Contra la futura consideración del lobo como especie no cinegética
Está sucediendo exactamente lo que era previsible que pasara. En una cumbre online conjunta, las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA), y los consejeros de agricultura, ganadería y medio ambiente de diez comunidades autónomas (Asturias, Castilla León, Cantabria, Galicia, Aragón, Andalucía, Comunidad de Madrid, Murcia, País Vasco y ciudad autónoma de Ceuta), han impulsado una iniciativa para reclamar al ministerio de Transición Ecológica que retire el procedimiento de aprobación de la orden por la que se pretende incluir al lobo en el listado de especies no cinegéticas.
En este contexto, los gobiernos autonómicos y organizaciones agrarias citadas piden a la ministra, doña Teresa Ribera, la apertura de un proceso de diálogo y consenso con todos los actores implicados, con el objetivo de negociar un plan global de gestión del lobo ibérico que garantice su preservación y el futuro de la ganadería extensiva.
UPA, COAG y Asaja han calificado como «muy positivo» el encuentro, al tiempo que han señalado «la importancia de la unidad del sector y las administraciones regionales» para defender la «imprescindible labor de la ganadería extensiva para el desarrollo económico y social del medio rural, la gestión del territorio y el mantenimiento de la biodiversidad».
Y es que, como recuerdan las propias organizaciones, la inclusión del lobo en el listado de protección especial supone, en la práctica, dejar de gestionar y controlar al lobo al norte del Duero. No hay que olvidar, dicen, que es «un depredador que causa pérdidas constatadas de más de 6 millones de euros al año a los ganaderos en España y devora más de 10.500 cabezas de ganado, fundamentalmente en Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León y Madrid».
Se calcula que en España hay unos 3.000 lobos, una cifra muy superior a de ostros Estados de la Unión y de Europa como Francia, Alemania, Suiza, Noruega o Suecia. Unas cifras que en todo caso son estimaciones, pues el censo está pendiente de actualizar desde el año 2012. A pesar de ello, como es sabido, el Gobierno pretende incrementar aún más esa cifra, lo que aumentaría, sin ninguna duda, la presión sobre los ganaderos hasta llegar a hacerla insostenible.
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