¿Explotación laboral o esclavitud en el agro español?

En los últimos meses, hay veces en que uno no sabe si echarse a reír o a llorar en razón de ciertas “geniales y sorprendentes ideas” que emanan de alguno de los 22 Ministerios que conforman el actual Gobierno de España o del mismísimo Consejo de Ministros, conformado por 23 miembros, con cuatro vicepresidencias y 18 ministros.

En este caso, que nadie se alarme, no ha sido protagonista el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ni el Consejo de Ministros. En este caso, el protagonismo ha recaído en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este Ministerio es el que tiene las competencias en empleo, economía social y responsabilidad social de las empresas y su titular es doña Yolanda Díaz Pérez, licenciada en Derecho. 

Realmente, no sé cuál es la imagen que le han transmitido o tiene la mencionada señora Ministra acerca de la realidad laboral general y actual en “nuestro campo” y de la gestión de nuestros empresarios agrarios (aceptando de entrada que, como en todo colectivo, puede haber algún impresentable que, obviamente, debe ser detectado y castigado con la máxima severidad de acuerdo con la legislación vigente). Pero, en base a mi experiencia personal, desgraciadamente de muchos años, me atrevo a afirmar que, en la actualidad del año 2020, la gran inmensa mayoría de nuestros empresarios agrarios (agrícolas y ganaderos) son profesionales cabales; es decir, honrados, honestos y justos.

No deben pensar así desde el mencionado Ministerio cuando desde el mismo se ha cursado una orden a todas las jefaturas provinciales para llevar a cabo una campaña específica en el campo con el objetivo de detectar en él posibles casos de “explotación laboral” e incluso de “esclavitud” (tal y como suena) generadas por parte de nuestros empresarios agrícolas.

Y curiosamente esta campaña se orquesta después de semanas de masivas y, para mí, lógicas protestas, a lo largo y ancho de España, de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos hartos de ver minusvalorado, social y económicamente, su trabajo cotidiano; pero, también después de que estos mismos ganaderos y agricultores no hayan dejado de trabajar ni un solo día y sigan trabajando en plena pandemia y de colaborar, activa y solidariamente, con los vecinos de sus pueblos en todo tipo de labores necesarias (desinfección, transporte, aporte de alimentos, etc. etc.).

Los inspectores, entiendo, por lo que me dicen, son los primeros sorprendidos ante la mencionada orden. Ellos deberán rellenar, entre los meses de mayo y junio un complejo cuestionario conformado por nueve páginas y seis bloques con un sinfín de preguntas directas a los trabajadores del medio rural.

¡Atención! Se les va a interrogar, entre otras muchas cuestiones, acerca de si son objeto de violencia física (presentado lesiones o magulladuras) y/o verbal (con muestras de ansiedad o de confusión mental), de restricciones a su libertad de movimientos, de limitaciones a las comunicaciones con su entorno, etc. etc. etc.

Por otra parte, y esto sí me parece positivo (todo en la vida tiene su cara y su cruz), las mencionadas inspecciones pienso que permitirán comprobar, sobre el terreno, si en las explotaciones agrarias se cumplen las medidas relativas a la seguridad laboral, especialmente las establecidas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio y la propagación por el coronavirus y también qué medidas se adoptarían en caso de que algún trabajador diera positivo para la COVID-19 o si, en su caso, se ponen a su disposición los Equipos de Protección Individual (EPI). Pero, pregunto ¿hay hoy suficiente disponibilidad de los mismos en el medio rural?

No discuto que la intención del Ministerio haya sido buena y que lo que se pretenda sea garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores agrarios y “salvaguardar” su dignidad, frente a posibles malas gestiones de sus empleadores pero, en mi opinión, citando al sabio refranero español: “para este viaje, hoy y concretamente por el campo español, no hacen falta estas alforjas”. 

En “nuestro mundo”, como lo comentaba este pasado fin de semana con unos colegas (por vídeo – charla, por supuesto) nos conocemos todos y sabemos bien, en cada uno de nuestros pueblos, sin necesidad de rebuscados cuestionarios, quién es quién y de qué pie cojea. 

Miren: apoyen, sin fisuras y sin tejemanejes políticos, a la Autoridad (con mayúsculas) y apliquen la ley; así, si lo hubiere, problema solucionado.

Carlos Buxadé Carbó.
Catedrático de Producción Animal.
Profesor Emérito.
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Alfonso X el Sabio