Castilla La Mancha: los veterinarios y el Bienestar Animal (BA)

La nueva Ley 7/2020, de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha, que entrará en vigor en marzo de 2021, reconoce la figura del veterinario como el único profesional que cumple con los conocimientos y experiencia necesaria para establecer las condiciones adecuadas de bienestar animal.

Según ha manifestado doña Sonia Gutiérrez, jefa de Sección Socio – laboral del Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo, evitará una parte del intrusismo “en muchas de las materias y facetas que desarrollamos los veterinarios y que, con relación al bienestar animal, se ha recrudecido en las últimas décadas con aquellos que aseguran conocer las mejores condiciones para los animales sin saber siquiera la etología de los animales ni la terminología de la ciencia en cuestión”.

Según doña Sonia, “solo asegurando la sanidad y el bienestar animal se puede garantizar el de las personas”, que subraya que “es la profesión veterinaria la que debe liderar, por su conocimiento en la materia, y siempre bajo el concepto One Health, una sola salud, las acciones dirigidas a mejorar el bienestar, así como concienciar sobre su importancia y sus fundamentos éticos y científicos”.

Paralelamente la nueva Ley establece el conocido como ‘sacrificio cero’ en los centros de acogida, de mantenimiento y de fomento de animales. Esta figura conlleva el hecho de que exclusivamente se permite en ellos el sacrificio de animales por razones sanitarias, de seguridad del personal y de los animales o por estar afectados de una  enfermedad zoonósica sin tratamiento ni aislamiento, posibles.

En cuanto al apartado referente a animales abandonados y perdidos, continúa siendo competencia de las administraciones locales la recogida y acogida de estos animales, pero se exige una mayor responsabilidad por parte de los ayuntamientos, que estarán obligados a realizar un estudio con habitantes, censo de animales de compañía y domésticos y número de animales recogidos en los últimos tres años. Además, el personal que trabaje en los ayuntamientos o en las concesiones realizadas para esta actividad deberá estar habilitado con el certificado correspondiente de competencia.

 

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