Propuesta para reducir la producción de leche de cabra

 

Tal y como se ha publicado en Agrodigitalla Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha propuesto que España reduzca en un 10 por 100 su producción de leche de cabra. La Unión es de la opinión de que se trata de una medida “imprescindible” para evitar caídas de los precios que ahondarían la crisis que arrastra este sector lácteo.

Paralelamente, UPA ha planteado que las Administraciones aporten una ayuda a los ganaderos para abordar esta reducción de producción para que no haya una saturación de producto en el mercado. La organización de ganaderos atribuye esta situación en el mercado a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 que ha comportado el cierre de muchos canales habituales de venta, como es el caso de mercadillos y pequeñas tiendas, y el cese de la actividad de la restauración.

La reducción de producción sería una medida excepcional que consistiría en reducir la producción de forma temporal un 10 por 100 en unas fechas clave como los meses venideros. UPA considera esta opción como la más válida para suavizar la producción de leche. La medida sería aplicable a los sectores caprino y ovino. 

De este modo, el ganadero podría cubrir los costes alimenticios y el resto de costes directos que tiene que seguir asumiendo a pesar de ver reducidos drásticamente sus ingresos por la situación actual de excepcionalidad.

Según UPA “el precio de retirada de esa reducción voluntaria del 10 por 100 debe pagarse a precios de mercado”. “Esta medida no debe aplicarse en caso de existir un contrato a precio justo para 2020 y que la industria lo esté respetando”.

Esta actuación que UPA demanda al Gobierno tiene precedentes en otros países como Francia, donde la interprofesional de productos lácteos ha incentivado con una dotación de millones de euros la opción de que los ganaderos puedan reducir, de forma voluntaria, su producción en comparación con el volumen de los mismos meses del año 2019. 

El objetivo de esta medida es constituir un fondo que garantice a los ganaderos unos precios para la supervivencia de sus explotaciones. Y tiene precedentes también en España en una crisis anterior en 2015 donde también se incentivaron este tipo de medidas.

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