La ley del Mar Menor se enfrenta a problemas con los agricultores

En esta oportunidad cientos de agricultores del Campo de Cartagena se han puesto de acuerdo en suscribir una demanda colectiva contra algunos aspectos concretos de la ley que pretende regular la actividad en el entono del Mar Menor.

Los demandantes aseguran que los aspectos referidos están basados en «una gran mentira”. La demanda contra la ley, que entró en vigor en julio de 2020 promovida por el Gobierno de la Región de Murcia, que preside don Fernando López Miras, denuncia además que determinados artículos son inconstitucionales.

Los productores agrícolas, asesorados por la Fundación Ingenio, tomaron esta decisión en un multitudinario encuentro, al que asistieron miles de personas, celebrado hace unos días en Torre Pacheco, tras dos años de vigencia del texto legal, debido a que consideran vulnerados derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

Esta demostración de fuerza del principal sector productivo de la Región tiene otro elemento de fondo igualmente importante: ellos mantienen que el Gobierno autonómico criminaliza a la agricultura y que, además, está siendo utilizada por los dos principales partidos políticos de la región, PP y PSOE, como «coartada» para pasar de puntillas sobre las causas más directas de la degradación de la laguna.

En este sentido, los agricultores mantienen, frente a los estudios esgrimidos por el Gobierno de López Miras, que el factor determinante de la contaminación del Mar Menor y de las eventuales muertes de peces son las aguas fecales urbanas sin tratar, que vierten al Mar Menor directamente procedentes de los pozos ciegos, una red de saneamiento obsoleta y desbordada en épocas del año con mucha presión poblacional y la insuficiente depuración. Ello ha dado lugar a la presencia de la bacteria fecal E.coli en cantidades muy superiores a las recomendadas, insisten desde el colectivo agrícola y la Fundación Ingenio.

Tales vertidos fecales son responsabilidad exclusiva de las Administraciones locales, que, según los agricultores, eluden su responsabilidad culpabilizando en exclusiva a la actividad agrícola. Por esta razón, los productores dicen sentirse “engañados, criminalizados y utilizados” para convertirse en víctimas de una “gran mentira”, dado que la presencia de nitratos agrícolas en la laguna es nula o ínfima, de acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Pese a su profunda “decepción” con un Gobierno regional “que no nos escucha ni nos recibe en serio”, los agricultores se ofrecen a ser una parte activa de la solución. Aseguran que existen iniciativas técnicas que hacen perfectamente compatible el mantenimiento de un Mar Menor saludable con la actividad económica, la agrícola y la turística. En esta línea, no aciertan a entender por qué no se ponen en marcha estos planes, cuya demora condenará a la agricultura, a otros sectores económicos aparejados, como la logística, y al porvenir de millares de familias.

La demanda colectiva no aplica contra la totalidad de la ley regional, sino sobre algunos aspectos que, no obstante, son suficientes para hacer inviable la actividad agrícola, y no solucionarían el problema de la laguna. Se denuncia la vulneración del derecho a la libertad de empresa y de propiedad recogido en la Constitución, ya que la ley ha desnaturalizado y dejado de ser reconocibles y practicables los derechos agrícolas.

Del mismo modo, la demanda también señala que se viola el principio de igualdad. No es constitucional, explica la denuncia, que la agricultura en el Campo de Cartagena esté sujeta a un régimen jurídico que no se aplica en ningún otro lugar. Máxime cuando la normativa europea habla de la necesaria compatibilidad de la agricultura y el medioambiente. Y todo ello sobre la base de que “el poder público, que no soluciona la obligación normativa de compatibilizar agricultura y medio ambiente, busca un culpable al que trasladar las responsabilidades a fin de eludir las suyas propias”.

Los agricultores demandantes aseguran que la ley, positiva en muchos aspectos, es letal para su sector, además por otra serie de razones. Entre ellas, por fijar un régimen sancionador específico que penaliza exclusivamente a la actividad agraria, mientras que no contempla apenas sanciones para el resto de las actividades humanas cuya implicación en la degradación del Mar Menor está demostrada y verificable, dicen, con informes de expertos que difieren de los oficiales.

Los agricultores denuncian que el futuro inmediato del Campo de Cartagena con esta ley es «permitir expropiaciones encubiertas del uso de las tierras y abocarlas a convertirse en campos con placas solares». Y denuncian que está basada en una gran mentira, en un diagnóstico falso que no tiene en cuenta el principal factor contaminante de la laguna, las aguas residuales, como así lo atestiguan expertos internacionales como Jesús Cisneros, doctor en Contaminación Oceánica, que participó virtualmente en el evento.

Los agricultores expresaron su “perplejidad por el maltrato” del Gobierno de López Miras a su sector decisivo para la Región de Murcia. La agricultura es la actividad económica más potente de un territorio que es considerado la “despensa de Europa”.

La iniciativa para sumarse a la demanda sigue abierta, así como la campaña informativa y de asesoramiento a los agricultores, de tal forma que se espera que otros muchos productores se unan a la demanda en las próximas semanas.