La problemática de la fauna salvaje en Cataluña

Desde el sindicato JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya) se ha remitido una carta  al señor  Marc Costa, director de los Agentes Rurales y responsable de Fauna de la Generalitat de Cataluña, solicitando una reunión para tratar las plagas de fauna salvaje que destrozan los cultivos.

En la misma se solicita que esté presente el señor de Ferran de Noguera, director de los Servicios Territoriales de Lleida, dado que en estos momentos la situación es muy grave en el territorio comprendido entre Agramunt, Ossó de Sió, Artesa de Segre, Camarasa, Balaguer, Tàrrega, Guissona, Ponts, Tornabous y Pallargues, así como en Alcarràs, y otros municipios del Segrià y cercanías.

Según se ha publicado en AGROINFORMACIÓN, el  cultivo más afectado actualmente es el cereal, que se encuentra en un estadio productivo joven. En algunos casos las pérdidas afectan hasta el 90 por 100 de la producción. La proliferación de poblaciones de conejos en estos términos municipales leridanos es superior a los 50 conejos/km², motivo por el cual la organización considera que se tiene que considerar como emergencia cinegética.

El JARC hace extensiva su petición a todos los territorios catalanes que sufren las consecuencias de poblaciones descontroladas de fauna salvaje. La alta densidad de población de especies como las palomas torcaces en el Llobregat, o los jabalíes en diferentes puntos de Cataluña, producen grandes afectaciones en fincas de cultivo, huerta y frutales. Los jabalíes representan, además, una amenaza para la bioseguridad de las granjas porcinas, como transmisores de la Peste Porcina Africana (PPA).

Como es bien sabido la actual situación sanitaria impone una serie de restricciones que está afectando muy seriamente a la actividad cinegética. Por esta causa el JARC solicita que la caza sea considerada como actividad esencial, por el papel que juega en el mantenimiento de territorio y el equilibrio de los ecosistemas.

A causa de las actuales restricciones la caza menor solo se puede practicar en el mismo municipio o limítrofe, provocando que en muchas zonas donde no hay suficientes cazadores proliferen algunas especies de fauna salvaje de manera descontrolada. En otras ocasiones, los cazadores no puedan ir a los cotos donde son socios, o prefieren no actuar por no tener clara la normativa.

Por este motivo, el sindicato JARC propone que se permita, mediante justificante responsable, que los cazadores puedan moverse por los municipios que estén incluidos en un coto, acreditando su afiliación al coto en cuestión, aunque no sean limítrofes con su municipio de residencia para ayudar a intentar acabar con las actuales plagas de fauna salvaje.

El lobo, futura especie protegida en España

Al parecer, la  idea que maneja el Gobierno es la de tener el plan preparado antes de final de año para que las poblaciones españolas de lobo ibérico puedan gozar de la misma protección que en Portugal. El Ministerio se apoya en un informe de expertos como guía para tomar esta decisión, en el que se especifica que el lobo “debe estar incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPE)»

Al parecer,la declaración del lobo como especie protegida va a ir acompañada de una «serie de medidas compensatorias» como, por ejemplo, fondos económicos destinados a los ganaderos que se vean afectado por ataques del lobo a sus rebaños.

Actualmente, el lobo ibérico tiene dos categorías de protección en España: al sur del río Duero no está permitida su caza y está incluido en el LESPE, mientras que al norte del mismo, donde se ubica entre el 70 y el 80 por 100 del total de ejemplares, estos carnívoros sí están considerados como especie cinegética y, consecuentemente, pueden ser objeto de caza.

Paralelamente, la Administración de Donald Trump confirmó la semana pasada que los lobos ya no serán una especie protegida en Estados Unidos, revocando una clasificación aprobada en 1978 ante su virtual extinción y exponiéndolos más a la caza indiscriminada. El anuncio se produce días antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, cuando muchos congresistas republicanos del Medio Oeste, con estados cruciales, reclamaban que se sacara al lobo de la lista protegida. El señor David Bernhardt, Secretario del Interior, afirmó que: «después de más de 45 años bajo un estatus de especie protegida, el lobo gris ha excedido todos los objetivos de preservación en vista de su recuperación»,

La población de lobos (Canis lupus) en Estados Unidos (excluyendo a Alaska y Hawái) ha aumentado a 6.000 individuos, según el Departamento del Interior, contra menos de 1.000 en 1967.  El lobo se volvió a expandir en la región de las Montañas Rocosas y comenzó a regresar al oeste. Bajo la presidencia de Barack Obama, ya había perdido su estatus de protegido en Idaho y Montana.

Ahora, quedará en los estados decidir cómo manejar las poblaciones de lobos, autorizando o no la caza y las trampas. Solo el «lobo mexicano», presente en el suroeste, permanecerá protegido a nivel federal.

La comunidad científica y también un gran número de funcionarios electos, ciudadanos y activistas, se han opuesto frontalmente a la mencionada revocación dado que el lobo en Estados Unidos aún no ha recuperado todo su hábitat histórico.

 

La caza, reclamada como actividad esencial

 

Nada menos que 67 entidades representativas del mundo rural han reclamado al Gobierno que declare la caza como actividad esencial. Lo han hecho la semana pasada en un escrito remitido al presidente Sánchez donde pide que incluya los desplazamientos puntuales de los cazadores entre las excepciones ante posibles confinamientos (los confinamientos y las limitaciones de movilidad que ya están sufriendo muchos cazadores están poniendo en riesgo un gran número de acciones cinegéticas. y reclaman una declaración oficial de la caza como una actividad esencial.

El escrito, que está acompañado por un informe técnico del catedrático de Sanidad Animal e investigador del IREC (Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos), don Christian Gortázar, apoyado por entidades que representan a los sectores agrícolas, ganaderos, alimentarios y cinegéticos de nuestro país y, paralelamente, recuerda los posibles efectos que tendría la paralización de la actividad cinegética en algunas zonas de España cuando acaba de arrancar la nueva temporada.

Ante esta situación, alertan de las graves consecuencias que tendría un descenso significativo de la caza durante los próximos meses asociado a las restricciones por la pandemia. Alegan que “ocasionarán, sin duda, una superpoblación de algunas especies silvestres (conejos, corzos, ciervos, cabras hispánicas, jabalíes…) con consecuencias ambientales, económicas, de salud pública y de sanidad animal nefastas para España”. En este sentido, señalan que es especialmente destacable el impacto en la sobreabundancia de jabalíes.

También son previsibles de no actuarse con prontitud y adecuadamente, los cuantiosos daños en los cultivos y producciones ganaderas, ya que se multiplicarán las afecciones en las cosechas de cereales, leguminosas, pastos, etc., pero también en infraestructuras de riego y rurales, así como los ataques a las producciones ovinas y caprinas en extensivo.

Otro efecto previsible de la disminución de la actividad cinegética es la generación de desequilibrios ecosistémicos. En esta línea, el documento remitido al señor  Pedro Sánchez pone de manifiesto que “la imposibilidad del control poblacional cinegético en el ecosistema agrosilvopastoral nacional supone un descontrol de la capacidad de carga del medio natural, con severas afecciones a especies sensibles, vulnerables o en peligro de extinción”.

También está el efecto directo sobre el mundo rural, con importantísimas pérdidas económicas y de empleo en zonas que, además, están en especial riesgo de abandono demográfico.

Finalmente  las entidades representativas del mundo rural recuerdan al Presidente del Gobierno que hay que tener también en cuenta que por sus características propias y las condiciones en las que se desarrolla, la caza no es una situación “de riesgo” de transmisión del coronavirus. En efecto, gracias a las medidas de protección empleadas no hay posibilidad de contactos estrechos.

Seguirá la caza del lobo al norte del Duero

La Junta de Castilla y León informó el jueves pasado que la Sala de lo Contencioso administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado la medida cautelar de suspensión de la vigencia del Plan de aprovechamientos comarcales del Lobo al Norte del Duero, solicitada por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), si bien todavía tiene que pronunciarse sobre el recurso presentado por la organización.

Según han señalado fuentes de la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, el auto judicial «admite la argumentación formulada por la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, aplicando por primera vez la doctrina marcada recientemente por el Tribunal Supremo que declaró la legalidad del Decreto de la Junta de 2015 que regulaba la caza».

El plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero en la Comunidad hasta 2022 y permite la caza en estas tres campañas, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022, de un total de 339 ejemplares.

ASCEL, según han recordado las mismas fuentes, había presentado recurso contencioso contra la Resolución de 9 de octubre de 2019 de la Dirección General del Patrimonio Natural y Política Forestal por la que se aprueba el Plan de aprovechamientos comarcales del lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del Río Duero en Castilla y León para las temporadas anuales desde 2019 hasta 2022 y había solicitado la suspensión cautelar de su vigencia mientras se resolvía el recurso.

Ahora, la Sala de Valladolid, mediante un auto de 8 de junio, no acepta dicha suspensión, y aplica para ello la doctrina marcada por la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de este año que declara la legalidad del Decreto de 2015 de la Junta de Castilla y León por el que se regulaba la conservación de las especies cinegéticas, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.

La Consejería de la Presidencia incide en que si el Decreto se ha declarado legal, «ya que contaba con los estudios suficientes que avalaban el carácter cinegético de las especies declaradas cazables, y entre ellas estaba el lobo«, ahora la Resolución de la Dirección General, «sin perjuicio de lo que se pueda resolverse en la futura sentencia, también cuenta con esos estudios importantes«.

Los Servicios Jurídicos de la Junta señalaban que constan en el expediente de aprobación de la Resolución «un amplio anexo que contiene el censo regional del lobo 2012-2013, el inventario de manadas, la estimación poblacional, la valoración de la mortalidad no natural, la exclusión de aprovechamiento cinegético de determinadas comarcas loberas o, entre otros, la clasificación de las comarcas loberas y porcentajes de extracción, que deben considerarse suficientes a la hora de determinar su caza limitada«.

El comunicado incide en que «así lo admite la Sala«, que, «ponderando los intereses en juego de ambas partes, considera más necesario de protección el interés público perseguido por la Junta de Castilla y León».

La Junta de Andalucía aprueba medidas cinegéticas excepcionales

El conejo silvestre es una especie clave de los ecosistemas mediterráneos, considerándose como el principal recurso trófico de muchas especies amenazadas y uno de los mejores indicadores biológicos del territorio. Su amplia distribución histórica ha permitido, además, que la caza del mismo sea una de las actividades cinegéticas con mayor tradición en Andalucía y en otras muchas regiones de España, y la pieza de caza menor más frecuentemente cobrada por los cazadores, lo que refrenda la importancia socioeconómica y ambiental que juega esta especie en la región

No obstante, las poblaciones de conejos de monte en Andalucía tienen, al igual que en otras regiones de España, una distribución tremendamente irregular presentando lugares con gran escasez de ejemplares junto a terrenos con excesiva densidad incluso en territorios contiguos. Allí donde presentan una alta densidad de ejemplares su presión sobre los recursos y la agricultura hacen que se puedan llegar a considerar plaga local por los efectos que producen.

115 términos municipales

Por esta razón la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible d la Junta de Andalucía ha vuelto a aprobar un conjunto de medidas cinegéticas para controlar el incremento de las poblaciones de conejo silvestre y evitar así daños en cultivos e instalaciones agrícolas en zonas con presencia o alta densidad de ejemplares de esta especie. Estas actuaciones se realizarán en un total de 115 términos municipales de las provincias de Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla.

La resolución, publicada en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 3 de junio, se aplicará hasta la finalización de la temporada de caza 2020-2021. A ella podrán acogerse los titulares de los cotos que tengan incluidos en sus planes técnicos de caza el control de los daños causado por el conejo silvestre y cuyos terrenos se localicen en algunos de los municipios afectados.

La captura de conejos se podrá llevar a cabo en vivo con hurón y redes, y mediante capturadero durante toda la temporada cinegética. Cuando se realice con armas de fuego o con aves de cetrería, el periodo hábil se amplía desde el 30 de noviembre hasta el 25 de abril, siendo hábiles los jueves, sábados y domingos con arma de fuego y hasta el 26 de abril todos los días con ave de cetrería. Para el empleo de perros, dicho periodo abarca desde el 30 de noviembre hasta el 7 de febrero. No obstante, las delegaciones territoriales competentes podrán autorizar excepcionalmente el empleo de otros medios de captura, de acuerdo con lo contemplado en la Ley de la Flora y la Fauna Silvestres.

Además, a lo largo del nuevo periodo hábil de caza del conejo, que en esta ocasión transcurre desde el 9 de agosto al 29 de noviembre, se aplicarán las medidas contempladas en los planes técnicos de caza, así como las fijadas en la Resolución de 5 de mayo de 2020 por la que se publican los periodos hábiles de caza para la temporada 2020- 2021 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Una cuestión a tener en cuenta es que se incorpora la posibilidad de trasladar los conejos dentro del propio coto cuando así esté contemplado en el Plan Técnico de caza y siempre que se produzca a lugares distanciados donde la especie no pueda causar daños. Igualmente, se ha incorporado la posibilidad de destinar los ejemplares al autoconsumo.

Cuando el destino de los conejos capturados sea para la repoblación de otros cotos, deberán adoptarse medidas preventivas, así como cumplir la normativa vigente en materia de sanidad animal, transporte y comercialización en vivo de especies cinegéticas

La caza y la Fase 1

 

Rectificar es de sabios. La Real Federación Española de Caza (RFEC) solicitó al Ministro de Sanidad que incluyera la caza dentro de las actividades deportivas de ocio y naturaleza que se pueden practicar en la Fase 1 de la desescalada, y una explicación por marginar esta actividad frente a otras que sí se han permitido en la Orden SND/399/2020 publicada el 9 de mayo. Desde la RFEC se criticó a Sanidad la incongruencia de autorizar, en el artículo 47, el turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta 10 personas y que no se permitiese la caza ni siquiera a título individual, cuando la actividad cinegética en primavera no supone ningún riesgo de contagio de COVID-19 al practicarse al aire libre y de forma individual.

Finalmente, se ha autorizado, a partir de ayer, día 18 de mayo, la caza y la pesca, en la Fase 1.

Abrir la caza en la Fase 1  ha supuesto aliviar los trámites administrativos que regían para realizar el control de especies cinegéticas por daños a la agricultura, así como realizar un control más efectivo de las poblaciones. Su exclusión no tenía ninguna explicación técnica ni de salud pública, sino que, por el contrario, se estaba favoreciendo que se perpetuaran los daños y los riesgos de accidentes y problemas sanitarios de la fauna.

Recordemos que la actividad cinegética genera 186.000 puestos de trabajo al año en el mundo rural y 6.500 millones de euros de PIB. “No reanudar la caza en la Fase 1 hubiera sido negar que muchísimos pueblos que viven de los ingresos de la caza pudieran restablecer su economía y empleos, en unos momentos en que la actividad empresarial está pasando por una más que gravísima situación”, señaló, en su momento, el presidente de la RFEC, Ignacio Valle.

Si el Ministerio de Sanidad no hubiera modificado su posicionamiento inicial ni ofrecido una explicación convincente para todo el colectivo cinegético, los asesores jurídicos de la RFEC habrían estudiado la posibilidad de plantear un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

Ahora, con esta rectificación las aguas han vuelto a su cauce.

Carlos Buxadé Carbó.
Catedrático de Producción Animal.
Profesor Emérito.
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Alfonso X el Sabio