ASAJA, COAG y UPA, contra la orden que pretende declarar al lobo especie protegida

Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA acudirán hoy, martes, 23 de febrero, a la reunión con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

A esta importante reunión llevan una petición innegociable: la retirada inmediata de la Orden Ministerial de Transición Ecológica por la que se incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y deja de ser especie cinegética en toda España. A partir de ahí, las organizaciones agrarias muestran su total disposición para trabajar conjuntamente con el ministerio en aquellas medidas que permitan la coexistencia de la actividad ganadera y la fauna silvestre.

ASAJA, COAG Y UPA defienden la postura de que la Orden Ministerial que Transición Ecológica lo que pretende poner en marcha es de todo punto inaceptable y carece de la necesaria legitimidad para salir delante. No hay más que recordar las circunstancias en las que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad decidió prohibir el control de la especie, en una votación muy cuestionada, que tuvo que ser repetida y, además como se ha puesto de manifiesto en varias oportunidades, con los votos en contra de las Comunidades Autónomas donde el lobo tiene su principal implantación.

La citada Orden, que ha sido elaborada por el ministerio que preside doña Teresa Ribera, se basa en un censo de población de lobos de 2012-2014, que no refleja en absoluto la situación actual y en el llamado informe ASCEL, realizado por la Asociación para la Conservación del Lobo.

El mismo ignora criterios científicos y objetivos y carece del necesario consenso de las partes afectadas (Comunidad Autónomas donde se localiza el lobo y el propio sector ganadero, víctima de los ataques). Paralelamente conviene recordar que, a fecha de hoy, esta orden ni siquiera cuenta con el plácet de todas las organizaciones ecologistas y conservacionistas.

En opinión de las mencionadas Organizaciones Agrarias la única forma posible, para solucionar este disparate normativo, se debe basar en que el ministerio retire la polémica orden y, paralelamente se elabore un Plan de Actuación Global sobre el Lobo. Este Plan debe incluir un diagnostico real y certero de la situación actual del lobo y la ganadería; las medidas de gestión a adoptar y el control de la especie; también medidas de prevención de los ataques y un programa de indemnizaciones para los ganaderos que en ningún caso deben sufragarse ni con las ayudas de la PAC, vía eco esquemas, ni con los seguros agrarios que suscriben los productores.

Según los datos de que disponen las organizaciones agrarias, el lobo, lejos de estar en peligro de extinción, se encuentra en una clara fase expansiva, aumentando significativamente el número de animales y manadas cada año y extendiéndose a territorios donde hasta ahora no tenía presencia. Por esta razón los ataques a la ganadería se han incrementado exponencialmente pasando de los más de 10.000 ataques de lobos registrados en el año 2019 a cerca de 15.000 en el año 2020, generando unas pérdidas directas estimadas que superan los 5,5 millones de euros.