Don Luis, ¡un descafeinado, por favor!
Me gustan los políticos de casta. Frente a una mayoría actual de “bienquedaos”, políticamente correctos y planos a base de esquivar cuestiones peliagudas y de huir de cualquier tema que pudiera derivar en problema, personalmente, me gustan los que son decididos y que abordan los temas con determinación sin miedo a mojarse. Eso sí, siempre, con buenas formas y con el máximo de los respetos.
En su momento, escribí sobre los aciertos y errores del ministro Miguel Arias Cañete, tan correoso como altivo, que fue capaz de acertar en el diagnóstico e impulsar, nada más y nada menos que hace 7 años, la Ley para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria. Cañete, como le conocíamos todos, fue ministro del 2011 al 2014 y en ese trienio impulso un par de leyes importantes, si bien en este caso, me quiero referir a la Ley de Cadena Alimentaria que supuso una buena cimentación para una construcción que nadie quiso posteriormente continuar, ni los de su partido ni los adversarios.
Tras la moción de censura a Mariano Rajoy, llegó al ministerio agrario el andaluz Luis Planas, viejo conocedor de la materia por su experiencia como consejero del ramo además de un sonriente profesional, excelente capeador y experto anotador que todo lo apunta, al parecer, en el aire. Pues bien, la crisis estructural del campo, principalmente, debida a la falta de rentabilidad de una actividad económica donde los precios son irrisorios y son fijados de atrás para adelante, de la distribución al productor inicial, reventó hace unos pocos meses en unas sorprendentes movilizaciones que llevaron, con sus tractores, el acuciante problema a puertas del Caserón de Atocha dejando sin margen de maniobra y sin posibilidad de escaquearse al plano ministro.
Como decía, los agricultores con sus tractores, pusieron el problema del campo en los titulares del Telediario y consiguientemente no faltaron políticos que, queriéndose apuntarse un tanto, emularon al president Quim Torra cuando les decía a los de los CDR “Apretad, hacéis bien en apretar”, por lo que, al señor Ministro no le quedó más remedio que agarrar el toro por los cuernos y presentar un proyecto de ley de medidas urgentes entre las que destacaban los puntos que reformaban la Ley de la Cadena Alimentaria.
La principal novedad consiste en obligar a que cada operador abone al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción que es incluido en el momento de fijar el precio acordado en el contrato alimentario. Hasta el momento, la Ley contemplaba la toma en consideración de factores “objetivos, verificables y no manipulables” pero sin hablar de los costes efectivos de producción. Incluso, se obliga a insertar una mención expresa que el precio pactado (perdonen el descojono) cubre el coste efectivo de producción.
En mi opinión, si bien el objetivo de la reforma es loable e imprescindible, tengo que reconocer que tiene su complicación en la aplicación real en un sector tan amplio y diverso como es el mercado alimentario, ahora bien, creo que, bien directamente en la propia ley bien a través de una normativa posterior que cuelgue de esta reforma, se puede impulsar una normativa que recoja las diferentes realidades y casuística que se dan a lo largo y ancho de la península. Cada una de las explotaciones, sean del subsector productivo que sean, tiene costes diferentes del de su vecino colindante pues depende la múltiples factores que inciden en la forma de trabajar y en el modo de producir de cada uno de ellos. Ahora bien, basándose en los múltiples análisis de costes que vienen desarrollando estos últimos años bien desde las propias instituciones bien desde organizaciones interprofesionales, universidades, etc. creo que es factible que se puedan fijar una serie de costes en función de variables geográficas, modos de producción, etc. que permitan contar con precios medios basados en la realidad. Es complicado, lo sé, pero no imposible y por ello urge que, entre todos, nos pongamos manos a la obra. La tarea es titánica pero nuestra gente, los productores se merecen, eso y más.
Ahora bien, como siempre, mantener la unidad resulta complicado y así, observamos cómo estos últimos días surgen voces que rechazan la reforma de la Cadena Alimentaria alegando que si se les obliga a asegurar el pago al agricultor por encima de los costes de producción, la producción agraria deja de ser competitiva frente a productores de otros países, por ejemplo Marruecos, que, a la postre, nos desplazarían de los mercados europeos.
Oigo decir estas cosas y me pregunto, ¿de qué vale inundar los mercados europeos con productos abonados al productor por debajo de costes si resulta que este sistema es insostenible para la base del negocio, ósea, para el agricultor? ¿Es lógico abonar al agricultor por debajo de costes cuando el resto de la cadena (transportistas, empleados de cooperativa-industria, comerciales, directivos, distribución, etc.), son capaces de cubrir costes y, aunque poco, de obtener beneficios?
¿Para quienes trabajan ustedes, para los productores o para el resto de la cadena?
No soy tan ingenuo como para no percatarme que, muchas veces, la suerte del productor depende de la suerte del resto de agentes que conforman la cadena pero, igualmente, tampoco soy tan ingenuo como para no percatarme que, en excesivas ocasiones, muchos directivos y muchas entidades olvidan cuál es el fin último de su razón de su ser, la rentabilidad y el bienestar de sus productores.
Ahora bien, y con esto finalizo, les advierto que, más que el ruido de estas voces sectoriales que han soliviantado a muchos productores, lo que me preocupa realmente es el silencio de alguna otra gente, poderosa a más no poder, que sigilosamente andará medrando en pasillos ministeriales para que esta reforma no vea la luz o cuando menos, para retrasarla hasta el infinito o, lo que es peor, descafeinarla del todo y así, pierda todo su sentido.
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