Seguirá la caza del lobo al norte del Duero

La Junta de Castilla y León informó el jueves pasado que la Sala de lo Contencioso administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado la medida cautelar de suspensión de la vigencia del Plan de aprovechamientos comarcales del Lobo al Norte del Duero, solicitada por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), si bien todavía tiene que pronunciarse sobre el recurso presentado por la organización.

Según han señalado fuentes de la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, el auto judicial «admite la argumentación formulada por la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, aplicando por primera vez la doctrina marcada recientemente por el Tribunal Supremo que declaró la legalidad del Decreto de la Junta de 2015 que regulaba la caza».

El plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero en la Comunidad hasta 2022 y permite la caza en estas tres campañas, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022, de un total de 339 ejemplares.

ASCEL, según han recordado las mismas fuentes, había presentado recurso contencioso contra la Resolución de 9 de octubre de 2019 de la Dirección General del Patrimonio Natural y Política Forestal por la que se aprueba el Plan de aprovechamientos comarcales del lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del Río Duero en Castilla y León para las temporadas anuales desde 2019 hasta 2022 y había solicitado la suspensión cautelar de su vigencia mientras se resolvía el recurso.

Ahora, la Sala de Valladolid, mediante un auto de 8 de junio, no acepta dicha suspensión, y aplica para ello la doctrina marcada por la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de este año que declara la legalidad del Decreto de 2015 de la Junta de Castilla y León por el que se regulaba la conservación de las especies cinegéticas, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.

La Consejería de la Presidencia incide en que si el Decreto se ha declarado legal, «ya que contaba con los estudios suficientes que avalaban el carácter cinegético de las especies declaradas cazables, y entre ellas estaba el lobo«, ahora la Resolución de la Dirección General, «sin perjuicio de lo que se pueda resolverse en la futura sentencia, también cuenta con esos estudios importantes«.

Los Servicios Jurídicos de la Junta señalaban que constan en el expediente de aprobación de la Resolución «un amplio anexo que contiene el censo regional del lobo 2012-2013, el inventario de manadas, la estimación poblacional, la valoración de la mortalidad no natural, la exclusión de aprovechamiento cinegético de determinadas comarcas loberas o, entre otros, la clasificación de las comarcas loberas y porcentajes de extracción, que deben considerarse suficientes a la hora de determinar su caza limitada«.

El comunicado incide en que «así lo admite la Sala«, que, «ponderando los intereses en juego de ambas partes, considera más necesario de protección el interés público perseguido por la Junta de Castilla y León».

La Junta de Andalucía aprueba medidas cinegéticas excepcionales

El conejo silvestre es una especie clave de los ecosistemas mediterráneos, considerándose como el principal recurso trófico de muchas especies amenazadas y uno de los mejores indicadores biológicos del territorio. Su amplia distribución histórica ha permitido, además, que la caza del mismo sea una de las actividades cinegéticas con mayor tradición en Andalucía y en otras muchas regiones de España, y la pieza de caza menor más frecuentemente cobrada por los cazadores, lo que refrenda la importancia socioeconómica y ambiental que juega esta especie en la región

No obstante, las poblaciones de conejos de monte en Andalucía tienen, al igual que en otras regiones de España, una distribución tremendamente irregular presentando lugares con gran escasez de ejemplares junto a terrenos con excesiva densidad incluso en territorios contiguos. Allí donde presentan una alta densidad de ejemplares su presión sobre los recursos y la agricultura hacen que se puedan llegar a considerar plaga local por los efectos que producen.

115 términos municipales

Por esta razón la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible d la Junta de Andalucía ha vuelto a aprobar un conjunto de medidas cinegéticas para controlar el incremento de las poblaciones de conejo silvestre y evitar así daños en cultivos e instalaciones agrícolas en zonas con presencia o alta densidad de ejemplares de esta especie. Estas actuaciones se realizarán en un total de 115 términos municipales de las provincias de Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla.

La resolución, publicada en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 3 de junio, se aplicará hasta la finalización de la temporada de caza 2020-2021. A ella podrán acogerse los titulares de los cotos que tengan incluidos en sus planes técnicos de caza el control de los daños causado por el conejo silvestre y cuyos terrenos se localicen en algunos de los municipios afectados.

La captura de conejos se podrá llevar a cabo en vivo con hurón y redes, y mediante capturadero durante toda la temporada cinegética. Cuando se realice con armas de fuego o con aves de cetrería, el periodo hábil se amplía desde el 30 de noviembre hasta el 25 de abril, siendo hábiles los jueves, sábados y domingos con arma de fuego y hasta el 26 de abril todos los días con ave de cetrería. Para el empleo de perros, dicho periodo abarca desde el 30 de noviembre hasta el 7 de febrero. No obstante, las delegaciones territoriales competentes podrán autorizar excepcionalmente el empleo de otros medios de captura, de acuerdo con lo contemplado en la Ley de la Flora y la Fauna Silvestres.

Además, a lo largo del nuevo periodo hábil de caza del conejo, que en esta ocasión transcurre desde el 9 de agosto al 29 de noviembre, se aplicarán las medidas contempladas en los planes técnicos de caza, así como las fijadas en la Resolución de 5 de mayo de 2020 por la que se publican los periodos hábiles de caza para la temporada 2020- 2021 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Una cuestión a tener en cuenta es que se incorpora la posibilidad de trasladar los conejos dentro del propio coto cuando así esté contemplado en el Plan Técnico de caza y siempre que se produzca a lugares distanciados donde la especie no pueda causar daños. Igualmente, se ha incorporado la posibilidad de destinar los ejemplares al autoconsumo.

Cuando el destino de los conejos capturados sea para la repoblación de otros cotos, deberán adoptarse medidas preventivas, así como cumplir la normativa vigente en materia de sanidad animal, transporte y comercialización en vivo de especies cinegéticas

La caza y la Fase 1

 

Rectificar es de sabios. La Real Federación Española de Caza (RFEC) solicitó al Ministro de Sanidad que incluyera la caza dentro de las actividades deportivas de ocio y naturaleza que se pueden practicar en la Fase 1 de la desescalada, y una explicación por marginar esta actividad frente a otras que sí se han permitido en la Orden SND/399/2020 publicada el 9 de mayo. Desde la RFEC se criticó a Sanidad la incongruencia de autorizar, en el artículo 47, el turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta 10 personas y que no se permitiese la caza ni siquiera a título individual, cuando la actividad cinegética en primavera no supone ningún riesgo de contagio de COVID-19 al practicarse al aire libre y de forma individual.

Finalmente, se ha autorizado, a partir de ayer, día 18 de mayo, la caza y la pesca, en la Fase 1.

Abrir la caza en la Fase 1  ha supuesto aliviar los trámites administrativos que regían para realizar el control de especies cinegéticas por daños a la agricultura, así como realizar un control más efectivo de las poblaciones. Su exclusión no tenía ninguna explicación técnica ni de salud pública, sino que, por el contrario, se estaba favoreciendo que se perpetuaran los daños y los riesgos de accidentes y problemas sanitarios de la fauna.

Recordemos que la actividad cinegética genera 186.000 puestos de trabajo al año en el mundo rural y 6.500 millones de euros de PIB. “No reanudar la caza en la Fase 1 hubiera sido negar que muchísimos pueblos que viven de los ingresos de la caza pudieran restablecer su economía y empleos, en unos momentos en que la actividad empresarial está pasando por una más que gravísima situación”, señaló, en su momento, el presidente de la RFEC, Ignacio Valle.

Si el Ministerio de Sanidad no hubiera modificado su posicionamiento inicial ni ofrecido una explicación convincente para todo el colectivo cinegético, los asesores jurídicos de la RFEC habrían estudiado la posibilidad de plantear un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

Ahora, con esta rectificación las aguas han vuelto a su cauce.

Carlos Buxadé Carbó.
Catedrático de Producción Animal.
Profesor Emérito.
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Alfonso X el Sabio