Será obligatorio el Plan de Bienestar Animal en las granjas
Según ha publicado la Voz de Galicia, con la finalidad de aplicar en España la normativa de la Unión Europea en lo que concierne a los controles oficiales en materia de bienestar animal, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha redactado un Real Decreto sobre esta cuestión.
El mismo presenta varias modificaciones de la normativa actual y establece algunos aspectos novedosos para la mejora de los mecanismos de control oficial. Entre otras cuestiones, amplía a todas las explotaciones la necesidad de contar con un plan de bienestar animal.
La nueva reglamentación estará en consulta pública hasta el próximo 13 de julio y los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas.
El nuevo real decreto establece la creación de una mesa de coordinación sobre protección de los animales mantenidos con fines agrarios y para la acuicultura. Esta entidad se encargará de poner en común la actividad del ministerio y la de las comunidades autónomas en materia de bienestar y protección de los animales. Por esta razón, entre los vocales, habrá un representante de cada comunidad autónoma (CC.AA.). Además, estas últimas deberán nombrar un punto de contacto, que garantizará el flujo de información sobre el resultado de los controles oficiales en los distintos puntos de la cadena alimentaria, incluyendo los mataderos.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Agricultura nombrará un Centro Nacional de Referencia de bienestar animal, que será el encargado de proporcionar asesoramiento científico y técnico a Agricultura. Hasta que esta decisión se tome, se designa como tal al consorcio liderado por el Instituto de Investigación y tecnología Agroalimentaria (IRTA).
Otra de las novedades de este real decreto es que todas las explotaciones ganaderas de animales vertebrados, tanto terrestres como acuáticos, dispondrán de un plan de bienestar animal, algo a lo que, hasta ahora, solo estaban obligadas las granjas de aves de corral y de porcino en intensivo. Será el veterinario de la explotación el que deba elaborar dicho documento y también asesorar e informar al titular de la granja sobre sus obligaciones.
Este plan solo será obligatorio en determinadas explotaciones, en función de su tamaño. De esta forma, tendrán que contar con él las granjas de bovino con tres animales mayores de doce meses, que dispondrán de un plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto para adaptarlo. Para las de entre 21 y 150 animales el plazo será de tres años, de dos para las que tengan entre 150 y 850 Unidades de Ganado Mayor (UGM) y de uno para las de más de 850 UGM. En ovino y caprino tendrán cuatro años para adaptarse las de más de 30 ovinos mayores de 12 meses, dos años las de entre 3 y 150 UGM, dos las de entre 150 y 850 UGM y uno las de más de 850 UGM. Las granjas de équidos deberán contar con uno si tienen más de cinco animales mayores de 12 meses, las de corzos, ciervos y gamos si tienen más de cuatro mayores de un año y las de porcino en extensivo si cuidan de más de 5 reproductores o de 25 animales de cebo.
Por último, las de especies peleteras y acuícolas que se mantengan con fines agrícolas tendrá entre dos y cuatro años para redactar este plan.
Al mismo tiempo, este documento prevé ampliar la información de la cadena alimentaria para que el servicio veterinario oficial del matadero disponga de todos los datos necesarios sobre los animales y pueda completar la declaración obligatoria en caso de sacrificio de urgencia.
Por otro lado, se mejora la redacción de la normativa sobre los terneros menores de seis meses y se modifican todos los reales decretos sobre protección de animales en las granjas con el fin de adecuarlos a la normativa comunitaria en lo que a los plazos para el envío de los informes con los resultados de los controles se refiere.
Según concluye Agricultura, este Real Decreto forma parte de la respuesta que España está dando a las recomendaciones en materia de bienestar animal que se han formulado desde las instalaciones comunitarias. También, del conjunto de iniciativas legislativas que, en el marco del Plan estratégico nacional de la nueva PAC que entrará en vigor el año próximo, se completarán durante este año.
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