El Reglamento de deforestación y su impacto en el sector cárnico
Según ha publicado la revista digital CÁRNICA, el sector cárnico español se enfrenta a un nuevo desafío con la futura aplicación del reglamento europeo sobre deforestación, que supondrá un incremento de costes estimado en 158 millones de euros anuales.
A pesar del reciente aplazamiento en la fecha de implementación, los requisitos adicionales para garantizar que los productos no provengan de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020 se traducirán en un aumento de 23 céntimos por kilo de carne producida, según datos de PROVACUNO.
El reglamento, que afecta directamente a la carne de vacuno y otros productos como la soja, el cacao y el café, busca reducir la contribución de la Unión Europea a la deforestación global. Sin embargo, las implicaciones económicas serán especialmente notables para más de 120.000 explotaciones ganaderas y cerca de 300 empresas, en su mayoría pymes situadas en zonas rurales.
La normativa exige sistemas de trazabilidad reforzados para garantizar que los productos no provienen de áreas deforestadas, lo que representa un reto importante para la industria.
Hay que tener en cuenta que parte de la carne de vacuno que se consume en España proviene de la importación. Con esta nueva ley, los exportadores de carne deberán demostrar que sus productos no están vinculados a la deforestación, lo que implica cumplir con estrictos requisitos de trazabilidad. Esto incluye proporcionar evidencia de la cadena de suministro, desde la granja hasta el consumidor final, para asegurar que la producción no haya contribuido a la deforestación desde 2020 en adelante.
Además, hay que tener en cuenta también que los países exportadores de carne que no puedan cumplir con los estándares europeos podrían perder acceso al mercado de la UE, lo que llevaría a una reorientación de sus exportaciones hacia mercados con regulaciones menos estrictas.
Aunque el reglamento ya está en vigor desde junio de 2023, su aplicación se ha pospuesto en un año. Si el Parlamento Europeo confirma la decisión, las obligaciones comenzarán el 30 de diciembre de 2025 para grandes operadores, y el 30 de junio de 2026 para micro y pequeñas empresas.
El objetivo del aplazamiento es ofrecer más tiempo a los operadores para adaptar sus cadenas de suministro y asegurar el cumplimiento de la normativa.
Además de la carne de vacuno, la normativa también afecta al sector porcino debido a su dependencia de la soja para la alimentación animal.
La mayoría de la soja proviene de regiones en riesgo de deforestación, como Brasil. La ley podría restringir las importaciones de soja o hacerlas más costosas, lo que aumentaría los costos de producción.
En la actualidad, la reciente escasez de soja y el encarecimiento de sus precios han incrementado los costes de producción, lo que agrava el impacto de la regulación.
Para el señor Giuseppe Aloisio, director general de ANICE, “la soja se ha convertido en un factor geopolítico clave, con precios que han alcanzado niveles nunca vistos debido a su escasez “.
A pesar del aplazamiento, el reglamento mantiene sus exigencias para evitar que los productos contribuyan a la deforestación, lo que ha generado críticas en la industria.
En opinión de Aloisio “esta regulación no aporta ventajas en seguridad alimentaria ni beneficios directos para el consumidor, sino que representa una carga económica para el sector”.
Algunos países productores, especialmente en Sudamérica, consideran que las medidas son una barrera para su competitividad en el mercado global. Desde el sector cárnico, advierten que el aumento de los costes podría afectar la competitividad y la soberanía alimentaria en Europa.
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