El sector agrario sale a las calles

Todo parece indicar que el vaso de la paciencia se ha colmado. La semana pasada el sector agrario protestó durante varios días y en varias regiones de España promoviendo cortes de caminos y carreteras generando manifestaciones en distintas ciudades, en una movilización en la que han participado miles de agricultores que piden fundamentalmente rentabilidad para el campo.

La realidad es que nuestros agricultores y nuestros ganaderos han empezado el año en fase reivindicativa; Entre la semana pasada y la actual hay 21 movilizaciones, tractoradas incluidas, convocadas en todo el país.

Ahora sectores muy diferentes se unen, marcan un decálogo de peticiones y lanzan un mensaje al unísono: la situación en el campo es insostenible. Fuentes cercanas a las protestas aducen que hay un nuevo gobierno, que hay un gran malestar en el campo y, consecuentemente, la agenda política debería de tener muy en cuenta las reivindicaciones del sector.

Cierto es, que las imágenes difundidas de las cargas policiales en Don Benito (Badajoz) han elevado el alcance de sus reivindicaciones, si bien la principal queja es muy antigua (los precios que les que pagan por los productos en el campo no les dan para vivir) y entre los manifestantes hay muchas ramas: desde olivareros a apicultores pasando por productores de fruta.

Desde la UPA han asegurado que las movilizaciones no tienen que ver con el recién formado Gobierno, «si bien, evidentemente, tener ya un interlocutor claro ha podido animar a ello».

Los problemas, añaden, llevan tiempo fraguándose y son varias las gotas que han colmado el vaso: la caída de los precios de la fruta y el aceite esta campaña, los aranceles estadounidenses a productos como el aceite, las aceitunas o el queso, los anuncios de recortes de la Unión Europea para la PAC y , sobre todo, como alega la UPA «la falta de un cambio de comportamiento de la gran distribución, que sigue usando los productos alimentarios como reclamo, hundiendo los precios un día, sí, y otro día, también».

Como es bien sabido, las quejas contra la gran distribución son recurrentes y habituales en el sector. Aunque en este momento concreto el gran perjudicado es el aceite (cuyos precios en origen han caído un 47 por 100 en dos años, según datos del Ministerio de Agricultura) es extraña la semana que no hay queja de los agricultores por alguna campaña de algún supermercado. Una reciente protesta tuvo como motivo el enfado con los supermercados de la cadena Lidl por promocionar el «preciobajismo» usando como reclamo concreto el aceite de oliva y los kiwis de origen español.

Sin duda la clave está en un cambio legal de hace dos años. Hasta entonces, la venta a pérdidas estaba prohibida en España por la Ley del Comercio Minorista y se demostraba aportando facturas. A partir del año 2018, a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la venta a pérdidas española tuvo que ajustarse a la norma europea y ahora debe ser considerada como «venta desleal» para ser sancionable. Las competencias están transferidas, así que la AICA lo único que hace es derivar las denuncias a las autonomías.

Fijar un precio mínimo por debajo del cual no se pueda vender, como también las asociaciones agrícolas sugieren, a veces, no es actualmente posible. El propio Ministro de Agricultura, don Luis Planas, ya declaró en su momento que «la fijación de un precio mínimo no está autorizada ni por la Constitución ni por la Unión Europea. Podemos tratar de intervenir y regular dentro de las normas de competencia, pero tenemos límites legales».

Además de los bajos precios en origen y las «prácticas comerciales abusivas», el gran caballo de batalla de los productores está en el incremento de sus costes de producción con lo que la realidad generadora del descontento en el campo es de una gran complejidad y realmente difícil de resolver a corto plazo.

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