Demanda de 800 millones contra ciertas Industrias Lácteas

Volvemos donde estuvimos; en el año 2019 la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) sancionó con 80,6 millones de euros a ocho empresas: Danone, Lactalis, Nestlé, Central Lechera Asturiana, Pascual, Puleva, Pascual, Schreiber Foods y a dos organizaciones empresariales: la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, por haber pactado los precios.

Ahora, según ha publicado EL ECONOMISTA,  alrededor de siete mil ganaderos se han unido ya para presentar una oleada de demandas por la vía mercantil y reclamar un total de 800 millones de euros en concepto de daños y perjuicios. Se trata del equivalente al 10 por 100 del volumen de las compras durante el periodo 2000 y 2013, siempre según la CNMC se realizaron las prácticas anticompetitivas.

El proceso legal lo está liderando por una empresa de servicios jurídicos que está especializada en demandas colectivas de alto valor y grandes litigios (Eskariam). Esta firma se ha aliado para ello al despacho de abogados norteamericano Hausfeld, líder internacional en reclamaciones de daños por cárteles, y que cuenta además con la colaboración de varios bufetes de abogados locales, que estaban trabajando ya en acciones similares.

Paralelamente, Eskariam ha solicitado los servicios de Compass Lexecon, consultora líder a nivel mundial de expertos económicos especializados en este tipo de reclamaciones de competencia, que es la que ha elaborado el informe pericial. Don David Fernández, consejero delegado de la firma de servicios jurídicos, apunta en este sentido que «gracias a la inteligencia artificial y el uso de algoritmos hemos sido capaces de examinar medio millón de facturas».

Los ganaderos podrán presentar las demandas tanto contra la empresa a la que vendieron la leche como contra cualquiera de las que formaban parte del cártel, al haber sido supuestamente responsables también del cierre del mercado.

De forma paralela, Eskariam se ha personado también en la Audiencia Nacional, donde está llevando a cabo la defensa de una Sociedad Agraria de Transformación (SAT) perjudicada para apoyar las sanciones impuestas por la CNMC y procurar, según dicen, que este tipo de prácticas anticompetitivas en el sector lácteo no se repitan en el futuro.

De momento, los ganaderos cuentan ya con una primera victoria en esta batalla de David contra Goliat. En julio del año pasado, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada dictó la primera sentencia en la batalla abierta contra las empresas condenando a indemnizar a una sociedad agraria de transformación (SAT San Antón, integrada por 17 socios, ganaderos de La Ribera en Navarra) por los acuerdos que llevaron a cabo y que se tradujeron en reducciones a la baja de los precios de compra de leche cruda y en el reparto de proveedores.

Tres de las compañías demandas (Puleva Food, Corporación Alimentaria Peñasanta y Central Lechera de Galicia) han tenido que hacer frente así al pago de un total de 1,8 millones de euros, lo que supuso, no obstante, solo el 14 por 100 de lo que reclamaban los ganaderos. Schreiber Foods, en cambio, fue absuelta. Según dictaminó la CNMC en su resolución hace dos años, las prácticas anticompetitivas llevadas a cabo por los infractores consistieron en intercambiar información, a nivel nacional y regional, sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche.

Siempre según la resolución de la CNMC, «las empresas transformadoras dialogaron e intercambiaron información sobre los precios de compra que ofrecían a sus ganaderos, los que iban a ofrecer en un futuro, la identidad de los ganaderos y los volúmenes adquiridos de éstos, o la identidad de los ganaderos que tenían intención de cambiar de transformador y posibles medidas para evitarlo».

Esta información permitía ajustar su comportamiento y evitar ofrecer mejores precios y condiciones comerciales a los ganaderos, limitando la competencia en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda.

«Como consecuencia de ello los ganaderos, carecían de libertad para fijar el precio de su producto y la empresa a la que suministraban, distorsionando el normal funcionamiento del mercado en beneficio de los transformadores», aseguraba Competencia.

Las comunidades autónomas más afectadas por la acción del cártel son, fundamentalmente, Galicia (57 por 100), Castilla y León (35 por 100) y Asturias (6 por 100).