Un «non placet» a la ley de la cadena
Desde el año 2013 siempre y en todos los foros, he defendido con convicción la necesidad de disponer de una adecuada la Ley de la Cadena Alimentaria, a pesar de las posibles consecuencias que su correcta aplicación, en todos los eslabones de la cadena (premisa clave), podría llegar a tener para nuestros bolsillos.
Cierto es que cuando en el año 2013, siendo Ministro de Agricultura, don Miguel Arias Cañete, vio la luz la primera versión de esta Ley “con el objetivo de terminar con los equilibrios existentes en las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena” fui muy crítico porque, paralelamente, no se instrumentaron bien las bases de su aplicabilidad. Y efectivamente, en sus primeros años, su aplicación, en general, fue, no pongamos parches calientes, un notable fracaso.
Hace ahora más de un año la mencionada ley sufrió un importante “restyling” y la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) empezó a actuar, dentro de sus limitaciones, con unas reconocibles eficiencia y eficacia.
Ello ha dado lugar a que, nada menos 10 años después del nacimiento de la mencionada ley, haya visto la luz un primer listado de empresas sancionadas por el incumplimiento de la misma (recuérdese aquí la Ley 16/2021 que establecía la obligatoriedad de esta publicación, fijando el carácter trimestral de la misma).
Los principales motivos que han originado las mencionadas sanciones han sido fundamentalmente la inexistencia de contratos escritos; la no inclusión del precio en dichos contratos y el incumplimiento de los plazos de pago.
Es verdad, que este primer listado sólo incluye a aquellas empresas que han recibido las consideradas sanciones graves o muy graves, pero algo es algo y por algo se empieza. No obstante, en la práctica, en mi opinión, , se está aun realmente lejos de alcanzar adecuadamente los objetivos para los que fue creada la mencionada ley.
Así, por ejemplo, la carencia real, para el primer eslabón de la cadena, de un conjunto de costes de referencia neutrales, reales y adecuadamente dinámicos, y la opacidad parcial de la misma (empezando por el oscurantismo en los costes de los siguientes eslabones y los precios de cesión) lastran significativamente, hasta el presente la consecución de una parte importante de los objetivos perseguidos.
Téngase en cuenta que, bajo las premisas mencionadas, es prácticamente imposible, salvo con inspecciones masivas a todos los niveles, detectar a aquellos operadores que están llevando a cabo ocultas prácticas abusivas en perjuicio de otros agentes de la cadena.
A pesar de ello y ante la situación últimamente generada, hablando siempre en términos generales, la industria y la distribución agroalimentarias, ya están moviendo ficha, poniendo en evidencia su NON PLACET a la Ley que se está aquí comentando, tratando de poner palos a la rueda de la misma, invocando ¡cómo no! a la libre competencia, al libre mercado y/o al mercado libre.
Paralelamente el Gobierno de la Nación sigue empeñado y no lo oculta, en mantener, a pesar de la espiral inflacionaria real en que estamos inmersos, unos precios de venta al público (P.V.P.) de los alimentos bajos lo que se da de bruces con la realidad de los costes y con la propia Ley de la Cadena.
Y así, por ejemplo, en el sector de la leche, los primeros compradores ya están lanzando “globos sonda” acerca de una posible rebaja, a corto plazo, del precio de compra de la leche al primer estabón de la cadena.
Es verdad que el aumento significativo de los precios de los alimentos tiene unas consecuencias sociales importantes (analícese a título de ejemplo lo que está ocurriendo en México con la subida del precio de los huevos), pero es algo que hay que asumir en una situación económica como la que tenemos.
La solución, como tantas veces lo he referido, no está en “castigar reiterada y económicamente al sector primario”, sino en aplicar una adecuada política económica anti – inflacionaria (que, cierto es, resulta, en sí misma, muy poco popular y siempre dolorosa).
Y, en este contexto, por favor, no se olviden ustedes que, en España, estamos en un año electoral.
Carlos Buxadé Carbó.
Catedrático de Producción Animal.
Profesor Emérito
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