Agua sostenible

Ahora que estamos entrando de lleno en el otoño y se activan las precipitaciones por todo el país, tras un año pasado muy lluvioso, y con más reservas de agua de lo que es habitual, es, quizá, el mejor momento para hablar de agua.

Hace unas semanas tuve la oportunidad de participar en un taller sobre utilización del agua en el marco del proyecto “Semillas del cambio”, de Cajamar, del que presentamos los resultados la semana pasada en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid.

En este proyecto se ha puesto de manifiesto que, probablemente, el principal reto de la política del agua en nuestro país es el de la compatibilidad de usos. La prioridad está clara en la normativa estatal al respecto: primero hay que garantizar el consumo de boca, después las cuestiones medioambientales en cada una de las cuencas (caudal ecológico suficiente, depuración de las agua y preservación del buen estado de acuíferos y aguas superficiales, principalmente), y, en tercer lugar, su utilización para el desarrollo de las actividades económicas en el territorio.

La agricultura y la ganadería son las actividades económicas que hacen un mayor uso del agua. Alrededor de un 75% de toda el agua consumida en España, tiene una utilización agraria. Sin duda, la producción de alimentos es una actividad imprescindible, y el agua se utiliza -no se consume- para este fin.

En un país como España, además, en la mayor parte de nuestro territorio, el futuro del sector agrario pasa por el acceso al agua. Es difícil imaginar, en algunas zonas, explotaciones profesionales únicamente en secano. Garantizar el agua para nuestros agricultores y ganaderos debe ser un objetivo político prioritario. Al tiempo que se protegen los espacios naturales -como por ejemplo el Mar Menor, Doñana o las Tablas de Daimiel, por citar los más emblemáticos- y las distintas cuencas hidrográficas.

Es posible. Es preciso, para ello, incidir en la gobernanza del agua, mejorando la cooperación entre administraciones e intereses ambientales y económicos, contando, sin duda, con los usuarios. En dicha gobernanza, un elemento clave es la planificación, que debe establecerse con la participación de todos los actores implicados.

En materia de agricultura es necesario asumir un principio básico: que el agua es un bien público y su acceso, un derecho de todos. Y una de las cuestiones pendientes es la creación de bancos públicos de agua para hacer, de alguna forma, efectivo este derecho, y permitir que jóvenes y profesionales puedan disponer de agua en sus explotaciones. Es también, en definitiva, una forma de redistribuir la riqueza a través del agua, para lo cual, además, se deben priorizar los regadíos sociales.

El control efectivo del agua utilizada -y el cumplimiento estricto de las concesiones-, así como la reducción del agua utilizada por hectárea -donde se ha avanzado mucho en las últimas décadas; ya, el 60% de los 3,7 millones de hectáreas en regadío en España disponen de riego localizado- son elementos imprescindibles de la política en materia de agua.

Por otra parte, la utilización de aguas depuradas o desaladas, allí donde sea posible, es otro reto para afrontar, en el que se han producido ya importantes avances, aunque todavía insuficientes. Esto conllevaría, una menor explotación de los acuíferos y la reducción de las comunicaciones entre cuencas, todas ellas en dificultad durante los períodos de sequía y en determinados momentos de año.

Es muy importante la implicación del sector agrario, que debe asumir también el papel de las organizaciones que defienden la preservación del medio ambiente, de las cuencas hidrográficas y de los espacios naturales asociados al agua.

Y, sin duda, contar con el apoyo del conocimiento científico en todas las decisiones que se adopten.

No son pocas cosas. Y es buen momento, con las lluvias, para reflexionar sobre ellas.

Francisco Martínez Arroyo
Ingeniero Agrónomo del Estado
Vocal Asesor del MAPA