La burocracia, el despilfarro de alimentos y la fecha de consumo preferente

Nuestro buen y admirado amigo, don Jorge Jordana, ha publicado este interesantísimo artículo en el boletín de noticias de AGROPOPULAR que, con tanto acierto dirige don César Lumbreras.

Dice así: Siempre cuento que en 1977 visité una fábrica de conservas de pescado y abrieron, en mi honor, una lata de sardinas de 1899; El tiempo había deshecho su forma por la consiguiente proteólisis producida y la tuvimos que comer con cucharilla, pero su sabor era excelente.

¿Tenía sentido tener que poner una fecha de consumo preferente en una lata de conservas del siglo anterior? Ninguno.

Aunque España no se integró en la Unión Europea hasta 1986, la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) se incorporó como miembro asociado de la organización homónima en 1979. Pocos años después y dado que Alemania tenía impuesta la obligación de indicar una fecha de consumo preferente en determinados productos envasados, la burocracia de la Comisión Europea abrió un periodo de consultas para extender o no la obligación a todos los países de la entonces llamada Comunidad Económica Europea; consulta que nos llegó a través de la asociación europea.

En 1983 ya habíamos puesto en España la obligación de indicar en la etiqueta el lote de fabricación, como una forma de marcar la trazabilidad de los productos, por lo que añadir la fecha de duración mínima no representaba una inversión adicional importante y analizamos las ventajas y desventajas del posible mandato europeo. Pronto vimos que iba a complicar la gestión de los suministros, pues, aunque una vez traspasada la fecha eran perfectamente consumibles, ningún consumidor los compraría, lo que obligaría a retirarlos del mercado, encontrándonos con mercancías no vendidas de difícil colocación.

Pero por otra parte muchos consumidores tirarían a la basura la mercancía que tuvieran en casa, dada la escasa comprensión que el consumidor medio había venido mostrando en relación a la completa información que ya se suministraba en las etiquetas. Ello era un despilfarro, pero eran más ventas.

A pesar de este “presunto” beneficio la contestación formal de la industria española fue la de rechazar la obligación pretendida, sin que esa opinión sirviera para nada pues a mediados de los 80 se obligó a que los alimentos envasados (hay algunas excepciones) indicaran la “fecha de caducidad” que indica la fecha a partir de la cual el producto ya no es seguro para la salud del consumidor o la “fecha de consumo preferente” que mide el tiempo durante el que esos productos conservan correctamente sus cualidades sensoriales, pero que pueden seguir consumiéndose por no tener efectos contrarios a nuestra salud.

Como era lógico, los consumidores empezaron a tirar comida perfectamente consumible y las estadísticas dicen que el 50% de los consumidores los tiran una vez traspasada esa fecha y que ello supone el 33% del despilfarro doméstico, que se completa con el 18% de los restos de comidas que se quedan en los platos y el 49% los productos perecederos que se nos estropean en las neveras o en las alacenas.

Que la obligación de marcar esta inútil fecha de “consumo preferente” iba a provocar un despilfarro de alimentos era tan obvia que la propia industria entendió que, de lo que ella podía ser responsable (los alimentos retirados por estar en el fin de su ciclo comercial), había que hacer algo, pues era un atentado humanitario tirarlos al vertedero y la solución buscada fue la creación, en España, del primer Banco de Alimentos, que, a sugerencia de nuestro entonces presidente Federico Riera Marsa, tuve que redactar los estatutos y ponerlo en marcha con el apoyo de la industria y de la distribución comercial.

La FAO ha levantado la voz clamando contra la pérdida de los alimentos producidos, inaceptable en un mundo con un 18% de hambrientos y muchos gobiernos, entre ellos los de los países de la Unión Europea, lo han recogido con énfasis en sus programas. Si realmente quieren luchar contra el despilfarro tienen al menos una medida facilísima, que pueden aprobar en un día; supriman la obligación de indicar la fecha de consumo preferente y sólo exijan la fecha de envasado.

No sé si a mi edad lograré verlo.