Agaprol baraja la salida de sus socios de la INLAC ante la respuesta de ésta a aquélla
La mayor OPL (Organización de Productores de Leche) de España se encuentra analizando, en estos momentos, la posibilidad de responder a la demanda de sus socios de abandonar la Interprofesional láctea, INLAC.
Esta reacción de los socios de la OPL viene motivada por la negativa de INLAC a reconocer que los ganaderos agrupados en una Organización de Productores como es Agaprol cumplen con todos los requisitos para participar en un órgano que debería de aglutinar a todos los implicados en la cadena de producción láctea.
Los ganaderos agrupados en Agaprol OPL cumplen con los requisitos en el reglamento de la Interprofesional y sustentan, a través de la Extensión de Norma, el funcionamiento de un órgano en el que no sólo no se les considera sino que se les rechaza abiertamente por una decisión política.
Agaprol OPL solicitó su inclusión en la representatividad en la Interprofesional Láctea con ánimo constructivo y en positivo el pasado mes de septiembre.
INLAC, sin embargo, decidió posponer hasta el último momento su comunicación a esta Organización de Productores para entonces exigirle la tarea imposible y no exigida al resto de integrantes de formalizar la solicitud de adhesión individualizada de todos y cada uno de los 600 socios que integran esta organización de productores.
El requerimiento, de imposible cumplimiento, se convierte de este modo en la certificación de que la decisión de no aceptar a los productores asociados a Agaprol nada tiene que ver con el cumplimiento de reglamento alguno sino por motivos bien distintos.
La obligatoriedad de pagar la financiación de INLAC con un porcentaje de cada litro producido supone una contradicción absoluta en una entidad en la que se veta la entrada de quienes tienen derecho a ello y, además, pagan para que en su nombre se lleven a cabo actuaciones en las que no pueden mostrar su opinión y experiencia.
La Junta Directiva de Agaprol estudiará el camino legal a seguir a partir de ahora para hacer efectiva el abandono de la obligatoriedad de continuar financiando una entidad que no permite su legítima representación.
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