LAS OPAS, enfrentadas al MITECO por la legislación sobre el lobo

Cada día que pasa se pone más de relieve que la iniciativa legislativa en lo que atañe al lobo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) encuentra más oposición.

En efecto, las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA COAG y UPA han puesto de manifiesto su más rotundo rechazo al documento de bases para la elaboración de una estrategia para la conservación y gestión del lobo en España planteado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Estas organizaciones exigen su retirada inmediata y la apertura de un proceso de diálogo con todos los actores implicados (organizaciones profesionales agrarias, ONG’s medioambientalistas, expertos y CC.AA afectadas) con el objetivo de negociar un nuevo plan de gestión y control del lobo que recoja un análisis actualizado del número real de manadas y ejemplares que existen en España y las posibles medidas para facilitar la coexistencia del mismo con la ganadería, el control poblacional y las compensaciones frente a los daños que puedan originar los lobos.

Debe tenerse en cuenta que el lobo ibérico es actualmente una especie en clara expansión en España. Su número no ha dejado de crecer en las últimas cuatro décadas y sus poblaciones en el noroeste peninsular son las de mayor densidad de toda Europa occidental. Esta abundancia, unido a la presencia de explotaciones de ganado extensivo en las zonas rurales, está generando un conflicto, que se ve agravado con medidas como las que pretende adoptar el Ministerio. Por tanto, los ganaderos/as, no entendemos que el Canis lupus precise una protección especial, como no lo hace en los países de nuestro entorno donde las medidas de control son más rigurosas.

En este contexto, las OPAS denuncian la nula participación de los colectivos ganaderos, principales afectados por las poblaciones de lobos, en los foros, comités técnicos de seguimiento y consultas para la implementación de medidas que van dirigidas y afectan al sector agrario.

Asimismo, se recogen los principales motivos del rechazo a dicho documento:

  • Rechazan estas bases porque, en sí mismas, son ya una estrategia que sólo persigue la expansión del lobo por la geografía española y su conexión con lobos de Francia e Italia, sin tener en cuenta las consecuencias económicas, sociales y medioambientales para los ganaderos y la población del medio rural.
  • Rechazan que el Ministerio de Transición Ecológica olvide que la ganadería extensiva ha constituido tradicionalmente una actividad esencial para el mantenimiento del medio ambiente y de forma especial en las áreas de montaña. Generadora de empleos y economía, la ganadería extensiva y el mantenimiento de razas autóctonas ha resultado fundamental en la gestión de los recursos y la ordenación del territorio, habiendo contribuido de forma determinante a la conformación del legado natural y la biodiversidad.
  • Rechazan una valoración tan sesgada del conflicto que conlleva la coexistencia con el lobo, criminalizando la actuación del sector ganadero y sin reconocer que la problemática viene dada por la expansión geográfica del lobo y su exponencial incremento poblacional. Esta situación deriva en un incremento del número de ataques en las explotaciones ganaderas, sin que la Administración competente establezca medidas dirigidas a conseguir una rápida compensación y un inmediato control poblacional.

Además, con este documento, el MITECO olvida que los ataques de lobo no sólo provocan importantes perjuicios económicos, sino una desestabilización de las producciones y del programa de producción y de cría, sino también, un importante y grave impacto emocional en el ganadero.  Mientras tanto, se mantiene el proceso de movilizaciones en las CC.AA. más afectadas

 

ARRECAL opina sobre la inminente sobreprotección del lobo

La Asociación de rehalas regionales españolas caza y libertad (ARRECAL) ha puesto de manifiesto su rechazo frontal al procedimiento llevado a cabo por el Gobierno previo a la catalogación como especie vulnerable del lobo ibérico.

El resultado, como es bien conocido, acarreará la prohibición de la caza deportiva del lobo como medio de gestión cinegética adaptativa de la especie al norte del Duero. En este sentido, ARRECAL afirma que esta sobreprotección del lobo al que debe considerarse como un  gran depredador dará lugar, a corto plazo, a un incremento de los ataques a los perros de caza y al ganado.

ARRECAL ha recordado que, hasta la fecha, el control de poblaciones de lobo se realiza bajo una estricta vigilancia de las autoridades autonómicas competentes y con cupos anuales muy limitados. Por esta razón la Asociación de Rehalas Regionales Españoles Caza y Libertad rechaza con rotundidad el nuevo ataque del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico-MITERD a la población rural.

Esta Asociación considera que, ante la nueva situación, el incremento de los ataques del lobo al ganado en extensivo va a ser a partir de ahora exponencial (actualmente, y a pesar de los controles poblacionales, ya se registran miles de animales de producción muertos al año). Los datos científicos y técnicos de las comunidades autónomas con poblaciones de lobo así lo demuestran.

Pocos expertos de reconocido prestigio internacional como el biólogo don Mario Sáenz de Buruaga exponen que, desde el conocimiento científico, discuten la necesidad de controlar poblaciones abundantes de lobo cuando éstas afectan de forma severa a los intereses de los ganaderos. También, don Vicente González Eguren, doctor en veterinaria y profesor de la prestigiosa Facultad de Veterinaria de León, ha manifestado que la protección estricta del lobo es una utopía; siendo necesario el control de la especie.

Petición de dimisión de la ministra

Paralelamente, los principales sindicatos agrarios y ganaderos del país están pidiendo públicamente la dimisión de la ministra, doña Teresa Ribera, y del secretario de estado de medio ambiente, don Hugo Morán. No cabe duda de que la decisión del Ministerio perjudica notablemente a las comunidades locales, a los habitantes de la España vacía, y a los pobladores del medio, especialmente a los ganaderos en extensivo. La movilización del mundo rural será inminente, y ARRECAL ya ha manifestado que estará, como siempre, junto a los pobladores de la España vaciada.

Por otra parte, ARRECAL quiere subrayar otra grave problemática que, en muchas ocasiones, pasa desapercibida: el ataque de los lobos a los perros de caza. Con la progresiva tendencia al alza de las poblaciones del mayor cánido silvestre de nuestro país, el aumento de los ataques de extrema gravedad y mortales a nuestros perros aumentará de forma exponencial. Debe tenerse en cuenta que en zonas loberas tradicionales, como Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, es cada vez más habitual que en las batidas las manadas de lobos presentes en la zona, ataquen y den muerte a los perros de los cazadores. Paralelamente, cada vez es más frecuente la localización de perros que están para proteger al ganado que han sido devorados por el lobo ibérico.

ARRECAL considera esencial elaborar un registro nacional de predación de lobos sobre perros para valorar el número de animales atacados (que actualmente se estiman en varios cientos), su raza, edad, geolocalización, principales lesiones, etc. (con datos rigurosos y objetivos a diferencia de lo que acontece con las encuestas del Dirección General de Derechos de los Animales).

Este registro podría ser utilizado para solicitar al MITARD una indemnización económica por la importante pérdida sufrida por los rehaleros y propietarios de perros de caza y de  ganado.

Contra la futura consideración del lobo como especie no cinegética

Está sucediendo exactamente lo que era previsible que pasara. En una cumbre online conjunta, las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA), y los consejeros de agricultura, ganadería y medio ambiente de diez comunidades autónomas (Asturias, Castilla León, Cantabria, Galicia, Aragón, Andalucía, Comunidad de Madrid, Murcia, País Vasco y ciudad autónoma de Ceuta), han impulsado una iniciativa para reclamar al ministerio de Transición  Ecológica que retire el procedimiento de aprobación de la orden por la que se pretende incluir al lobo en el listado de especies no cinegéticas.

En este contexto, los gobiernos autonómicos y organizaciones agrarias citadas piden a la ministra, doña Teresa Ribera, la apertura de un proceso de diálogo y consenso con todos los actores implicados, con el objetivo de negociar un plan global de gestión del lobo ibérico que garantice su preservación y el futuro de la ganadería extensiva.

UPA, COAG y Asaja han calificado como «muy positivo» el encuentro, al tiempo que han señalado «la importancia de la unidad del sector y las administraciones regionales» para defender la «imprescindible labor de la ganadería extensiva para el desarrollo económico y social del medio rural, la gestión del territorio y el mantenimiento de la biodiversidad».

Y es que, como recuerdan las propias organizaciones, la inclusión del lobo en el listado de protección especial supone, en la práctica, dejar de gestionar y controlar al lobo al norte del Duero. No hay que olvidar, dicen, que es «un depredador que causa pérdidas constatadas de más de 6 millones de euros al año a los ganaderos en España y devora más de 10.500 cabezas de ganado, fundamentalmente en Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León y Madrid».

Se calcula que en España hay unos 3.000 lobos, una cifra muy superior a de ostros Estados de la Unión y de Europa como Francia, Alemania, Suiza, Noruega o Suecia. Unas cifras que en todo caso son estimaciones, pues el censo está pendiente de actualizar desde el año 2012. A pesar de ello, como es sabido, el Gobierno pretende incrementar aún más esa cifra, lo que aumentaría, sin ninguna duda, la presión sobre los ganaderos hasta llegar a hacerla insostenible.

La problemática de la fauna salvaje en Cataluña

Desde el sindicato JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya) se ha remitido una carta  al señor  Marc Costa, director de los Agentes Rurales y responsable de Fauna de la Generalitat de Cataluña, solicitando una reunión para tratar las plagas de fauna salvaje que destrozan los cultivos.

En la misma se solicita que esté presente el señor de Ferran de Noguera, director de los Servicios Territoriales de Lleida, dado que en estos momentos la situación es muy grave en el territorio comprendido entre Agramunt, Ossó de Sió, Artesa de Segre, Camarasa, Balaguer, Tàrrega, Guissona, Ponts, Tornabous y Pallargues, así como en Alcarràs, y otros municipios del Segrià y cercanías.

Según se ha publicado en AGROINFORMACIÓN, el  cultivo más afectado actualmente es el cereal, que se encuentra en un estadio productivo joven. En algunos casos las pérdidas afectan hasta el 90 por 100 de la producción. La proliferación de poblaciones de conejos en estos términos municipales leridanos es superior a los 50 conejos/km², motivo por el cual la organización considera que se tiene que considerar como emergencia cinegética.

El JARC hace extensiva su petición a todos los territorios catalanes que sufren las consecuencias de poblaciones descontroladas de fauna salvaje. La alta densidad de población de especies como las palomas torcaces en el Llobregat, o los jabalíes en diferentes puntos de Cataluña, producen grandes afectaciones en fincas de cultivo, huerta y frutales. Los jabalíes representan, además, una amenaza para la bioseguridad de las granjas porcinas, como transmisores de la Peste Porcina Africana (PPA).

Como es bien sabido la actual situación sanitaria impone una serie de restricciones que está afectando muy seriamente a la actividad cinegética. Por esta causa el JARC solicita que la caza sea considerada como actividad esencial, por el papel que juega en el mantenimiento de territorio y el equilibrio de los ecosistemas.

A causa de las actuales restricciones la caza menor solo se puede practicar en el mismo municipio o limítrofe, provocando que en muchas zonas donde no hay suficientes cazadores proliferen algunas especies de fauna salvaje de manera descontrolada. En otras ocasiones, los cazadores no puedan ir a los cotos donde son socios, o prefieren no actuar por no tener clara la normativa.

Por este motivo, el sindicato JARC propone que se permita, mediante justificante responsable, que los cazadores puedan moverse por los municipios que estén incluidos en un coto, acreditando su afiliación al coto en cuestión, aunque no sean limítrofes con su municipio de residencia para ayudar a intentar acabar con las actuales plagas de fauna salvaje.

El lobo, futura especie protegida en España

Al parecer, la  idea que maneja el Gobierno es la de tener el plan preparado antes de final de año para que las poblaciones españolas de lobo ibérico puedan gozar de la misma protección que en Portugal. El Ministerio se apoya en un informe de expertos como guía para tomar esta decisión, en el que se especifica que el lobo “debe estar incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPE)»

Al parecer,la declaración del lobo como especie protegida va a ir acompañada de una «serie de medidas compensatorias» como, por ejemplo, fondos económicos destinados a los ganaderos que se vean afectado por ataques del lobo a sus rebaños.

Actualmente, el lobo ibérico tiene dos categorías de protección en España: al sur del río Duero no está permitida su caza y está incluido en el LESPE, mientras que al norte del mismo, donde se ubica entre el 70 y el 80 por 100 del total de ejemplares, estos carnívoros sí están considerados como especie cinegética y, consecuentemente, pueden ser objeto de caza.

Paralelamente, la Administración de Donald Trump confirmó la semana pasada que los lobos ya no serán una especie protegida en Estados Unidos, revocando una clasificación aprobada en 1978 ante su virtual extinción y exponiéndolos más a la caza indiscriminada. El anuncio se produce días antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, cuando muchos congresistas republicanos del Medio Oeste, con estados cruciales, reclamaban que se sacara al lobo de la lista protegida. El señor David Bernhardt, Secretario del Interior, afirmó que: «después de más de 45 años bajo un estatus de especie protegida, el lobo gris ha excedido todos los objetivos de preservación en vista de su recuperación»,

La población de lobos (Canis lupus) en Estados Unidos (excluyendo a Alaska y Hawái) ha aumentado a 6.000 individuos, según el Departamento del Interior, contra menos de 1.000 en 1967.  El lobo se volvió a expandir en la región de las Montañas Rocosas y comenzó a regresar al oeste. Bajo la presidencia de Barack Obama, ya había perdido su estatus de protegido en Idaho y Montana.

Ahora, quedará en los estados decidir cómo manejar las poblaciones de lobos, autorizando o no la caza y las trampas. Solo el «lobo mexicano», presente en el suroeste, permanecerá protegido a nivel federal.

La comunidad científica y también un gran número de funcionarios electos, ciudadanos y activistas, se han opuesto frontalmente a la mencionada revocación dado que el lobo en Estados Unidos aún no ha recuperado todo su hábitat histórico.

 

La caza, reclamada como actividad esencial

 

Nada menos que 67 entidades representativas del mundo rural han reclamado al Gobierno que declare la caza como actividad esencial. Lo han hecho la semana pasada en un escrito remitido al presidente Sánchez donde pide que incluya los desplazamientos puntuales de los cazadores entre las excepciones ante posibles confinamientos (los confinamientos y las limitaciones de movilidad que ya están sufriendo muchos cazadores están poniendo en riesgo un gran número de acciones cinegéticas. y reclaman una declaración oficial de la caza como una actividad esencial.

El escrito, que está acompañado por un informe técnico del catedrático de Sanidad Animal e investigador del IREC (Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos), don Christian Gortázar, apoyado por entidades que representan a los sectores agrícolas, ganaderos, alimentarios y cinegéticos de nuestro país y, paralelamente, recuerda los posibles efectos que tendría la paralización de la actividad cinegética en algunas zonas de España cuando acaba de arrancar la nueva temporada.

Ante esta situación, alertan de las graves consecuencias que tendría un descenso significativo de la caza durante los próximos meses asociado a las restricciones por la pandemia. Alegan que “ocasionarán, sin duda, una superpoblación de algunas especies silvestres (conejos, corzos, ciervos, cabras hispánicas, jabalíes…) con consecuencias ambientales, económicas, de salud pública y de sanidad animal nefastas para España”. En este sentido, señalan que es especialmente destacable el impacto en la sobreabundancia de jabalíes.

También son previsibles de no actuarse con prontitud y adecuadamente, los cuantiosos daños en los cultivos y producciones ganaderas, ya que se multiplicarán las afecciones en las cosechas de cereales, leguminosas, pastos, etc., pero también en infraestructuras de riego y rurales, así como los ataques a las producciones ovinas y caprinas en extensivo.

Otro efecto previsible de la disminución de la actividad cinegética es la generación de desequilibrios ecosistémicos. En esta línea, el documento remitido al señor  Pedro Sánchez pone de manifiesto que “la imposibilidad del control poblacional cinegético en el ecosistema agrosilvopastoral nacional supone un descontrol de la capacidad de carga del medio natural, con severas afecciones a especies sensibles, vulnerables o en peligro de extinción”.

También está el efecto directo sobre el mundo rural, con importantísimas pérdidas económicas y de empleo en zonas que, además, están en especial riesgo de abandono demográfico.

Finalmente  las entidades representativas del mundo rural recuerdan al Presidente del Gobierno que hay que tener también en cuenta que por sus características propias y las condiciones en las que se desarrolla, la caza no es una situación “de riesgo” de transmisión del coronavirus. En efecto, gracias a las medidas de protección empleadas no hay posibilidad de contactos estrechos.

Seguirá la caza del lobo al norte del Duero

La Junta de Castilla y León informó el jueves pasado que la Sala de lo Contencioso administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado la medida cautelar de suspensión de la vigencia del Plan de aprovechamientos comarcales del Lobo al Norte del Duero, solicitada por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), si bien todavía tiene que pronunciarse sobre el recurso presentado por la organización.

Según han señalado fuentes de la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, el auto judicial «admite la argumentación formulada por la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, aplicando por primera vez la doctrina marcada recientemente por el Tribunal Supremo que declaró la legalidad del Decreto de la Junta de 2015 que regulaba la caza».

El plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero en la Comunidad hasta 2022 y permite la caza en estas tres campañas, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022, de un total de 339 ejemplares.

ASCEL, según han recordado las mismas fuentes, había presentado recurso contencioso contra la Resolución de 9 de octubre de 2019 de la Dirección General del Patrimonio Natural y Política Forestal por la que se aprueba el Plan de aprovechamientos comarcales del lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del Río Duero en Castilla y León para las temporadas anuales desde 2019 hasta 2022 y había solicitado la suspensión cautelar de su vigencia mientras se resolvía el recurso.

Ahora, la Sala de Valladolid, mediante un auto de 8 de junio, no acepta dicha suspensión, y aplica para ello la doctrina marcada por la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de este año que declara la legalidad del Decreto de 2015 de la Junta de Castilla y León por el que se regulaba la conservación de las especies cinegéticas, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.

La Consejería de la Presidencia incide en que si el Decreto se ha declarado legal, «ya que contaba con los estudios suficientes que avalaban el carácter cinegético de las especies declaradas cazables, y entre ellas estaba el lobo«, ahora la Resolución de la Dirección General, «sin perjuicio de lo que se pueda resolverse en la futura sentencia, también cuenta con esos estudios importantes«.

Los Servicios Jurídicos de la Junta señalaban que constan en el expediente de aprobación de la Resolución «un amplio anexo que contiene el censo regional del lobo 2012-2013, el inventario de manadas, la estimación poblacional, la valoración de la mortalidad no natural, la exclusión de aprovechamiento cinegético de determinadas comarcas loberas o, entre otros, la clasificación de las comarcas loberas y porcentajes de extracción, que deben considerarse suficientes a la hora de determinar su caza limitada«.

El comunicado incide en que «así lo admite la Sala«, que, «ponderando los intereses en juego de ambas partes, considera más necesario de protección el interés público perseguido por la Junta de Castilla y León».

La Junta de Andalucía aprueba medidas cinegéticas excepcionales

El conejo silvestre es una especie clave de los ecosistemas mediterráneos, considerándose como el principal recurso trófico de muchas especies amenazadas y uno de los mejores indicadores biológicos del territorio. Su amplia distribución histórica ha permitido, además, que la caza del mismo sea una de las actividades cinegéticas con mayor tradición en Andalucía y en otras muchas regiones de España, y la pieza de caza menor más frecuentemente cobrada por los cazadores, lo que refrenda la importancia socioeconómica y ambiental que juega esta especie en la región

No obstante, las poblaciones de conejos de monte en Andalucía tienen, al igual que en otras regiones de España, una distribución tremendamente irregular presentando lugares con gran escasez de ejemplares junto a terrenos con excesiva densidad incluso en territorios contiguos. Allí donde presentan una alta densidad de ejemplares su presión sobre los recursos y la agricultura hacen que se puedan llegar a considerar plaga local por los efectos que producen.

115 términos municipales

Por esta razón la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible d la Junta de Andalucía ha vuelto a aprobar un conjunto de medidas cinegéticas para controlar el incremento de las poblaciones de conejo silvestre y evitar así daños en cultivos e instalaciones agrícolas en zonas con presencia o alta densidad de ejemplares de esta especie. Estas actuaciones se realizarán en un total de 115 términos municipales de las provincias de Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla.

La resolución, publicada en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 3 de junio, se aplicará hasta la finalización de la temporada de caza 2020-2021. A ella podrán acogerse los titulares de los cotos que tengan incluidos en sus planes técnicos de caza el control de los daños causado por el conejo silvestre y cuyos terrenos se localicen en algunos de los municipios afectados.

La captura de conejos se podrá llevar a cabo en vivo con hurón y redes, y mediante capturadero durante toda la temporada cinegética. Cuando se realice con armas de fuego o con aves de cetrería, el periodo hábil se amplía desde el 30 de noviembre hasta el 25 de abril, siendo hábiles los jueves, sábados y domingos con arma de fuego y hasta el 26 de abril todos los días con ave de cetrería. Para el empleo de perros, dicho periodo abarca desde el 30 de noviembre hasta el 7 de febrero. No obstante, las delegaciones territoriales competentes podrán autorizar excepcionalmente el empleo de otros medios de captura, de acuerdo con lo contemplado en la Ley de la Flora y la Fauna Silvestres.

Además, a lo largo del nuevo periodo hábil de caza del conejo, que en esta ocasión transcurre desde el 9 de agosto al 29 de noviembre, se aplicarán las medidas contempladas en los planes técnicos de caza, así como las fijadas en la Resolución de 5 de mayo de 2020 por la que se publican los periodos hábiles de caza para la temporada 2020- 2021 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Una cuestión a tener en cuenta es que se incorpora la posibilidad de trasladar los conejos dentro del propio coto cuando así esté contemplado en el Plan Técnico de caza y siempre que se produzca a lugares distanciados donde la especie no pueda causar daños. Igualmente, se ha incorporado la posibilidad de destinar los ejemplares al autoconsumo.

Cuando el destino de los conejos capturados sea para la repoblación de otros cotos, deberán adoptarse medidas preventivas, así como cumplir la normativa vigente en materia de sanidad animal, transporte y comercialización en vivo de especies cinegéticas

La caza y la Fase 1

 

Rectificar es de sabios. La Real Federación Española de Caza (RFEC) solicitó al Ministro de Sanidad que incluyera la caza dentro de las actividades deportivas de ocio y naturaleza que se pueden practicar en la Fase 1 de la desescalada, y una explicación por marginar esta actividad frente a otras que sí se han permitido en la Orden SND/399/2020 publicada el 9 de mayo. Desde la RFEC se criticó a Sanidad la incongruencia de autorizar, en el artículo 47, el turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta 10 personas y que no se permitiese la caza ni siquiera a título individual, cuando la actividad cinegética en primavera no supone ningún riesgo de contagio de COVID-19 al practicarse al aire libre y de forma individual.

Finalmente, se ha autorizado, a partir de ayer, día 18 de mayo, la caza y la pesca, en la Fase 1.

Abrir la caza en la Fase 1  ha supuesto aliviar los trámites administrativos que regían para realizar el control de especies cinegéticas por daños a la agricultura, así como realizar un control más efectivo de las poblaciones. Su exclusión no tenía ninguna explicación técnica ni de salud pública, sino que, por el contrario, se estaba favoreciendo que se perpetuaran los daños y los riesgos de accidentes y problemas sanitarios de la fauna.

Recordemos que la actividad cinegética genera 186.000 puestos de trabajo al año en el mundo rural y 6.500 millones de euros de PIB. “No reanudar la caza en la Fase 1 hubiera sido negar que muchísimos pueblos que viven de los ingresos de la caza pudieran restablecer su economía y empleos, en unos momentos en que la actividad empresarial está pasando por una más que gravísima situación”, señaló, en su momento, el presidente de la RFEC, Ignacio Valle.

Si el Ministerio de Sanidad no hubiera modificado su posicionamiento inicial ni ofrecido una explicación convincente para todo el colectivo cinegético, los asesores jurídicos de la RFEC habrían estudiado la posibilidad de plantear un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

Ahora, con esta rectificación las aguas han vuelto a su cauce.

Carlos Buxadé Carbó.
Catedrático de Producción Animal.
Profesor Emérito.
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Alfonso X el Sabio