Agricultura y ganadería: urge un modelo

Avanzan las negociaciones para la futura Política Agraria Común (PAC) para el período 2028-2024 y cada vez queda menos tiempo para trabajar desde los Estados Miembros, en Bruselas, a nivel técnico, y también político, en esos contactos informales con la Comisión Europea y con la presidencia de la UE – que en breve ostentará Irlanda -, que tanto sirven para influir en la evolución de las propuestas de los reglamentos de la Comisión.

Independientemente de que las negociaciones en el Consejo, tanto sobre el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) como sobre la PAC, todavía no avanzan a velocidad de crucero y no han empezado a absorber todo el tiempo de los ministros, y que después habrá tiempo de negociar en el Parlamento Europeo desde planteamientos más ideológicos, las posiciones de los diferentes Estados Miembros empiezan ya a conocerse y es el momento de hacer propuestas y poner encima de la mesa las prioridades de cada país.

La complejidad de este nuevo período es, además, mayor, que la del 2023-2027, al englobarse la PAC en el nuevo Programa para la Colaboración nacional y regional, financiado con un fondo único -lo que supone la desaparición de FEAGA y FEADER y de los dos pilares actuales de la PAC- junto con otras políticas y prioridades, lo que obligará a una coordinación exhaustiva entre distintos ministerios, y con las Comunidades Autónomas, para establecer prioridades y distribuir los recursos disponibles.

A estas alturas, pues, y en lo que respecta a la PAC, urge definir en España nuestro modelo de agricultura y ganadería, el que responde mayoritariamente a la realidad de nuestro territorio, el que se apoya en las explotaciones familiares que generan el empleo y distribuyen la riqueza en nuestro medio rural.

Es preciso hacerlo cuanto antes, pues sin hacerlo, no se podría negociar la PAC que más pueda interesar a España, cuya aplicación debe hacerse en función del modelo de explotación prioritario, al que deben dirigirse, de manera mayoritaria, las ayudas de la nueva política.

Para definir el modelo, una herramienta muy útil -la mejor, sin duda- sería la elaboración -y aprobación posterior- de la Ley de Agricultura Familiar, comprometida en reiteradas ocasiones por el presidente del gobierno.

La Ley debe servir para definir el modelo de agricultura familiar -que podría hacerse en contraposición a las explotaciones gestionadas por fondos de inversión o grandes empresas, cuyos negocios, legítimos, por supuesto, no deben ser beneficiarios de ayudas públicas en la PAC-, elemento vertebrador del sector y de nuestro medio rural. A estas explotaciones deberían dirigirse las actuaciones -y prioridades en la negociación- de la futura PAC.

Las explotaciones familiares son, hoy, muy diferentes a lo que eran hace unas décadas y en muchos casos, cuentan con la colaboración de trabajadores asalariados y pueden tener, además, personalidad jurídica, en forma de sociedades limitadas o anónimas, por ejemplo.

Deben tratarse de explotaciones gestionadas por profesionales agrarios. Para poder definirlas en la Ley, igual que en este período de la PAC 2023-2027 se hizo para la definición de agricultor activo, pueden utilizarse los datos de las declaraciones del IRPF y del impuesto de sociedades, en su caso.

Experiencias como las leyes de agricultura y ganadería familiares de Aragón y Castilla-La Mancha, aprobadas hace unos años, pueden ser de extraordinaria utilidad para afrontar este desafío a nivel nacional. Para ello, hay que contar, desde el primer minuto, con la participación de las organizaciones profesionales agrarias.

No hay tiempo que perder.

¡Ojalá esta nueva PAC sirva para hacer más viables, rentables y competitivas, nuestras explotaciones familiares!

Francisco Martínez Arroyo
Ingeniero Agrónomo del Estado
Vocal Asesor del MAPA