Unión de Uniones y los criterios de los costes de producción

De acuerdo con lo publicado por la revista digital CÁRNICA en un comunicado reciente, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha instado al MAPA a cumplir con la legislación vigente y publicar los criterios sobre los diferentes factores que intervienen en la determinación del coste de producción de los productos agrarios, según lo establecido en la Ley de la Cadena Alimentaria.

La organización argumenta que esta publicación es fundamental para cumplir con una de las piezas clave de la reciente modificación de la Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, realizada a través de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre.

La Disposición adicional tercera de esta ley establece claramente que el MAPA tiene la obligación de publicar, en un plazo de seis meses desde la completa entrada en vigor de la ley, los criterios sobre los diferentes factores que influyen en la determinación del coste de producción de los productos agrarios, pesqueros y alimentarios.

La Unión de Uniones señala que la entrada en vigor de la ley tuvo lugar el 30 de junio pasado, con la plena operatividad de la aplicación electrónica ‘Registro de Contratos Alimentarios’. Por lo tanto, el plazo de seis meses para la publicación de estos criterios ya ha vencido.

La organización destaca la importancia de esta publicación, ya que estos criterios servirían como referencia para la determinación de los costes de producción, influyendo directamente en los precios de los contratos alimentarios, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 12/2013.

La Unión de Uniones subraya que la publicación oficial de los costes de producción proporcionaría a los agricultores y ganaderos una referencia clara para negociar precios más justos.

La Unión de Uniones ha enviado un comunicado al Ministerio exigiendo la publicación inmediata de estos criterios, recordando que previamente instaron al Ministerio a acelerar los trabajos para evitar llegar a este punto de incumplimiento legal. La organización subraya que esta acción es esencial para que los agricultores y ganaderos tengan acceso a información crucial que les permita negociar de manera justa los precios de sus productos.

Además, la Unión de Uniones destaca que este incumplimiento se suma a otros problemas que ya han denunciado, como la falta de desarrollo del contrato eléctrico de doble tarifa para el regadío, la zonificación de tierras agrarias de interés especial, la compensación por el sobrecoste del cuaderno digital y las nuevas exigencias de la PAC, así como la elaboración de un proyecto de ley de gestión de la fauna salvaje para prevenir daños a los cultivos y granjas ganaderas.

La organización concluye acusando al Gobierno de incumplir sus obligaciones legales y poniendo de relieve la necesidad de atención a estas cuestiones por parte de las autoridades competentes.