En España, ni el 7% de los crímenes contra la fauna salvaje son juzgados

Según ha publicado WWF el pasado 30 de mayo, menos del 7 por 100 de los casos registrados de delitos contra las especies silvestres entre 2015 y 2020 acabaron con una sentencia judicial, según un informe de la organización conservacionista.

Los datos se han desvelado en unas jornadas de intercambio de experiencias y conocimientos con autoridades judiciales y policiales que se celebran desde hoy en Madrid, como parte del proyecto LIFE SWIPE para fortalecer la lucha contra los crímenes ambientales en toda Europa.

A falta de una base de datos oficial y centralizada que monitorice la mortalidad ilegal de fauna protegida en España, hemos presentado hoy el análisis más exhaustivo realizado hasta la fecha sobre esta problemática en nuestro país, elaborado junto con el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT), la Universidad de Granada (UGR) y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC).  

Según la investigación, las autoridades públicas recopilaron un total de 4.902 casos de delitos cometidos contra especies protegidas de fauna entre 2015 y 2020, que supusieron la muerte de al menos 8.784 animales. 

Estos datos oficiales, obtenidos a partir de peticiones de información a las Comunidades Autónomas, son sólo la punta del iceberg, pues la mayoría de casos no se detectan: por ejemplo, se estima que tan solo uno de estos delitos (el uso de veneno en el campo) supone la muerte de alrededor de 10.000 animales cada año, y que solo salen a la luz entre el 10 y el 15 por 100 de los casos de envenenamiento.

La razón es la enorme extensión del territorio a cubrir, sumado a la falta de medios humanos, aunque tecnologías como el uso de dispositivos GPS en proyectos de conservación de la fauna, el desarrollo de unidades policiales especializadas o el uso de patrullas caninas contribuyen notablemente a la detección.

Por otra parte, los delitos contra la fauna salvaje son devastadores para la biodiversidad, especialmente cuando afectan a especies amenazadas. El uso de veneno, la caza y pesca ilegales, el uso de métodos de captura prohibidos o el tráfico de especies suponen un grave riesgo para estas especies, y en muchos casos están relacionados con el crimen organizado u otros delitos, como el tráfico de drogas.

Pese a la gravedad de estos delitos, muy pocos llegan a ser juzgados, tratándose por la vía administrativa (con una multa, por ejemplo) o quedando sin resolver. Según la investigación, solo se produjeron 327 sentencias judiciales a partir de los 4.902 casos de crímenes contra la fauna registrados en España (un 6,67% de los casos), por lo que el 93% de los casos no son juzgados.

Las sentencias más frecuentes fueron por posesión de artes de caza y pesca ilegales (213 sentencias), compraventa ilegal de fauna (32 sentencias) y uso de veneno (26 sentencias).

Poniendo el foco en el número de casos, los crímenes más frecuentes son la caza furtiva (1773 casos), los envenenamientos (1899 casos) y el uso o posesión de métodos ilegales de captura (446). La impunidad es especialmente elevada en los casos de caza ilegal: solo un 0,8 por 100 de los casos registrados acabaron en una sentencia judicial.

Los crímenes contra la vida salvaje no son delitos menores, pero las administraciones públicas siguen tratándolos como tales. Aunque se ha avanzado mucho en este campo en los últimos años, el alto grado de impunidad que sigue existiendo en nuestro país y el estado crítico de la biodiversidad a nivel global, nos demuestra que queda mucho por hacer.