La necesaria modificación del Decreto Ley de la Cadena Alimentaria
Dado su interés general y su actualidad, traemos a esta tribuna el artículo escrito por doña Milagros Marcos, portavoz del PP en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados y publicado en el Boletín de Noticias de AGROPOPULAR.
Dice así: «A estas alturas ya nadie duda de que el sector agrario y agroalimentario es absolutamente estratégico. Contribuyó a salir de la crisis a la que nos llevaron las políticas socialistas entre 20018 y 2011 y están dando una lección de apoyo y profesionalidad en la actual crisis de la Covid-19.
Todos recordamos que al inicio de esta pandemia la situación por la que atravesaban agricultores y ganaderos, y sigue atravesando el sector primario era tan crítica que les llevó a sacar los tractores a la calle y cada día escuchábamos sus manifestaciones en una o varias provincias de España.
Dos años de inactividad del Ministerio responsable llevaron a una pérdida de rentabilidad superior al 8%, a ello se habían unido decisiones del Gobierno de España que suponían subidas de los costes de producción por encima de los beneficios obtenidos con las ventas (energía, Salario Mínimo Interprofesional) o que generaban problemas en la salida a los mercados, como la subida de aranceles o la falta de valoración del impacto de los nuevos acuerdos comerciales y la apertura a terceros países. A esta ya crítica situación se ha unido ahora la pérdida de ventas por el cierre del canal de hostelería con motivo de Covid-19 en algunos productos y las nuevas estrategias europeas con planteamientos cada vez más exigentes en la producción.
La lógica dice que para solucionar un problema de viabilidad económica hay dos soluciones o ganar más o gastar menos, así de sencillo, por eso los planteamientos delas Organizaciones Profesionales Agrarias mantenían esa línea. Sin embargo, la respuesta del Gobierno a esta suma de problemas no fueron medidas de choque para aliviar la carga, apoyar la reducción de costes o mejorar los beneficios, como hubiera sido razonable. Sino un Real Decreto Ley, sin presupuesto, que dice venir a resolver problemas estructurales e históricos del sector primario. Tan estructurales y tan históricos que ya en su comparecencia en el Congreso de los Diputados en julio de 2018, el Ministro de Agricultura anunciaba que resolverlos iba a ser su principal tarea, sin que, a pesar de haber mediado dos años, hayamos visto solución alguna.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que hace más de un año la UE aprobó una Directiva precisamente para avanzar en estos problemas relacionados con la rentabilidad y el equilibrio de la cadena de valor, en la que tampoco el Ministerio había tenido tiempo de avanzar, mientras países competidores como Francia lleva meses aplicándola.
Teniendo en cuenta que ninguna de las partes afectadas (OPAS, Industria, Distribución) considera la norma presentada por el Gobierno como solución, que se la calificó de insuficiente, imprecisa, farragosa y prácticamente imposible de aplicar, todos los grupos políticos, incluidos los partidos de gobierno, votamos su tramitación como proyecto de Ley con el ánimo de mejorarla y aportar soluciones.
Tras escuchar y consultar a todos los afectados, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado un paquete de 39 enmiendas que pretenden resolver los problemas actuales y minimizar el impacto de los que puedan surgir en el futuro.
Enmiendas que en estos momentos empiezan su tramitación en el Congreso de los Diputados y que contienen tres bloques de medidas:
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Plan de choque para Gestión de Crisis y Estabilización de Rentas
Siendo este RDL la solución planteada por el Gobierno de España para dar respuesta a la crisis que provocó las manifestaciones, parece lógico que las medidas para resolver esta crisis se contemplen en este documento, por ello se han incorporado medidas vinculadas a reducir costes, como la facturación eléctrica de doble tarifa para no pagar doce meses lo máximo cuando solo se utiliza tres.
Medidas para dar estabilidad, como un Plan de seguros agrarios para conseguir reducir las primas y ajustar los rendimientos a la realidad actual. O de inversiones en Regadíos para mejorar la rentabilidad de las explotaciones y limitar la dependencia de un elemento cada vez más escaso como es el agua.
Igualmente hay medidas para dar viabilidad a las explotaciones con la suficiencia de fondos de la Política Agraria comunitaria teniendo en cuenta que hay una propuesta de recorte de más del 9% y nuevos requerimientos ambientales que cumplir y propuestas para mejorar las ventas mediante negociación de aranceles, y la evaluación del impacto de los acuerdos comerciales en las importaciones de productos agroalimentarios.
Del mismo modo se recogen propuestas que mejoran la participación e información de todos los miembros de la cadena alimentaria en decisiones, tanto agrarias como no agrarias, pero que afectan directamente a la viabilidad del sector agroalimentario para evitar que los problemas lleguen de otros Ministerios sin explicación y sin que pueda haber capacidad de reacción, pensando claramente en medidas como la eliminación del uso del gasóleo, o el SMI que aun no siendo cuestión específicamente agraria, impacta decididamente y de hecho fue la gota que colmó el vaso.
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Medidas para equilibrar la cadena de valor, evitar la venta a perdidas y la banalización de los productos
En segundo lugar, se propone un bloque de enmiendas que pretenden dar claridad en la relaciones entre los agentes de la cadena de valor. Hay que recordar que esta Ley cuando el Partido Popular la puso en marcha en el año 2013 fue pionera en Europa y que después de siete años de vigencia y cambios normativos en el orden europeo tienen posibilidades de mejora. Ahora bien, lo razonable es que lo que se apruebe realmente mejore la regulación actual, resuelva los problemas y no complique más la vida de quienes tienen que aplicarla.
Hay dos claves en esta nueva regulación, dos grandes cuestiones que lejos de resolver agudiza la actual ley: los costes de producción y la venta a pérdidas.
Los costes de producción son muy variables y ni se conocen, ni hay criterios que permitan elaborarlos de forma homogénea, por ello planteamos que sea el Ministerio, en un plazo razonable, el que elabore los criterios para poder configurar los costes de producción que luego se deberán utilizar como elemento clave en el precio del contrato.
Una vez conocidos estos costes, el precio del contrato agrario deberá cubrirlos, pero sin perjudicar al agricultor tal y como ocurre en estos momentos. Para ello proponemos que el precio se conforme en cuantía fija y variable, teniendo en cuenta la variabilidad de los costes de producción y de los mercados. De este modo se cubre el coste de producción sin que el agricultor o ganadero se vea condenado a perder beneficios por tener que justificar exclusivamente ese coste de producción y prescindir siempre de posibles beneficios
En segundo lugar, se clarifica el concepto de venta a perdidas en todos los eslabones de la cadena de valor, llegando hasta el consumidor final. Con el actual proyecto de ley, el Ministerio ha trasladado a los productores la idea de que se prohíbe la “venta con pérdidas”, lo cual no es cierto, ya que lo que se hace es crear una nueva y hasta ahora desconocida figura de “compra con pérdidas”. De hecho se obliga a los operadores a comprar, con independencia de la situación de los mercados y de las posiciones de la oferta y la demanda, a un precio mínimo que vendrá fijado por los costes de producción que establezca el vendedor, pero, sin ninguna incidencia sobre la venta final al consumidor que es, precisamente, donde se vienen produciendo las situaciones que denuncian las organizaciones agrarias, ya que está regulada por la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista.
Se propone nuevo articulado también para las posibles promociones que puedan banalizar los productos alimentarios, pero asegurando que se recoja la producción incluso en momentos de excedentes. No parece normal que comprando dos paquetes de detergente te regalen un queso o una botella de aceite. Para evitarlo se plantea igualmente modificar la norma donde esto está regulado, la Ley de Comercio Minorista, ya que de otro modo habrá dos regulaciones y precisamente la que ha anunciado que lo prohíbe, la ley de la cadena alimentaria, no tiene competencia para ello.
Para el seguimiento y correcta aplicación se platea reforzar los controles incrementando la capacidad de la AICA y se establece la publicidad de las sanciones, incluso como una sanción en sí misma.
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Defensa de la imagen del sector frente a los ataques del Gobierno
Finalmente, y no menos importante viendo la deriva que está adoptando este Gobierno, se propone eliminar toda referencia despectiva que denigra al sector primario y que incluso le tacha de insalubre, incumplidor de los más elementales niveles de salud y seguridad, falto de vigilancia, riesgo de acoso. Una multitud de connotaciones despectivas, propias de quien nunca se ha acercado a una explotación que de quien debe defenderlas. Especialmente grave que esto figure escrito en un RDL, pero más aún que desde el momento en que se aprobó, en el mes de febrero, se hayan sucedido las manifestaciones en contra del sector primario español.
Desde el GPP queremos denunciar la actitud del Gobierno al acusar de esclavismo a agricultores y ganaderos enviando a Inspectores de Trabajo a determinar si hay esclavos trabajando. Queremos alertar sobre el riesgo reputacional que esto supone para un país que es el octavo exportador de alimentos de mundo, para un sector al que el PSOE ha olvidado durante dos años y sigue esperado que el gobierno busque soluciones, como ya han hecho otros países, a la falta de mano de obra para recoger las cosechas en lugar de denigrarle para ocultar su propia incapacidad».
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