crea un sistema común destinado a detectar y a controlar de forma temprana las enfermedades animales, incluyendo aquellas que sus susceptibles de ser transmitidas a los humanos, combatiendo paralelamente los riesgos de seguridad, en primer lugar, para nuestra salud.

En realidad esta nueva legislación lo que fundamentalmente aporta es una consolidación real, en un ámbito único, de una serie de disposiciones ya existentes en la U.E., pero que carecían de un marco único que, en una entidad geografía que no política con bases tan diversas como es el caso de la Unión Europea de los 27, resulta fundamental a efectos prácticos.

En lo que se refiere a las enfermedades animales establece básicamente 4 categorías, a saber:

  • La categoría A la misma implica a las enfermedades más graves, que deben ser controladas de inmediato en el caso de la parición de un brote; aquí se incluyen la Peste Porcina Africana (PPA), la Peste Porcina Clásica (PPC) y la Fiebre Aftosa.
  • La categoría B incluye aquellas enfermedades que se deben erradicar necesariamente como son los casos de la tuberculosis, la brucelosis y la rabia.
  • La categoría C, comprende las enfermedades de erradicación opcional como son: la lengua azul o la enfermedad de Aujeszky.
  • Las categoría D y E se refieren a las enfermedades menos graves.

En esta nueva Ley de Sanidad Animal también cobra, sin duda, una especial relevancia el significativo reforzamiento de la prevención a través de una serie de medidas. Medidas tales como las referidas a la bioseguridad y a la vigilancia de los procesos y programas vacunales, de las enfermedades emergentes y de la resistencia anti – microbiana. En este último aspecto hace un énfasis especial en la necesidad de hacer un uso responsable de los antibióticos. En este contexto la Comisión será la responsable de vigilar y controlar, en todos los Estados de la Unión Europea, el uso de los antimicrobianos y  también de publicar datos detallados y comparables de su utilización en todos ellos.

En este sentido también cabe destacar, por ejemplo, el establecimiento de normas específicas en lo que se refiere a las vacunaciones y a las medidas de control en caso de sospechas o brotes confirmados de una enfermedad; la exigencia, que implica a todos los Estados Miembros (EE.MM.), de establecer planes de contingencia con el fin de hacer frente a determinadas enfermedades  o los procedimientos que se deben seguir, en caso de urgencia, estos EE.MM., para que realmente se pueda garantizar una rápida y coherente respuesta global que implique a toda la Unión.

Finalmente algo muy importante: también establece las normas y los requisitos para los países no pertenecientes a la Unión Europea (Países Terceros) en lo que se refiere a las importaciones y a las exportaciones de animales.

En definitiva, la nueva ley constituye un significativo paso adelante destinado a beneficiarnos a todos.

Carlos Buxadé Carbó.

Catedrático de Producción Animal.
Profesor Emérito.
Universidad Politécnica de Madrid

 

 

 

LA FECIC y el uso de denominaciones cárnicas

La Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC) informó, en una reunión telemática en la que asistieron 70 empresas, de la situación actual, tanto a nivel nacional como de la Unión Europea, del uso de las denominaciones cárnicas en productos que no contienen carne.

En este sentido, se puso de manifiesto la preocupación de las empresas ante la no aprobación, por parte de la Unión Europea, de la enmienda 165 que limitaba el uso de las denominaciones cárnicas en productos que no contienen carne, ya que, según la FECIC “deja abierto el panorama legislativo europeo sobre esta cuestión”.

Por el contrario, se recordó y puso en evidencia, que la existencia en España del Real Decreto 474/2014 sobre la norma de calidad de los derivados cárnicos, sí limita la utilización de las denominaciones cárnicas en productos que no contienen carne y acota el uso para las empresas españolas, pero no limita ni regula que el resto de los Estados miembros puedan vender dentro de la Unión Europea sus productos con denominaciones cárnicas en productos que no contienen carne.

Esta realidad, según FECIC, “podría generar un agravio comparativo de las empresas españolas con respecto a las del resto de la UE, con la pérdida de una oportunidad de negocio en beneficio de otras compañías no españolas”.  

Unión de Uniones y su valoración de las cuentas de la PAC

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras revisar el recién publicado Real Decreto 41/2021 por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en los años 2021 y 2022 de la PAC, ha comprobado que las cuentas de la PAC no cuadran. En este contexto lamenta la reducción de los límites máximos establecidos para las ayudas directas de esta política comunitaria para el periodo transitorio previo hasta la nueva PAC, que entrará en vigor en 2023. De hecho, prevé que habrá una reducción del 2 por 100 del montante de ayudas directas de la PAC para 2021 y 2022 y que el nuevo Real Decreto reduce los límites presupuestarios de todas las ayudas directas, incluidas el Régimen de Pago Básico, el pago verde y las ayudas asociadas.

Unión de Uniones resalta que, de acuerdo con lo publicado, todos los límites de las ayudas directas en el marco de FEAGA (régimen de pago básico, pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, pago suplemento para los jóvenes agricultores, ayuda asociada voluntaria y pago específico para el algodón) suman un total de 4.961,9 millones de euros en 2021 y 4.957,9 millones de euros en 2022, frente a los 5.057,4 millones de 2019 y 2020. Esto implica una reducción para el presente año del 1,90 por 100 y del 1,96 por 100 para el siguiente. En el caso del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE), el límite máximo también se reduce en un 3,89 por 100 para el año 2021.

La organización explica que el recién publicado Real Decreto articula las disposiciones nacionales del Reglamento Europeo 2020/2220 publicado el 23 de diciembre, que incluyen las actualizaciones de los reglamentos de la PAC a nivel europeo, asignando ya montantes sobre la base de los acuerdos de la futura, siguiendo para el período transitorio el principio de «mismas reglas con presupuestos nuevos».

Estas cifras, en la que se ve que las cuentas de la PAC no cuadran, contrastan con diferentes declaraciones emitidas desde el Ministerio de Agricultura que han venido defendiendo que para España se mantendrían los mismos fondos para la PAC reformada en términos corrientes e incluso anunciaban un ligero incremento.

Respecto a los límites presupuestarios, Unión de Uniones indica que sus reducciones no necesariamente implicarían una disminución del importe de las ayudas individuales a los agricultores y ganaderos estatales y señala que dicho importe dependerá tanto de la situación de partida de estas ayudas en cada una de las explotaciones, así como de la aplicación del mecanismo de convergencia que contempla el Real Decreto.

El Gobierno aprueba el real decreto que dará continuidad a las ayudas de la PAC en 2021 y 2022

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en 2021 y 2022 de los decretos que rigen la gestión de la Política Agraria Común (PAC) en España. Esta norma, que adapta el reglamento europeo de transición aprobado en diciembre, permitirá continuar con la aplicación de la PAC durante el bienio citado, hasta la aprobación definitiva en el ámbito comunitario de la nueva reforma de esta política y el plan estratégico nacional de la PAC, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023.

Según informó el Gobierno, este real decreto permite, durante este periodo de transición, dar continuidad con total seguridad jurídica al pago de las ayudas directas que perciben agricultores y ganaderos, así como al de las medidas de los programas de desarrollo rural. Se realizan las adaptaciones necesarias para garantizar una transición fluida y gradual entre un periodo y otro. En el régimen del pago básico, que se abona en base a un sistema de derechos agrupados en 50 regiones diferentes, se continúa con la convergencia paulatina del valor de todos los derechos de cada región hacia su valor medio regional.

El objetivo es, apuntó el Ministerio de Agricultura, que dos agricultores que realizan una actividad igual en la misma región reciban la misma cuantía de pago básico, que es la principal ayuda a la renta de los productores. Este mecanismo de convergencia se basa en lo recomendado en el reglamento transitorio y es continuación de la convergencia que se inició en 2015 y que el ministerio ha propuesto que concluya en el periodo 2023-2027, respondiendo así a las necesidades detectadas en los análisis realizados en los dos últimos años en relación a este régimen de ayuda.

La Comisión Europea ha recomendado a España, en su reciente comunicación del pasado 18 de diciembre, la necesidad de avanzar en esa convergencia para que exista una distribución más equitativa de las ayudas, como indica el considerando 33 del reglamento transitorio, y no exista discriminación, en base a referencias históricas establecidas hace más de 15 años.

Como en campañas anteriores los agricultores podrán conocer el valor de sus derechos de pago básico para la campaña 2021 a través de la consulta pública creada a tal efecto en la web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

En este real decreto también se introducen cambios derivados de la experiencia adquirida en la gestión de las ayudas para aclarar procedimientos y conceptos, de forma que se logre una mayor eficacia en la gestión y el control de estas ayudas. Se han flexibilizado las ayudas asociadas a la ganadería para facilitar el acceso a jóvenes ganaderos, también a aquellos que comienzan la actividad y presentan la solicitud única por primera vez. Respecto a la condicionalidad, y respondiendo a la ambición ambiental que desde hace años forma parte de la PAC, se ha incluido un nuevo requisito que penaliza la recolección mecánica nocturna en plantaciones intensivas de cultivos permanentes en seto de porte alto, denso follaje y en los que se produzca la anidación o pernoctación de aves, con objeto de proteger a las aves durante la época de cría y reproducción.

Este lunes se abre el plazo para presentar la solicitud única de ayuda. En ella se podrán incluir las mismas ayudas directas que en la campaña previa (régimen de pago básico, pago verde, pago complementario a los jóvenes agricultores, régimen de pequeños agricultores y ayudas acopladas a la producción agrícola y ganadera), así como las ayudas de las medidas de desarrollo rural de las comunidades autónomas que se pagan por superficie o por cabeza de ganado. Este plazo estará abierto hasta el próximo 30 de abril.

 

El club de pesimistas

 

 

Mi último artículo, concretamente el de la semana pasada, lo reconozco, rezumaba pesimismo a raudales. Así me lo comentó mi amigo Eduardo y no tuve más remedio que darle la razón aunque, quizás como justificación no solicitada, le respondí que era lo que tenía convivir y trabajar con y por  los baserritarras, esos productores de alimentos y modeladores del paisaje que hace unos cuantos años, una empleada del Ayuntamiento de Azpeitia, identificaba como “los de las manos con los dedos gordos”.

Otro amigo, hablando de pesimistas, me llegó a sugerir luchar por la presidencia del Club de Pesimistas y para ir rearmando mi corpus teórico, me sugirió la lectura del blog “La nuestra Tierra” que con un bello estilo literario, al menos a mí me lo parece, aborda diferentes temáticas agrarias y rurales, eso sí, con un pesimismo que deja el mío al nivel del optimismo moderado. Indagando en el mismo, he disfrutado con una entrada titulada “la inexorable muerte de los pueblos” donde se plantea, de forma acertada a mi parecer, el creciente debilitamiento de la sociedad civil rural, la flaqueza de los mecanismos solidarios inherentes a la sociedad rural y la dejadez de funciones, hasta ahora realizadas por los vecinos, en manos de la todopoderosa y omnipresente administración.

Ahora que tenemos medio país (osea, Madrid y alrededores) bajo la nieve, en dicha entrada se alude a la limpieza de la nieve en caminos, accesos y/o calles por parte de los vecinos pero creo que este preocupante traspaso de funciones y tareas a la Administración alcanza esferas de la vida hasta ahora impensables como los festejos donde, por ejemplo, son los propios empleados del ayuntamiento quiénes se encargan de aprovisionarse de maderas y demás material fungible, montar y vallar la hoguera de San Juan y además, esa tarde-noche (con el consiguiente sobrecoste por salirse del horario funcionarial), son los encargados de vigilar la seguridad del evento y garantizar que los niños salten adecuadamente no vaya a ser que, alguna familia, reclame indemnización alguna al consistorio.

Pues bien, a lo que iba, en este gélido contexto, el FEGA, organismo del Ministerio de Agricultura, ha publicado el informe de ayudas directas y desarrollo rural correspondiente al año 2019, un análisis de la edad y sexo de los perceptores que merece leer con atención para conocer los detalles de la distribución de las ayudas PAC en nuestra tierra.

Comienza detallando que en el Estado español en 2019 hay 611.642 perceptores de ayudas (frente a los 800.000 del 2016), de los que el 91,85% son personas físicas y el 8,14% restante son personas jurídicas (Sociedades civiles, comunidades de bienes, cooperativas, etc.) mientras que si nos fijamos en lo relativo a los importes comprobamos cómo las personas físicas perciben el 62,57% de las ayudas y las personas jurídicas, el 37,43% restante. Por otra parte, la distribución de las ayudas directas por sexo nos muestra que el 62,84% de los perceptores son hombres y el 37,15% mujeres

Más llamativo, además de preocupante (como verá, el pesimismo me brota por los poros de mi piel), es la distribución de ayudas si nos fijamos en la edad de los perceptores donde los mayores de 65 años suponen el 38% de los perceptores y perciben el 26,41% de los importes, los que tienen entre 40 y 65 años suponen el 53,07% y perciben el 59% de los importes, los que están entre 25 y 40 años el 8,24% y perciben el 13,22% de los importes, y, atención al dato, los menores de 25 años suponen el triste 0,69% de los beneficiarios con un 1,37% de los importes.

El paupérrimo 0,69 es la media del Estado por lo que puede imaginarse que mientras hay comunidades autónomas que superan dicha cifra, Cantabria y La Rioja con un 1,72% son las dos más altas, las hay que rayan el cero patatero como la Comunidad Valenciana con un 0,26% mientras Euskadi, cuenta con un 0,55%, por debajo de la media, no nos ofrece  datos para el optimismo.

Cuando se analiza la evolución demográfica y la baja natalidad se expone una pirámide inversa que te deja el alma helada pero, visto lo visto, si nos fijamos en los datos relativos a la edad de los perceptores, sin olvidar que estos datos se refieren a los perceptores y que por ello no reflejan exactamente la realidad del sector puesto que siempre hay gente que no percibe ayudas directas, la pirámide pierde sentido y deberíamos hablar más del trapecio que de pirámide dado que la parte inferior, la más joven, es casi inexistente.

Ahora bien, como dice el refrán, el que no se consuela es porque no quiere, y así, teniendo en cuenta que en el argot de la política agraria europea, los llamados jóvenes agricultores alcanzan hasta los 40 años, bien podríamos afirmar que los jóvenes suponen el 8,93% de los perceptores. En un ramalazo de pesimismo que me ataca sorpresivamente caigo en la cuenta que ese irrisorio 9% refleja el porcentaje de los que ya han alcanzado, aproximadamente, y perdón que uno es de letras, el 60% de su vida laboral.

Aun así, ahora que mi lado pesimista no se entera, a pesar de todos los pesares, quisiera ser optimista puesto que creo que las grandes tendencias de fondo (crecimiento exponencial de la población, los valores cambiantes de la sociedad europea, la mayor preocupación por la salud individual, la identificación de la alimentación como fuente de salud, la concienciación por el cambio climático y con ello, mayor aprecio por el producto local, etc.) nos son favorables en lo que a futuro se refiere.

Ahora que lo pienso, creo que voy a rechazar la propuesta de presidir el Club de Pesimistas y para demostrar que no soy un pesimista recalcitrante, incluso, voy a ponerme a leer un magnífico informe de  la Comisión Europea titulado “Farmers of the future” que, según mi inglés macarrónico, vendría a ser, los agricultores del futuro.

Xabier Iraola Agirrezabala
Editor en Kanpolibrean
Blog sobre la granja y el mundo alimentario

Reglamento Transitorio para garantizar los pagos de la PAC en 2021 y 2022

El mencionado Reglamento, que quedó aprobado, tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), garantiza y asegura un marco estable al permitir la continuidad de estos apoyos durante los próximos dos años conforme a las mismas reglas del periodo 2014-2020, hasta la entrada en vigor de la nueva Política Agraria Común (PAC) el próximo 1 de enero de 2023, con la aplicación de los planes estratégicos nacionales.

El reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre de 2020, recoge las medidas transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y que estarán en vigor los próximos dos años. De esta forma, se garantiza que los agricultores y ganaderos españoles podrán recibir, en cada uno de estos años, unos 7.200 millones de euros.

Con la publicación de este reglamento, se posibilita finalizar la tramitación del real decreto que regulará las ayudas directas en España en 2021 y 2022. La norma nacional se publicará en la segunda quincena de enero y permitirá iniciar la campaña de solicitud de ayudas de la PAC 2021 con normalidad, el 1 de febrero de 2021.

Los agricultores y ganaderos españoles podrán presentar, hasta el 30 de abril, la solicitud única de las ayudas directas y de las medidas por superficies y animales de los programas de desarrollo rural de la PAC.

En el caso del fondo FEADER, la aprobación del reglamento de transición asegura el apoyo de las ayudas al desarrollo rural hasta el 31 de diciembre de 2022, e incorpora las normas de aplicación de los fondos FEADER ‘Next Generation’, correspondientes al Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (UE) para hacer frente a la pandemia de la COVID-19.

En lo que se refiere a las ayudas de desarrollo rural, el reglamento de transición asegura en 2021 y 2022 la continuidad de los actuales planes de desarrollo rural 2014-2020 y permitirá diseñar medidas que contribuyan a paliar los efectos de la crisis de la COVID-19, así como a contribuir al objetivo de lograr una mayor ambición ambiental en la PAC.

El Brexit y la pesca

Siempre he defendido la idea de que la pesca era, junto con los temas de Irlanda (que sigue en la Unión Europea), la gobernanza y la competencia justa, una de las “patatas más calientes” que generaba escollos en la negociación del llamado popularmente BREXIT; y, efectivamente, ha sido uno de los puntos más complicados a la hora de cerrar el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea resultante (U.E. – 27) y el Reino Unido (no  se olvide aquí que, desde siempre, Gran Bretaña ha querido ser la dueña y señora de sus aguas territoriales; precisamente ésta fue una de las razones por las que la salida británica salió victoriosa en el referéndum del año 2016).

Como se lo explicaba ayer a mis alumnos, las dos partes implicadas, como entiendo no podía ser de otra manera, han ejercido su derecho de “Estado Costero” con el objetivo fundamental, bajo su tutela, de conservar, explotar y administrar los recursos marinos de sus aguas.

El acuerdo se ha saldado finalmente con lo que, en mi opinión no deja de ser un “parche” en forma de un periodo transitorio relativamente corto, que va desde el 1 de enero del presente 2021 hasta el 30 de junio del 2026. 

Durante el mismo, tanto la Unión Europea como el Reino Unido, otorgarán a los pesqueros de la otra parte, en primer lugar, un acceso total para pescar en las aguas comprendidas entre las 12 y las 200 millas náuticas y, en segundo lugar, un acceso parcial en las aguas comprendidas entre las 6 y las 12 millas marinas y, en tercer lugar, quedarán oportunamente establecidas las condiciones para las aguas denominadas “dependientes o de las dependencias de la Corona del Reino Unido”.

Para que la pesca pueda realizarse sin problemas por ambas partes, desde este primer mes post – acuerdo, la U.E. y el Reino Unido están en contacto ininterrumpido para poder garantizar con rapidez las licencias iniciales, provisionales, a los pesqueros de las dos partes que las soliciten. 

Como es lógico, los pesqueros solicitantes recibirán las correspondientes licencias de acuerdo con las leyes que rigen en las dos partes implicadas. En el caso del Reino Unido, esto significa inicialmente una licencia temporal a la espera de la definitiva, que será válida para todo el año 2021 y que estará sujeta a los requisitos administrativos de licencia que en él rigen. Obviamente, hasta que no se tenga la licencia los pesqueros de una parte no podrán pescar en las aguas de la otra y, por supuesto, los pesqueros autorizados a faenar en las aguas de la otra parte deberán respetar sus normas (bien es verdad que el Reino Unido en su Ley de Pesca, que ha aprobado recientemente, ha incorporado muchos de los fundamentos de la Política Pesquera Común lo que hace todo relativamente más sencillo).

Para nuestros pesqueros es importante tener en cuenta que, de momento, la concesión de licencias (inicialmente, como ya he indicado, temporales) se va a limitar a la zona exclusiva perteneciente al Reino Unido (la denominada Zona Económica Exclusiva del Reino Unido) que comprende de las 12 a las 200 millas marinas.  

Para la zona de las 6 a las 12 millas el Reino Unido y la Unión Europea están estudiando las condiciones para emitir estas licencias, pero se han comprometido a establecerlas rápidamente y comunicarlo inmediatamente a los Estados Miembros de la Unión. 

De momento tampoco se van a emitir licencias para pescar en las aguas dependientes o de las dependencias de la Corona. La Unión Europea (los servicios correspondientes de la Comisión) ya ha presentado las listas con las referencias de los pesqueros que han formulado su solicitud de acceso a las mismas. Una vez examinadas estas listas se procederá a gestionar con rapidez las licencias que procedan.

Todo apunta hoy a que, durante el mencionado periodo transitorio (no se olvide, hasta junio 2026), no tiene por qué originarse grandes problemas. La cuestión está en el cómo la Unión Europea será capaz de negociar los futuros acuerdos de pesca con el Reino Unido; cuestión muy importante para nuestra flota pesquera pero, en mi opinión, no será un tema nada fácil. 

Espero, en el 2026, estar todavía por aquí, para poderlo comentar con ustedes.

Carlos Buxadé Carbó.
Catedrático de Producción Animal.
Profesor Emérito.
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Alfonso X el Sabio

Consulta pública de la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria)

El comité Científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha lanzado una consulta pública, abierta hasta el próximo 25 de febrero, en relación con su borrador de Opinión sobre sistemas para la evaluación del riesgo ambiental de múltiples factores estresantes en las abejas melíferas. El informe está basado en las denominadas “estrategias de seguimiento y modelado”.  El seguimiento se basaría en una red de colmenas centinela colocadas en zonas climáticas y paisajes representativos de la Unión Europea (U.E. – 27) que estarían conectadas a una plataforma para el almacenamiento y el análisis de datos

El sistema de modelado, denominado ApisRAM, que pretende simular una colonia de abejas melíferas con la mayor precisión posible, se basaría en los datos del sistema de seguimiento, es decir, de las colonias de abejas y de su entorno. El modelo estaría continuamente informado por nuevos conocimientos científicos de la investigación.

Finalmente, se destacan las lagunas relacionadas con la evaluación de riesgos ambientales. Deberán completarse para permitir que el enfoque basado en sistemas se implemente por completo.