Una propuesta desconectada de la realidad: en juego el futuro del transporte de animales vivos (II)

Continuando con lo expuesto en a primera parte del presente artículo (boletín nº 245), el problema va mucho más allá de lo logístico: es un ataque directo al modelo productivo.

Obligar a sacrificar a los animales dentro de un radio de 9 horas anula la libertad para elegir el centro de sacrificio, obligando a trabajar con los pocos mataderos que queden operativos dentro del límite legal. Esto provocará una concentración de la actividad en unas favoreciendo posiciones de monopolio y rompiendo toda posibilidad de competencia justa en el mercado.

Esta medida contradice frontalmente los principios de libre mercado que defiende la Unión Europea, y que deberían estar garantizados para todos sus Estados miembros. No puede defenderse la integración europea mientras se imponen normas que restringen la libertad económica en función del territorio.

El resultado es tan evidente como alarmante: aumento de costes, pérdida de poder de negociación para los ganaderos, reducción en la calidad del servicio y cierre progresivo de mataderos e infraestructuras fuera del “radio legal”.

Un reglamento que se presenta como técnico, pero que en realidad perjudica al conjunto del sector impactando al tejido productivo, social y económico que sostiene al medio rural español.

La limitación del transporte de animales durante las horas diurnas cuando la temperatura exterior supera los 30 °C es una medida arbitraria, desproporcionada y técnicamente insostenible. Ignora por completo los avances tecnológicos que ya forman parte del sector: la mayoría de los camiones actualmente en circulación cuentan con sistemas de ventilación forzada, sensores térmicos y controles automáticos de temperatura, diseñados específicamente para mantener condiciones óptimas en el interior del vehículo, incluso en escenarios de calor extremo.

Aplicar una restricción general basada únicamente en la temperatura ambiental exterior, sin valorar la temperatura real dentro del habitáculo ni los sistemas de refrigeración instalados, carece de sentido técnico y evidencia un enfoque normativo desconectado de la realidad operativa.

A ello se añade otra medida igualmente problemática: la obligación de detener el transporte durante 24 horas en un centro de parada cuando se superan las 21 horas de trayecto. Esta imposición implica más procesos de carga y descarga, precisamente los momentos que generan mayor estrés, riesgo de lesiones y sufrimiento para los animales. Además, se incrementa el riesgo sanitario, ya que muchos de estos centros no cuentan con las condiciones de bioseguridad necesarias para garantizar un entorno seguro.

Si el objetivo real fuera proteger el bienestar animal, las normas deberían evitar aumentar las manipulaciones, excluir los tiempos de carga y descarga del cómputo del viaje, y eliminar las paradas forzadas de 24 horas, que, en lugar de proteger, ponen en riesgo la salud de los animales y la trazabilidad del proceso.

Por el contrario, esta propuesta alarga innecesariamente los tiempos totales de transporte, multiplica los puntos críticos del trayecto y dificulta la logística diaria bajo el pretexto de una regulación “más estricta”.

El resultado es un reglamento incoherente, ineficaz y profundamente ideologizado, alejado de cualquier base científica o técnica. No mejora el bienestar animal y, sin duda, compromete gravemente la viabilidad del sector.

En la última parte del presente trabajo se tratará el efecto de la propuesta sobre el personal implicado.

Marc Póo Martínez
Gerente de la Asociación Nacional de
Transportistas de Animales Vivos (ANTA).