El queso gruyere de la «Ley de la Cadena»

Conviene recordar que fue allá por el año 2013 (es decir, hace 10 años), siendo entonces don Miguel Arias Cañete el ministro de Agricultura, el Gobierno aprobó una primera ley de la cadena alimentaria.

Pero, no fue hasta el año 2020, cuando se introdujo la clave que daba sentido real a la ley:  la prohibición de la venta a pérdidas a lo largo de la cadena ¡importantísimo detalle!

Quedaba meridianamente claro que estaba prohibido vender por debajo del coste y cobrar menos de lo que se ha pagado. Ello fue expresado de la siguiente forma: “con el fin de evitar la destrucción del valor en la cadena alimentaria, cada operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador”.

Y, como les explicaba a mis alumnos la semana pasada, el mismísimo Congreso de los Diputados aprobó el día 2 de diciembre del año 2021 una nueva reforma de la originaria “Ley de la Cadena Alimentaria” con el objetivo primero de poder establecer una relación más justa (subrayé varias veces la expresión “más justa”) entre los agricultores, los ganaderos, la industria y la distribución.

La nueva versión fue publicada en el BOE del 15 de diciembre de aquel mismo año, con entrada en vigor al día siguiente de su publicación.

Inmediatamente, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas, como no podía ser de otra manera, se apresuró a asegurar que la ley de la cadena alimentaria era «probablemente la más importante para el sector agroalimentario de esta legislatura», y que, con ella, el Gobierno daba una adecuada respuesta a «la primera reivindicación» planteada por las organizaciones profesionales agrarias que llevaban convocando movilizaciones desde el año 2019 por toda España.

Luego quedaba en clara evidencia que la ley no había funcionado adecuadamente (como tantas veces lo habíamos denunciado, en el periodo 2013 – 2021).

El problema es que la ley de la cadena, con todos los retoques, las modificaciones y las mejoras que ha sufrido (según se afirmaba desde el Gobierno) sigue sin funcionar y, como lo explicaba en mi función docente, es realmente “papel mojado” o, si quieren ustedes calificarlo de una forma más zootécnica, tiene mas agujeros que el Queso Gruyere.

Hay muchos, pero muchos ejemplos que confirman lo referenciado. Tal vez uno de los más relevantes lo ha puesto recientemente, en negro sobre blanco. nuestro Tribunal Supremo, concretamente la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo.

La mencionada Sala ha desestimado, con una argumentación impecable, el recurso interpuesto por la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL) contra el Real Decreto 374/2022, de 17 de mayo, referido a las condiciones de contratación en el sector lácteo, al estar en desacuerdo con la obligación de que el precio pactado entre las partes de los contratos del sector lácteo cubra el coste de producción (a ello hay que añadir, como lo he expuesto en varias ocasiones en mis notas del presente boletín de ÁGORA TOPO GAN, que ésta ha sido la actitud habitual de la industria láctea a la hora de negociar sus contratos con los ganaderos). Es decir, desde la propia industria láctea, hablando siempre en términos generales, se incumplía la ley (¡demencial, pero cierto!).

Pero, como dice aquel viejo adagio “en todas partes cuecen habas”. Ahora le está empezando a tocar al pollo, si la autoridad competente no lo remedia, iniciar, muy en contra la voluntad de los avicultores, obviamente, el mismo camino que lleva años recorriendo, por ejemplo, la leche.

Para empezar, la “historia se repite” (como dijo, entre otros, Sir Winston Churchill); de momento, en algunas cadenas de distribución, el pollo ya se ha convertido en un “producto reclamo” ¿les suena esta canción?

Lamentablemente, todo lo expuesto, en los últimos párrafos de la presente nota, es una consecuencia más de tener, en la realidad de nuestro sector agrario (agrícola y ganadero), un queso Gruyere con el título de “Ley de la Cadena Alimentaria”.

Carlos Buxadé Carbó.
Catedrático de Producción Animal.
Profesor Emérito