El Mar Menor… y sus derechos

Lo he manifestado públicamente muchas veces y lo volví a poner de manifiesto la semana pasada en el marco de mi actividad docente. En ciertas oportunidades, desgraciadamente, España, a pesar de formar parte desde hace años, afortunadamente, de la Unión Europea (U.E.-27), sigue comportándose y/o actuando, como un país “tercermundista”. En estos casos, las distintas administraciones que, no se olvide, pagamos entre todos, hacen cada una a su nivel una reiterada dejación de sus funciones.

Recordemos, por ejemplo y poniendo “hilo a esta aguja”, que, a principios del año 2024, la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La razón es que manteníamos 195 vertederos ilegales que aún no habían sido cerrados, ni sellados ni restaurados desde que fueron identificados y denunciados, nada menos que en el año 2008.

Ahondando en este tema, en el pasado año 2025 se detectaron en nuestro país más de 17.000 vertidos ilegales, aunque no es improbable que la realidad pueda llegar a superar ampliamente esta cifra.

Y, en este marco, como ya lo he comentado en más de una ocasión en alguna de mis notas publicadas en el Boletín de ÁGORA TOP GAN, el Mar Menor puede ser, tal vez, un ejemplo del “tercermundismo” al que hacía referencia en el primer párrafo de esta nota.

Es verdad que, en este caso, no sólo es responsable del grave problema generado, desde hace muchos años en el Mar Menor, el sector agrario; también lo son, entre otros, empresas no agrarias, el exceso de población, especialmente en los periodos vacacionales y las afluencias turísticas masivas.

Afortunadamente, mañana, día 20 de mayo del presente año 2026, no sólo se juzgarán en la Audiencia Provincial de Murcia unos importantes vertidos ilegales al Mar Menor; también se establecerá o, al menos esto espero, algo muy importante: si un ecosistema con derechos propios tiene la capacidad legal de defenderse ante un tribunal y exigir la reparación de los daños sufridos.

El Mar Menor tiene personalidad jurídica propia gracias a una Iniciativa Legislativa Popular, respaldada por más de 600.000 firmas, Consecuentemente, ha pasado de ser un bien protegido por las administraciones (lo de “protegido” .., es un decir) a ser titular de y con derechos propios de protección conservación y restauración, actuando, en esta oportunidad, como acusación, como lo manifiestan todos los colectivos que impulsan y apoyan la defensa jurídica del Mar Menor.

Mañana se juzgará a las empresas agrícolas Ecosarete s.l. y Datelío s.l., porque, de acuerdo con las diligencias incorporadas al procedimiento entre los años 2015 y 2017 habrían desalado más de 649.000 metros cúbicos de agua y producido más de 162.000 metros cúbicos de rechazo salino (altamente contaminante, con elevadas concentraciones de nitratos) que terminaron en la cuenca del Mar Menor.

Estamos ante la “punta de un muy importante iceberg”; de la macro – investigación, abierta hace años y conocida como “Caso Topillo” en la que se investiga la contaminación por nitratos y salmueras, originadas por desalobradoras ilegales ubicadas en el Campo de Cartagena. El objetivo es analizar individualmente la responsabilidad de empresas agrícolas y también no agrícolas.

No es una cuestión sencilla, porque hay muchos intereses y también muchas tensiones.

En este sentido, no se minusvalore el hecho de que en una vista preliminar relacionada con la mencionada macro – investigación, el juzgado no citó formalmente a los representantes legales de la laguna y sí permitió que se cerrara un “acuerdo de mínimos” entre la Fiscalía y la defensa.

Estaremos muy pendientes de lo que sucede a partir de mañana, el Mar Menor y el Campo de Cartagena, se lo merecen.

Carlos Buxadé Carbó.
Catedrático de Producción Animal.
Profesor Emérito ETSIAAB – UPM
Académico Numerario de la Real
Academia de Doctores de España