Las expectativas del sector pesquero

De acuerdo con la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), las expectativas del sector pesquero a corto plazo se sustentan en la próxima apertura del canal HORECA, que traerá consigo el incremento de la venta de mariscos y pescados Premium, así como la flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del Estado de Alarma (asunto que está abordando en este momento la mesa del diálogo social), para que el rescate de los trabajadores se pueda producir progresivamente en función de cómo se vayan recuperando los niveles de actividad tanto en el mar como en los mercados y tiendas minoristas.

Los responsables del Comité de Crisis del sector, integrado por CEPESCA, la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), consideran en estos momentos que solo garantizando la flexibilidad laboral se podrá proteger tanto el futuro de las empresas de la cadena como el de sus trabajadores.

El inicio del plan de desescalada decretado por el Gobierno ha coincidido con un brusco descenso del precio de la merluza, el gallo o el rape en primera venta, que en las grandes superficies no se está trasladando al precio de venta al público. 

Esta caída de precios es en gran medida una consecuencia directa de la entrada en España de pescado procedente de Irlanda y de Escocia, cuyo destino habitual es Francia, país que durante la pandemia está dando prioridad a su producto nacional.

Aumento del consumo de pescado

Ante la situación generada el Comité de Crisis anima a los consumidores españoles y a las empresas de distribución a apoyar a nuestras flotas comprando pescado capturado por buques españoles, que es un pescado legal, sostenible y saludable.  En este sentido, cabe reseñar el aumento del consumo de pescado en los hogares que, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha crecido un 25,8 por 100 en lo referente al congelado y un 21,4 por 100 al producto fresco, en comparación con la misma semana del pasado año 2019. Así, por segunda semana consecutiva, el pescado fresco obtiene incrementos de consumo superiores al 20 por 100 desde el inicio de la crisis.

Paralelamente, hay que señalar que el problema más acuciante del sector en los buques de pesca de altura que trabajan en aguas de terceros países y alta mar sigue siendo el relevo de las tripulaciones, debido a las dificultades a la hora de enviar y recoger tripulantes por avión a los aeropuertos de los terceros países que también han declarado el estado de alarma. En este sentido, el sector agradece a la Secretaría General de Pesca las gestiones que está realizando con el Ministerio de Asuntos Exteriores para facilitar los relevos.

A estos problemas, se suman las dificultades que sigue teniendo el sector para acceder a los test serológicos de detección del COVID-19. Los armadores continúan esperando el permiso del Gobierno (que solicitaron con urgencia hace ya dos semanas) para comprarlos directamente ante los problemas del Ejecutivo para suministrárselos, pese a ser un sector esencial.

Además de proteger a los trabajadores del mar, la realización de pruebas previas al embarque a los tripulantes de los buques de larga distancia facilitaría el desembarco de sus capturas en puertos de terceros países, ya que la presentación de dichas pruebas sería acreditación suficiente para justificar la entrada a puerto sin riesgo para la población local.

Actualmente, los pescadores salen a faenar sin otras medidas de protección que las que proporcionan de manera particular armadores, tripulantes y los propios trabajadores, y lo hacen tanto por su compromiso de abastecimiento a la población, que continúa garantizado, como para seguir contando con ingresos para el pago de plantillas e impuestos.

En lo que se refiere a los minoristas, una de sus principales preocupaciones es la ausencia de ayudas oficiales a aquellas empresas (básicamente pymes y autónomos) cuyas pérdidas no alcancen el 75 por 100 de la facturación. Muchas de estas empresas registran caídas de ventas de entre el 30 por 100 y el mencionado 75 por 100 que es el límite, con lo que pierden su rentabilidad, y tienen que seguir pagando sus cuotas de autónomos.