Verano de incendios

Este verano y, particularmente, el mes de agosto, ha sido muy negativo en cuando a incendios forestales. Se trata del peor estío para las estadísticas de superficie calcinada, municipios afectados, y fallecidos -cuatro personas han perdido la vida a consecuencia de los incendios- en décadas.

Más allá de las gravísimas consecuencias medioambientales y, por supuesto, de la pérdida de vidas humanas y la destrucción de viviendas en algunos pueblos, la sensación general es que los medios han sido insuficientes durante la extinción. También queda la impresión de que las labores de prevención en las zonas afectadas han sido casi inexistentes a lo largo de todo el año.

Conviene recordar siempre -y más después de lo que ha sucedido- que la competencia en prevenir y combatir los incendios forestales es exclusivamente -sic- de las Comunidades Autónomas. Dicho esto, queda claro de quien es la responsabilidad política, en cada caso. Cierto es que no son ni los presidentes de las Comunidades Autónomas ni los consejeros de medio ambiente, los responsables de que se origine un fuego, pero si son los responsables políticos, y sus decisiones pueden ayudar más o menos a que haya incendios, y más o menos a que se apaguen con prontitud.

Y así, donde se invierte en prevención, existe un dispositivo de extinción formado y profesional y el sistema queda en manos de la administración pública -con el único objetivo de evitar y extinguir los incendios forestales; sin ánimo de lucro mediante-, la extinción de un incendio forestal suele ser más eficaz.

Así lo decidimos en Castilla-La Mancha en los años en los que tuve el honor de ser consejero de medio ambiente. Reforzamos el cuerpo de agentes medioambientales, convocando nuevas plazas de acceso a la función pública, creando la figura de los coordinadores provinciales, aumentamos, de 9 a 12 meses, la duración de los contratos de todos los trabajadores de la empresa pública GEACAM, para aumentar las tareas de prevención de incendios; y se estableció una nueva estructura para la gestión del dispositivo, liderada por ingenieros de montes e ingenieros forestales.

Lamentablemente, no es este el caso de regiones como Castilla y León, donde hasta 38 empresas -sic- trabajan en tareas de extinción cada verano -tras el desmantelamiento del servicio público-, sin labores de prevención y con una lógica descoordinación, que en nada ayudan a la lucha contra el fuego.

Ha sido un agosto terrible. Se han calcinado, en el conjunto de todos los episodios, más de 360.000 hectáreas, afectando principalmente al oeste del país, el equivalente a cerca de la mitad de toda la superficie de la Comunidad de Madrid.

El fuego, no solo, ha arrasado nuestros bosques, sino también superficie agraria, unas 32.000 hectáreas, incluyendo viñedos tan simbólicos como los de la Ribeira Sacra, con sus pendientes imposibles, en los márgenes del río Sil. En total, los incendios han afectado a superficie agraria en 440 términos municipales.

Particularmente relevantes han sido los daños en la ganadería, afectando a unas 4.000 explotaciones de 218 municipios. Una parte muy importante de los daños en el sector ganadero se han concentrado en Ourense (2.542 explotaciones), destacando también el impacto en Cáceres (645 explotaciones), León (256), Zamora (201) y Salamanca (112).

Los incendios descontrolados, como los acaecidos este verano, consecuencia del cambio climático, serán cada vez más frecuentes -y más difíciles de controlar- si no nos concienciamos de la necesidad de invertir en prevención, mejorar la formación, el salario y la coordinación en la extinción, y, en el sector agrario, de aumentar la contratación de seguros para los profesionales -conviene recordar que el incendio es un riesgo cubierto en todos los seguros agrarios, en las líneas agrícolas, forestales y ganaderas (seguros de accidentes y enfermedades y seguro de retirada de cadáveres)-.

Ahora que se han pagado los incendios, gracias al trabajo de miles de bomberos forestales, agentes medioambientales, ingenieros y personal de la UME, convendrá recordar lo qué ha sucedido y tomar las medidas -en forma de decisiones políticas- para que no vuelva a ocurrir, y que, si sucede, el impacto sea el mínimo posible.

La vida de nuestro medio rural y las explotaciones de nuestros agricultores y ganaderos están en juego.

Francisco Martínez Arroyo
Ingeniero Agrónomo del Estado
Vocal Asesor del MAPA