La huelga de transporte de mercancías que, al parecer, se avecina

Don Miguel Ángel Piqueras García, Director del Grado en Ingeniería en Organización Industrial de la Universidad Internacional de Valencia, ha publicado en la revista Alimentaria, en su versión digital, un interesantísimo artículo, que nos permitimos reproducir en nuestra ÁGORA TRIBUNA.

Dice sí:  Salvo sorpresa de última hora, en España se avecina, a las puertas de Navidad, un parón generalizado en el sector del transporte de mercancías por carretera, convocado por la patronal y anunciado por su órgano encargado de llevar a cabo las negociaciones con el Gobierno, el Comité Nacional del Transporte por Carretera.

La convocatoria anunciada se extendería desde las 24 horas del día 19 de diciembre hasta las 24 horas del 22 de diciembre, y estaría motivada por la falta de acuerdo en torno al paquete de reivindicaciones exigidas, referentes, por un lado, al continuo incremento en los costes asumidos por las empresas de transporte y los trabajadores autónomos (combustibles, ante todo) y por otro, a las precarias condiciones de trabajo que vienen soportando los conductores, las cuales se han deteriorado aún más a raíz de la aparición de la pandemia, que ha puesto a prueba la resistencia de cada uno de los eslabones de la cadena de suministro global.

Concretamente, las protestas se oponen a los incrementos de los costes derivados del aumento del precio de combustible, a lo que se añadiría la inminente puesta a punto del sistema de pago por el uso de autovías y a medio plazo de carreteras convencionales; también se reclama la mejora en aspectos que tienen que ver con el día a día de la actividad de los conductores profesionales, tales como la práctica habitual de llevar a cabo tareas de carga y descarga por parte de los propios conductores, o las deficientes condiciones de seguridad y comodidad existentes en las áreas de servicio y de descanso en carretera.

Ante este panorama, es de esperar que la cadena de suministro del sector agroalimentario, puesta ya a prueba en los meses pasados por las circunstancias excepcionales originadas por la pandemia, que ha demostrado su fortaleza y flexibilidad (desde el sector primario hasta el comercial, pasando por los diferentes procesos de la industria alimentaria y las operaciones de transporte y distribución), tenga un comportamiento similar al que mostró en otros episodios similares no lejanos en el tiempo.

 En efecto, si atendemos a lo acontecido en la huelga de transportes que se prolongó durante cinco días en junio de 2008 (motivada por el alza en los precios de combustible), se constata que los problemas más serios afectaron a las reservas de carburante en gasolineras y al suministro de componentes para la industria de la automoción.

Sin dejar de ser importante la afección a la actividad de la cadena de suministro alimentaria, durante aquellas jornadas los problemas se limitaron a ciertos cuellos de botella en las operaciones de distribución y a puntuales faltas de existencias y subidas de precios de productos frescos en algunos mercados centrales, como consecuencia del bloqueo de la red viaria y de los accesos a esos centros de venta.

En esta ocasión, los representantes de los supermercados piensan que la provisión de productos de alimentación no se verá afectada de manera importante, aunque piden al Gobierno central la toma en consideración del carácter esencial del sector, estableciendo las medidas legales oportunas para garantizar el suministro de alimentos y bebidas.

 Hay que tener en cuenta la singularidad de la cadena de suministro y de la logística alimentaria, especialmente al considerar productos perecederos, sujetos a exigencias estrictas de control y trazabilidad en cuanto a condiciones de calidad, conservación y seguridad alimentaria, junto a una adecuada gestión de la cadena de frío, que el sector ha venido resolviendo con eficacia en los últimos tiempos.

Esperamos, por tanto, que todo discurra con normalidad, dentro de lo que cabe, en las próximas jornadas del 20, 21 y 22 de diciembre, fechas en que la gestión de la cadena alimentaria será puesta a prueba de nuevo, en esta ocasión por motivaciones reivindicativas del todo legítimas y que deberían resolverse en el menor plazo posible, por el bien de la sociedad y la economía española.