La complejidad y la problemática del seguro agrario

Aunque en la presente nota me voy a referir fundamentalmente a la realidad del sector agrario (agrícola y ganadero) de España lo que voy a exponer a continuación es aplicable, con sus correspondientes matizaciones, a otras muchas regiones del Mundo, como en su día expuse en varias conferencias que dicte en LATAM.

En España este tema de los seguros agrarios se conformó estructuralmente con el Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre. En él se aprobó el correspondiente Reglamento para la aplicación de la Ley de Seguros Agrarios Combinados, Ley 87/1978 de 28 de diciembre,  estableciéndose la capacidad del Ejecutivo de aportar Subvenciones a la suscripción de los seguros agrarios.

En efecto, el Estado está capacitado para intervenir aquí, en el sistema, a través de la mencionada subvención a las primas y el establecimiento de un reaseguro de las entidades aseguradoras (en este caso concreto el reaseguro es un acuerdo por el cual las entidades aseguradoras transfieren finalmente al Estado el riesgo que asume en su totalidad o en una parte).

En este sentido la normativa europea (no se olvide que España, como Estado de la Unión Europea, está subordinado a su normativa) permite que, en determinadas circunstancias y para determinadas producciones, el apoyo público al seguro agrario puede llegar a  ser de hasta el 70 por 100 de las pólizas contratadas.

Así, en este año 2023, por ejemplo, el seguro a causa de la sequía de los cultivos de secano de herbáceos extensivos, el olivar, el almendro, la uva de vinificación, endrino, remolacha, etc. contará con una ayuda estatal cercana a los 318 millones de euros.  Bien es verdad que estamos inmersos en un año climatológicamente muy complicado y en el primer semestre del presente año los daños estimados en los cereales de invierno, las leguminosas y la colza se acercaban a los 300 millones de euros y afectaban a una superficie de más de 1,5 millones de hectáreas).

Como no podía ser de otra manera y se deduce fácilmente de lo expuesto hasta aquí, estamos ante un sistema dinámico y muy complejo. Por esta razón, cada año se establece el oportuno plan anual de seguros agrarios dónde se fijan las condiciones y las oportunas coberturas del seguro.

En España el mencionado seguro pivota en la empresa AGROSEGUROS, que es la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados y, consecuentemente, la responsable final de la gestión del seguro agrario en España.

Importante recordar aquí que el seguro agrario combinado se fundamenta en cuatro principios fundamentales: la voluntariedad (ningún ganadero ni ningún agricultor está obligado a suscribirle), la solidaridad, la suficiencia (uno de las cuestiones en permanente debate) y el equilibrio financiero.

En estos últimos días y aquí es a dónde quería llegar, hemos sufrido los efectos de la DANA que ha provocado daños a personas y en viviendas y, paralelamente, importantes daños en infraestructuras, en naves agrícolas y ganaderas, muertes de animales y también pérdida de cultivos y de cosechas.

Los meteorólogos aseguran que, en el futuro, fenómenos, como los descritos en los párrafos anteriores en nuestro país, serán, desgraciadamente, cada vez más frecuentes y, muy probablemente, caracterizados por una mayor duración e intensidad.

Ante estas realidades el sistema de seguros agrarios cobra, si cabe, una mayor importancia porque una alta siniestralidad puede poner perfectamente, si no se toman las medidas oportunas, en jaque al sistema.

Por esta razón, como exponía en una tertulia en la que participé la semana pasada, hay una doble clave aquí. Por una parte, es absolutamente necesario que el sistema sea financieramente potente y, por otra, debe resultar realmente atractivo para los ganaderos y para los agricultores, logrando que, una gran mayoría de los mismos, lo suscriban.

Lo que no puede ser, en mi opinión, es que el sector agrario se tenga que enfrentar en esta cuestión  con problemas de suficiencia; con imposiciones en las peritaciones y con retrasos importantes en el pago de las indemnizaciones.

Además, AGROSEGURO, si mis informaciones son ciertas, tiene en perspectiva, con la aceptación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), del Consorcio de Compensación de Seguros y de la Dirección General de Seguros, incrementar el coste de las primas de los seguros agrarios y, paralelamente, recortar las coberturas de forma general.

No me cabe duda alguna de que, con “la que está cayendo”, éste no es, en forma alguna, el camino a seguir.

Vamos a ver si el futuro Gobierno de la Nación, que consiga finalmente constituirse, es capaz de abordar esta delicada cuestión con la delicadeza y la profesionalidad que requiere y merece; no va a ser tarea sencilla.

Carlos Buxadé Carbó.
Catedrático de Producción Animal.
Profesor Emérito