Una propuesta desconectada de la realidad: en juego el futuro del transporte de animales vivos (I)

La nueva propuesta de Reglamento de Bienestar Animal durante el Transporte, presentada por la Comisión Europea, supone un ataque frontal al sector ganadero, al transporte de animales vivos y, por extensión, a buena parte del medio rural español.

Desde la Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos (ANTA) denunciamos con rotundidad una normativa profundamente injusta, técnicamente inviable y con un impacto devastador sobre el empleo, la economía y la propia salud de los animales.

Las medidas incluidas en esta propuesta como, por ejemplo, la reducción del tiempo máximo de transporte, el incremento del espacio disponible entre los animales, las restricciones en temperaturas a partir de los 25ºC o la obligación de operar exclusivamente en horario nocturno durante varios meses al año cuando las temperaturas sean superiores a los 30ºC   reflejan un profundo desconocimiento de la realidad operativa de todo el sector Agroalimentario, en especial del Transporte de Animales Vivos.

Estas decisiones se han tomado desde los despachos de Bruselas, sin consultar a los profesionales que trabajan a diario en el sector, garantizando, con su profesionalidad, un transporte seguro, eficiente y respetuoso con los animales.

Y lo que es más grave, las mencionadas decisiones se han tomado: sin evaluar las consecuencias sociales, económicas, medioambientales ni técnicas de su aplicación.

La implantación de esta normativa generaría costes añadidos multimillonarios. Solo en el sector porcino, se estiman en hasta 4.000 millones de euros en inversión adicional a nivel europeo, y más de 1.600 millones de euros anuales en sobrecostes operativos.

Uno de los principales factores de este incremento es la modificación de las densidades de carga, que obligará a realizar hasta 2,4 viajes adicionales para poder satisfacer la demanda actual.

Esta situación pone en serio riesgo la viabilidad operativa del sector, especialmente teniendo en cuenta la grave escasez de transportistas especializados en animales vivos que ya existe en la actualidad.

Además, estas medidas contradicen frontalmente los objetivos climáticos de la propia Unión Europea. Aumentar el número de desplazamientos implicará un crecimiento exponencial en el consumo de combustible y, con ello, una multiplicación de las emisiones de CO₂, afectando directamente al medio ambiente y echando por tierra las políticas de sostenibilidad que tanto se promueven desde Bruselas.

En el plano social, el impacto también sería demoledor. Se calcula la pérdida de más de 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos, afectando de forma muy significativa a zonas rurales ya golpeadas por el despoblamiento. Además, muchas pequeñas y medianas empresas que conforman la base del sector no podrán hacer frente a los nuevos costes ni adaptarse a las exigencias logísticas, lo que desembocará en el cierre masivo de explotaciones, mataderos y empresas de transporte. Todo ello sin mejoras tangibles en el bienestar animal, pero con consecuencias irreversibles para el tejido económico y social del medio rural.

En el caso de Estados miembros (EE.MM.) con una elevada extensión territorial uno de los puntos más preocupantes de esta propuesta de Reglamento es la limitación del tiempo de transporte a un máximo de 9 horas destino matadero, sin excepciones ni adaptación a la realidad geográfica de Estados como España.

Hablamos de un territorio extenso, con una distribución ganadera dispersa y un número limitado de mataderos estratégicos, especialmente en las zonas rurales. Esta condición, ignorada por completo por la Comisión, hará inviable muchas rutas habituales dentro del propio territorio nacional español.

En la segunda parte del presente artículo continuaremos continuaré con mis argumentaciones.

Marc Póo Martínez,
Gerente de la Asociación Nacional de
Transportistas de Animales Vivos (ANTA).