Brasil ante la ley anti – deforestación

Mencionando lo publicado por el boletín de ASOPROVAC, citando a EFE Agro, Brasil exige a la Unión Europea (U.E. – 27) suspender la ley antideforestación que amenaza sus exportaciones agrícolas.

El Gobierno de Brasil ha solicitado formalmente a la Unión Europea que responda, antes del 1 de octubre, a su petición de suspender la normativa comunitaria antideforestación. Esta normativa, que entraría en vigor en diciembre de este año, ha generado preocupación en el sector agrícola brasileño.

El ministro de Agricultura de Brasil, Carlos Fávaro, ha advertido que, en caso de no obtener respuesta por parte de la UE, el país buscará otras alternativas para frenar la implementación de la normativa. ‘

El ministro ha dicho: “Si la Unión Europea no se manifiesta formalmente antes de esa fecha, exploraremos otros mecanismos para evitar que se aplique de manera unilateral”. Esta afirmación la ha formulado el señor Fávaro durante una reunión de ministros de Agricultura del G20 en Mato Grosso, Brasil.

El pasado miércoles, el señor Fávaro entregó una carta al comisario europeo de Agricultura, el señor Janusz Wojciechowski, en la que solicitaba la suspensión de la normativa y una revisión de su enfoque, que calificó como «punitivo» para los productores.

Según el ministro, varios países de la UE también han expresado su preocupación y han pedido retrasar la implementación de las medidas.

La normativa de la U.E. – 27, aprobada en el pasado año 2023, pretende evitar que productos como el aceite de palma, el vacuno, la soja, el café y otros derivados ingresen al mercado europeo si se relacionan con prácticas de deforestación.

Los exportadores de terceros países deberán cumplir con rigurosos procedimientos de verificación para garantizar que sus productos no provienen de áreas deforestadas.

Para Brasil, estas exigencias suponen una barrera que podría afectar a un tercio de sus exportaciones, especialmente a los pequeños y medianos productores. Por este motivo, el Gobierno brasileño considera que la normativa es «unilateral» y podría tener un impacto negativo en sus relaciones comerciales con la Unión Europea.