Los veterinarios con certificación y las inspecciones oficiales en C y L

Las Cortes de Castilla y León han aprobado definitivamente, por lectura única y con críticas de la oposición y de los sindicatos veterinarios, la ley en materia de sanidad animal que facultará a los profesionales veterinarios, que obtengan una certificación, a realizar inspecciones sanitarias oficiales.

Esta modificación de la ley de 1994, a iniciativa de PP y Vox (únicas formaciones que han votado a favor), permitirá que estas labores de inspección atribuidas hasta ahora en exclusiva a los servicios de la Junta de Castilla y León puedan ser realizadas también por veterinarios certificados, con el fin de aliviar la carga y esperas en determinadas provincias.

Sin embargo, esta «liberalización» de la actividad conllevará, según el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (Sivecal), una «rebaja de la calidad y credibilidad» de los programas de saneamiento ganadero, que desde la Junta de Castilla y León han negado.

Concretamente, la modificación legal añadirá tres puntos al artículo tres de la ley, para «habilitar a profesionales veterinarios para realizar actividades sanitarias en el marco de los programas sanitarios nacionales y autonómicos de vigilancia, control o erradicación de enfermedades, así como en los programas especiales de acción sanitaria».

Asimismo, el texto especifica que «se podrá acreditar a profesionales veterinarios como agentes certificadores de las actuaciones sanitarias previstas en los planes de alerta sanitaria».

De este modo, en el ejercicio de sus funciones, estos veterinarios habilitados, los agentes certificadores y los contratistas, «deberán cumplir lo establecido en la normativa europea vigente» en lo relativo al conflicto de intereses.

Es por ello que las personas que realicen las actuaciones estarán sometidas al régimen de abstención y recusación previsto en la ley y deberán presentar una declaración jurada de ausencia de conflicto de intereses por cada explotación en la que realicen tales actuaciones.

Finalmente, la modificación legal suprime el artículo 38 de la actual ley, que permitía la contratación de «servicios facultativos» para colaborar en campañas de saneamiento o programas especiales.

Según el PP y Vox, con esta modificación legal, que pretendían aprobar mediante una enmienda incluida en la ley de Medidas que acompaña a los Presupuestos pero que fue inadmitida por la Mesa de las Cortes por no ajustarse a la temática, se avanza en la «optimización de los controles sanitario», como ha expresado el portavoz de Vox, don Carlos Menéndez.

Asimismo, el portavoz de Vox ha considerado un «menosprecio» a los veterinarios «presuponer una falta de objetividad y de profesionalidad» en las atribuciones que les facultará esta modificación legal, que ha considerado «necesaria».

Por su parte, la procuradora del PP Lorena de la Fuente ha destacado que el sector ganadero constituye «un elemento primordial» para la Comunidad de Castilla y León y su economía, por lo que ha defendido la importancia de que la cabaña esté sana: «Animal sano, animal productivo», ha resumido.

«No se va a tirar por tierra ninguno de los avances en esta Comunidad», ha subrayado De la Fuente, que ha alertado también de algunos de los riesgos en sanidad animal que provienen de África, por lo que ha aclarado que esta modificación legal «no cambiará el enfoque» de la lucha contra las enfermedades de trasmisión animal.

Ya desde la oposición, el procurador socialista Juan Luis Cepa ha expresado las «serias dudas» que tiene su formación, que se ha abstenido, en esta modificación, que «no es ni mala ni buena, pero sí sus efectos posteriores» y ha alertado que esta ley pueda abrir la puerta a «ciertos excesos o fraudes».

«¿Hay una estimación de cuántos veterinarios ejercerán este modelo ¿qué se les va a exigir?», se ha preguntado el socialista, que ha argumentado: «Es como si alguien que pasa la inspección de su coche en su taller de confianza dijera ¿por qué tengo que pasar la ITV?».

Desde la UPL, su portavoz Luis Mariano Santos ha confesado que le da «cierto miedo» que se hable de «flexibilizar» el proceso, pues esto supondría un «claro retroceso» y ha recordado la oposición que tiene esta norma por parte de los sindicatos veterinarios: «Sigan sus consejos», les ha recomendado el leonesista.

Desde el Grupo Mixto, el señor Igea, el único que ha votado en contra de la ley, ha criticado que en los últimos dos años haya aumentado la prevalencia de la tuberculosis en la Comunidad, cuando se venía de un descenso en la década precedente, por lo que ha afeado que se apruebe esta «laxitud» de los controles, que son un «privilegio para que unos señores tengan menos controles que otros».

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