La PAC de las prisas

Estamos apenas en el inicio de la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en este período 2023-2027, con sólo una campaña finalizada, con pocas conclusiones – además, muy preliminares- todavía. Y en una PAC que se pensó para evaluar resultados, más que compromisos, es incluso más difícil tener alguna información precisa sobre lo que está sucediendo, y sobre el efecto de las distintas decisiones a nivel comunitario y nacional- en cada uno de los 27 Estados Miembros (EE.MM.).

Pero los tiempos en Bruselas se han acelerado y en breve, el próximo mes de junio, la Comisión Europea presentará su propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP), que es, simplificando, el presupuesto comunitario para los próximos años 2028-2034.

Antes de entrar en materia, conviene recordar que el citado MFP asciende en este período 2021-2027 a 1,2 billones de euros a precios corrientes -la PAC es alrededor de un tercio del total-, lo que representa un 1,11% aproximadamente de la Renta Nacional Bruta (RNB) de los 27 EEMM.

Además del MFP, en estos años se están utilizando, de forma extraordinaria, otros 807.000 millones de euros a precios corrientes, dentro del apartado de fondos Next Generation, aprobados en Bruselas tras la pandemia, para reactivar la economía. En total, entre ambos, MFP y Next Generation, más de 2 billones de euros, la cifra más alta de la historia de la UE.

En estos momentos, la incertidumbre es grande, pero parecería lógico que la propuesta de la Comisión Europea supusiera un incremento sustancial del MFP, muy por encima del actual 1,11% de la RNB de los 27. Entre otras cosas, porque es más que necesario incrementar los recursos para la política de defensa e inmigración a nivel comunitario. Y parece que hay cierto consenso entre los EEMM al respecto.

Lógicamente, una cosa será la propuesta de la Comisión Europea -que será ambiciosa- y lo que opinen -y aprueben- los EEMM -previsiblemente no serán tan ambiciosos, aunque si hay expectativas más favorables para un incremento respecto a 2021-2027- tras un largo período de negociaciones que empezará este junio

Además de la cuantía, está sobre la mesa la posibilidad de que Comisión Europea proponga a los EEMM, la creación de sobres nacionales para todas las políticas, es decir que se repartieran todos los recursos -salvo algunas excepciones donde podrían estar las ayudas del primer pilar de la PAC- entre los 27 EEMM y que fueran éstos los que decidieran el destino de los fondos entre las diferentes políticas, estableciendo, cada uno de ellos, las prioridades que consideren oportunas.

Este mecanismo, que llevaría por primera vez, a este nivel, la subsidiariedad a la gestión de los fondos exigiría el cumplimiento de unas directrices comunitarias y de los requisitos que la propia Comisión establezca para la liberación de los fondos a cada Estado Miembro, en un esquema similar al del desembolso de los fondos Next Generation-.

La existencia de un solo sobre nacional puede ser perjudicial para la PAC -pudiendo excluirse de dicho sobre los fondos FEAGA del primer pilar, como se ha mencionado, o incorporarse al mismo junto con los del FEADER-, al establecerse las prioridades a nivel de cada Estado Miembro y ser muchas las políticas a financiar en nuestro país, con las que tendrían que competir la agricultura y la ganadería para asegurarse, al menos, un nivel de fondos similar al del período actual.

Gran incertidumbre, pues, respecto al MFP. Pero es que, además, parece que el deseo de la presidenta Von der Layen es presentar las propuestas de las diferentes políticas para el período 2028-2034, inmediatamente después del MFP, lo que aceleraría las negociaciones. Podría ser que incluso este verano estuviera la propuesta de la Comisión para la PAC 2028-2034.

Para ese momento, España debe estar preparada. En mi opinión, lo más importante es tener claras las prioridades -más allá de conseguir el mayor volumen de fondos para el sector en nuestro país-, esto es, establecer nuestro modelo de explotación prioritario. Desde mi punto de vista éste tiene que ser el que representan las explotaciones familiares.

También, se deben  abandonar los derechos históricos y equipararnos al resto de la UE en el  modelo de tasa plana en la ayuda a la renta, y orientar las ayudas, dentro del modelo prioritario, a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, los que tienen menores ingresos y son más dependientes de la PAC -tal y como propone la Comisión Europea en su documento sobre la Visión de la agricultura en Europa presentado en febrero de este año-.

También han de estudiarse con gran detalle las líneas ambientales a incorporar a la PAC, a las que puedan optar los agricultores y ganaderos y por las cuales, recibirán una contraprestación -actualmente las conocemos como eco esquemas-, para que puedan ser, a la vez, atractivas para los profesionales del sector y una contribución a los objetivos del Pacto Verde europeo y la descarbonización de la economía. Esto puede exigir una gran flexibilidad para las explotaciones más pequeñas, que debería de ir acompañada de una mayor exigencia ambiental para las más grandes. Sería esta, desde mi planteamiento, la cuestión clave de esta reforma.

Finalmente, es preciso revisar y ajustar, dirigiéndolo a los sectores más vulnerables, el esquema de las ayudas acopladas.

Los tiempos nos apremian a ponernos las pilas y empezar ya el debate con las Comunidades Autónomas y las organizaciones sectoriales, a fin de estar preparados para cuando la Comisión Europea de el pistoletazo de salida. Que va a ser ya.

Francisco Martínez Arroyo
Ingeniero Agrónomo del Estado
Vocal Asesor del MAPA