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El club de pesimistas

 

 

Mi último artículo, concretamente el de la semana pasada, lo reconozco, rezumaba pesimismo a raudales. Así me lo comentó mi amigo Eduardo y no tuve más remedio que darle la razón aunque, quizás como justificación no solicitada, le respondí que era lo que tenía convivir y trabajar con y por  los baserritarras, esos productores de alimentos y modeladores del paisaje que hace unos cuantos años, una empleada del Ayuntamiento de Azpeitia, identificaba como “los de las manos con los dedos gordos”.

Otro amigo, hablando de pesimistas, me llegó a sugerir luchar por la presidencia del Club de Pesimistas y para ir rearmando mi corpus teórico, me sugirió la lectura del blog “La nuestra Tierra” que con un bello estilo literario, al menos a mí me lo parece, aborda diferentes temáticas agrarias y rurales, eso sí, con un pesimismo que deja el mío al nivel del optimismo moderado. Indagando en el mismo, he disfrutado con una entrada titulada “la inexorable muerte de los pueblos” donde se plantea, de forma acertada a mi parecer, el creciente debilitamiento de la sociedad civil rural, la flaqueza de los mecanismos solidarios inherentes a la sociedad rural y la dejadez de funciones, hasta ahora realizadas por los vecinos, en manos de la todopoderosa y omnipresente administración.

Ahora que tenemos medio país (osea, Madrid y alrededores) bajo la nieve, en dicha entrada se alude a la limpieza de la nieve en caminos, accesos y/o calles por parte de los vecinos pero creo que este preocupante traspaso de funciones y tareas a la Administración alcanza esferas de la vida hasta ahora impensables como los festejos donde, por ejemplo, son los propios empleados del ayuntamiento quiénes se encargan de aprovisionarse de maderas y demás material fungible, montar y vallar la hoguera de San Juan y además, esa tarde-noche (con el consiguiente sobrecoste por salirse del horario funcionarial), son los encargados de vigilar la seguridad del evento y garantizar que los niños salten adecuadamente no vaya a ser que, alguna familia, reclame indemnización alguna al consistorio.

Pues bien, a lo que iba, en este gélido contexto, el FEGA, organismo del Ministerio de Agricultura, ha publicado el informe de ayudas directas y desarrollo rural correspondiente al año 2019, un análisis de la edad y sexo de los perceptores que merece leer con atención para conocer los detalles de la distribución de las ayudas PAC en nuestra tierra.

Comienza detallando que en el Estado español en 2019 hay 611.642 perceptores de ayudas (frente a los 800.000 del 2016), de los que el 91,85% son personas físicas y el 8,14% restante son personas jurídicas (Sociedades civiles, comunidades de bienes, cooperativas, etc.) mientras que si nos fijamos en lo relativo a los importes comprobamos cómo las personas físicas perciben el 62,57% de las ayudas y las personas jurídicas, el 37,43% restante. Por otra parte, la distribución de las ayudas directas por sexo nos muestra que el 62,84% de los perceptores son hombres y el 37,15% mujeres

Más llamativo, además de preocupante (como verá, el pesimismo me brota por los poros de mi piel), es la distribución de ayudas si nos fijamos en la edad de los perceptores donde los mayores de 65 años suponen el 38% de los perceptores y perciben el 26,41% de los importes, los que tienen entre 40 y 65 años suponen el 53,07% y perciben el 59% de los importes, los que están entre 25 y 40 años el 8,24% y perciben el 13,22% de los importes, y, atención al dato, los menores de 25 años suponen el triste 0,69% de los beneficiarios con un 1,37% de los importes.

El paupérrimo 0,69 es la media del Estado por lo que puede imaginarse que mientras hay comunidades autónomas que superan dicha cifra, Cantabria y La Rioja con un 1,72% son las dos más altas, las hay que rayan el cero patatero como la Comunidad Valenciana con un 0,26% mientras Euskadi, cuenta con un 0,55%, por debajo de la media, no nos ofrece  datos para el optimismo.

Cuando se analiza la evolución demográfica y la baja natalidad se expone una pirámide inversa que te deja el alma helada pero, visto lo visto, si nos fijamos en los datos relativos a la edad de los perceptores, sin olvidar que estos datos se refieren a los perceptores y que por ello no reflejan exactamente la realidad del sector puesto que siempre hay gente que no percibe ayudas directas, la pirámide pierde sentido y deberíamos hablar más del trapecio que de pirámide dado que la parte inferior, la más joven, es casi inexistente.

Ahora bien, como dice el refrán, el que no se consuela es porque no quiere, y así, teniendo en cuenta que en el argot de la política agraria europea, los llamados jóvenes agricultores alcanzan hasta los 40 años, bien podríamos afirmar que los jóvenes suponen el 8,93% de los perceptores. En un ramalazo de pesimismo que me ataca sorpresivamente caigo en la cuenta que ese irrisorio 9% refleja el porcentaje de los que ya han alcanzado, aproximadamente, y perdón que uno es de letras, el 60% de su vida laboral.

Aun así, ahora que mi lado pesimista no se entera, a pesar de todos los pesares, quisiera ser optimista puesto que creo que las grandes tendencias de fondo (crecimiento exponencial de la población, los valores cambiantes de la sociedad europea, la mayor preocupación por la salud individual, la identificación de la alimentación como fuente de salud, la concienciación por el cambio climático y con ello, mayor aprecio por el producto local, etc.) nos son favorables en lo que a futuro se refiere.

Ahora que lo pienso, creo que voy a rechazar la propuesta de presidir el Club de Pesimistas y para demostrar que no soy un pesimista recalcitrante, incluso, voy a ponerme a leer un magnífico informe de  la Comisión Europea titulado “Farmers of the future” que, según mi inglés macarrónico, vendría a ser, los agricultores del futuro.

Xabier Iraola Agirrezabala
Editor en Kanpolibrean
Blog sobre la granja y el mundo alimentario

Reglamento Transitorio para garantizar los pagos de la PAC en 2021 y 2022

El mencionado Reglamento, que quedó aprobado, tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), garantiza y asegura un marco estable al permitir la continuidad de estos apoyos durante los próximos dos años conforme a las mismas reglas del periodo 2014-2020, hasta la entrada en vigor de la nueva Política Agraria Común (PAC) el próximo 1 de enero de 2023, con la aplicación de los planes estratégicos nacionales.

El reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre de 2020, recoge las medidas transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y que estarán en vigor los próximos dos años. De esta forma, se garantiza que los agricultores y ganaderos españoles podrán recibir, en cada uno de estos años, unos 7.200 millones de euros.

Con la publicación de este reglamento, se posibilita finalizar la tramitación del real decreto que regulará las ayudas directas en España en 2021 y 2022. La norma nacional se publicará en la segunda quincena de enero y permitirá iniciar la campaña de solicitud de ayudas de la PAC 2021 con normalidad, el 1 de febrero de 2021.

Los agricultores y ganaderos españoles podrán presentar, hasta el 30 de abril, la solicitud única de las ayudas directas y de las medidas por superficies y animales de los programas de desarrollo rural de la PAC.

En el caso del fondo FEADER, la aprobación del reglamento de transición asegura el apoyo de las ayudas al desarrollo rural hasta el 31 de diciembre de 2022, e incorpora las normas de aplicación de los fondos FEADER ‘Next Generation’, correspondientes al Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (UE) para hacer frente a la pandemia de la COVID-19.

En lo que se refiere a las ayudas de desarrollo rural, el reglamento de transición asegura en 2021 y 2022 la continuidad de los actuales planes de desarrollo rural 2014-2020 y permitirá diseñar medidas que contribuyan a paliar los efectos de la crisis de la COVID-19, así como a contribuir al objetivo de lograr una mayor ambición ambiental en la PAC.

El Brexit y la pesca

Siempre he defendido la idea de que la pesca era, junto con los temas de Irlanda (que sigue en la Unión Europea), la gobernanza y la competencia justa, una de las “patatas más calientes” que generaba escollos en la negociación del llamado popularmente BREXIT; y, efectivamente, ha sido uno de los puntos más complicados a la hora de cerrar el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea resultante (U.E. – 27) y el Reino Unido (no  se olvide aquí que, desde siempre, Gran Bretaña ha querido ser la dueña y señora de sus aguas territoriales; precisamente ésta fue una de las razones por las que la salida británica salió victoriosa en el referéndum del año 2016).

Como se lo explicaba ayer a mis alumnos, las dos partes implicadas, como entiendo no podía ser de otra manera, han ejercido su derecho de “Estado Costero” con el objetivo fundamental, bajo su tutela, de conservar, explotar y administrar los recursos marinos de sus aguas.

El acuerdo se ha saldado finalmente con lo que, en mi opinión no deja de ser un “parche” en forma de un periodo transitorio relativamente corto, que va desde el 1 de enero del presente 2021 hasta el 30 de junio del 2026. 

Durante el mismo, tanto la Unión Europea como el Reino Unido, otorgarán a los pesqueros de la otra parte, en primer lugar, un acceso total para pescar en las aguas comprendidas entre las 12 y las 200 millas náuticas y, en segundo lugar, un acceso parcial en las aguas comprendidas entre las 6 y las 12 millas marinas y, en tercer lugar, quedarán oportunamente establecidas las condiciones para las aguas denominadas “dependientes o de las dependencias de la Corona del Reino Unido”.

Para que la pesca pueda realizarse sin problemas por ambas partes, desde este primer mes post – acuerdo, la U.E. y el Reino Unido están en contacto ininterrumpido para poder garantizar con rapidez las licencias iniciales, provisionales, a los pesqueros de las dos partes que las soliciten. 

Como es lógico, los pesqueros solicitantes recibirán las correspondientes licencias de acuerdo con las leyes que rigen en las dos partes implicadas. En el caso del Reino Unido, esto significa inicialmente una licencia temporal a la espera de la definitiva, que será válida para todo el año 2021 y que estará sujeta a los requisitos administrativos de licencia que en él rigen. Obviamente, hasta que no se tenga la licencia los pesqueros de una parte no podrán pescar en las aguas de la otra y, por supuesto, los pesqueros autorizados a faenar en las aguas de la otra parte deberán respetar sus normas (bien es verdad que el Reino Unido en su Ley de Pesca, que ha aprobado recientemente, ha incorporado muchos de los fundamentos de la Política Pesquera Común lo que hace todo relativamente más sencillo).

Para nuestros pesqueros es importante tener en cuenta que, de momento, la concesión de licencias (inicialmente, como ya he indicado, temporales) se va a limitar a la zona exclusiva perteneciente al Reino Unido (la denominada Zona Económica Exclusiva del Reino Unido) que comprende de las 12 a las 200 millas marinas.  

Para la zona de las 6 a las 12 millas el Reino Unido y la Unión Europea están estudiando las condiciones para emitir estas licencias, pero se han comprometido a establecerlas rápidamente y comunicarlo inmediatamente a los Estados Miembros de la Unión. 

De momento tampoco se van a emitir licencias para pescar en las aguas dependientes o de las dependencias de la Corona. La Unión Europea (los servicios correspondientes de la Comisión) ya ha presentado las listas con las referencias de los pesqueros que han formulado su solicitud de acceso a las mismas. Una vez examinadas estas listas se procederá a gestionar con rapidez las licencias que procedan.

Todo apunta hoy a que, durante el mencionado periodo transitorio (no se olvide, hasta junio 2026), no tiene por qué originarse grandes problemas. La cuestión está en el cómo la Unión Europea será capaz de negociar los futuros acuerdos de pesca con el Reino Unido; cuestión muy importante para nuestra flota pesquera pero, en mi opinión, no será un tema nada fácil. 

Espero, en el 2026, estar todavía por aquí, para poderlo comentar con ustedes.

Carlos Buxadé Carbó.
Catedrático de Producción Animal.
Profesor Emérito.
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Alfonso X el Sabio

Consulta pública de la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria)

El comité Científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha lanzado una consulta pública, abierta hasta el próximo 25 de febrero, en relación con su borrador de Opinión sobre sistemas para la evaluación del riesgo ambiental de múltiples factores estresantes en las abejas melíferas. El informe está basado en las denominadas “estrategias de seguimiento y modelado”.  El seguimiento se basaría en una red de colmenas centinela colocadas en zonas climáticas y paisajes representativos de la Unión Europea (U.E. – 27) que estarían conectadas a una plataforma para el almacenamiento y el análisis de datos

El sistema de modelado, denominado ApisRAM, que pretende simular una colonia de abejas melíferas con la mayor precisión posible, se basaría en los datos del sistema de seguimiento, es decir, de las colonias de abejas y de su entorno. El modelo estaría continuamente informado por nuevos conocimientos científicos de la investigación.

Finalmente, se destacan las lagunas relacionadas con la evaluación de riesgos ambientales. Deberán completarse para permitir que el enfoque basado en sistemas se implemente por completo.

Puntos clave del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido

Finalmente, la Unión Europea (la U.E. – 27) y Reino Unido llegaron en Bruselas a un acuerdo sobre las condiciones de su relación futura para evitar un Brexit duro a partir  del 31 de diciembre del pasado 2020, que es cuando el Reino Unido (RU) ha dejado voluntariamente de ser parte de la Unión Europea. Importante señalar que se considera este pacto como de competencia exclusiva de la Unión Europea, con pocos elementos de competencia nacional, lo que, sin duda, agilizará su ratificación porque no tendrá que ser ratificado por cada uno de los 27 parlamentos nacionales y será suficiente el visto bueno del Parlamento Europeo (PE).

El pacto ha resultado ser menos ambicioso de lo que la Unión Europea aspiraba, pero lo cierto es que permitirá una relación comercial sin cuotas ni tarifas a condición de que Londres asuma reglas igualitarias en materia de competencia y de otras salvaguardas.  Así, el mismo no se establece aranceles ni cuotas entre ambas partes para todas las mercancías. Esto es especialmente importante para bienes «sensibles», como es el caso, tantas veces mencionado en nuestro boletín, de los productos agrícolas o de los pesqueros.

Precisamente la pesca, fue un asunto clave durante la negociación, y, como es bien sabido, se convirtió en uno de los mayores escollos para lograr un acuerdo. Durante un periodo de transición de cinco años y medio, hasta junio de 2026, la Unión Europea transferirá un 25 por ciento del valor global de las capturas y posteriormente las partes pasarán a fijar las posibilidades de pesca en negociaciones anuales

Por su parte, los bienes tendrán que cumplir con las «reglas de origen», que tienen el objetivo de impedir que los productos de Países Terceros, que no tienen acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, entren a la Unión Europea a través de Reino Unido para evitar aranceles y cuotas.

El acuerdo también posibilita la simplificación de los procedimientos aduaneros aunque, como el  Reino Unido ha abandonado la Unión Aduanera, los controles se aplicarán a todos los bienes comercializados.

En cuanto a los servicios financieros el acuerdo firmado no cubre este capítulo por lo que la City de Londres pierde el pasaporte que le permite operar en toda la Unión Europea con un acceso privilegiado.

El mencionado acuerdo entre la Unión Europea y el  Reino Unido también asegurará la continuidad de la conectividad aérea, vial y marítima.  En materia aérea, las aerolíneas británicas dejarán de poder operar vuelos comerciales dentro del espacio aéreo de la Unión Europea aunque sí podrán mantener las rutas que unan Reino Unido con destinos en la U.E. – 27. El pacto incluye así mismo disposiciones para garantizar que la competencia entre los operadores de ambas partes asegure «altos niveles» de seguridad en el transporte, los derechos de los trabajadores y los pasajeros y la protección al medio ambiente.

En lo que atañe a los desplazamientos de las personas, será competencia del Reino Unido determinar si los ciudadanos de la Unión Europea que vayan a visitar el país para estancias cortas tendrán que conseguir un visado. Los viajeros de corta duración procedentes de Reino Unido podrán visitar a los Estados de la Unión Europea durante 90 días en cualquier período de 180, según el Gobierno británico. Los turistas seguirán estando cubiertos por un plan de atención médica mutua en caso de emergencia.

En lo que atañe a las subvenciones, tanto la U.E. – 27 como el Reino Unido  mantendrán con independencia sus normas, pero si una de las partes considera que estas distorsionan o son perjudiciales para sus propias industrias, puede impugnar estas medidas ante un mecanismo de arbitraje independiente, con la posibilidad de que se imponga una compensación.

Un tema especialmente espinoso era el de Irlanda, que continua siendo miembro de la Unión Europea. Con el fin de evitar una frontera dura con ella, Irlanda del Norte se mantendrá alineada con muchas normas de la Unión Europea una vez ya no está en el Mercado único de la Unión Europea (lo que, sin duda alguna, genera una situación compleja, pero favorable a Irlanda del Norte).

De lo que no cabe duda es que desde el pasado 1 de enero la Unión Europea ha abierto un nuevo capítulo en su devenir y habrá que esperar unos meses para ver cómo la afecta realmente la retirada del Reino Unido (que, dicho sea de paso, nunca estuvo, emocionalmente hablando, totalmente integrada en la U.E.).